VALÈNCIA (EFECOM). Fedea ha cuestionado algunos de los aspectos de la reforma del subsidio de desempleo recientemente aprobada por el Gobierno y ha planteado la necesidad de articular un sistema "más coherente", con una prestación contributiva más elevada pero limitada a 12 meses, a lo que seguirían 18 meses de subsidio.

En un artículo del investigador de Fedea Miguel Ángel García publicado este martes, se señala que en la reforma se aprecian "avances" en los incentivos a la búsqueda y aceptación de empleo por las personas que perciben este subsidio, entre los que destaca que la ayuda sea compatible con la incorporación a un empleo durante los primeros 180 días.

El Gobierno aprobó la semana pasada cambios en este subsidio, que se pasa a recibir cuando se agota la prestación contributiva, que se eleva a 570 euros los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes desde los 480 euros vigentes y será compatible con trabajar.

Para Fedea, la norma ha priorizado el refuerzo de la protección (ampliando las ayudas a menores de 45 años y trabajadores agrarios) sin tener en cuenta el conjunto de prestaciones existentes dirigidas a las personas en situación de desempleo de larga duración, distribuidas entre diferentes organismos y administraciones públicas.

La decisión adoptada, calculan, implica que cada 100.000 nuevos beneficiarios aumentan el gasto en 612 millones de euros. Asimismo apuntan que la reforma debería haberse aprovechado para articular "un sistema más coherente" de prestaciones por desempleo y ayudas asistenciales.

Una posibilidad, explican, sería incrementar la cuantía de la prestación económica contributiva, limitada a 12 meses, a la que seguiría un subsidio por desempleo durante un periodo máximo de 18 meses y, finalmente, el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Todas las prestaciones económicas, recomiendan, deberían ser compatibles con el trabajo, articulándose como un porcentaje adicional al salario que se reduciría progresivamente en el tiempo. En paralelo, concluyen, resulta imprescindible trabajar en la mejora de las políticas activas de empleo y de los servicios públicos de empleo.

La mejora del desempeño en este último ámbito, añaden, "no requiere cambios normativos sino nuevos planteamientos y una mejor organización de los servicios públicos de empleo".