ALICANTE. El grupo municipal de Esquerra Unida Podem en el Ayuntamiento de Alicante fija sus condiciones definitivas para poder alcanzar un acuerdo con el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), que permita allanar el incremento de la tasa de la basura para equiparar la recaudación al coste real del servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos. Esas condiciones quedan plasmadas en un documento (que puede consultarse en este enlace) que se ha trasladado este mismo jueves a la Concejalía de Hacienda -el departamento responsable de impulsar la revisión de la ordenanza fiscal- con un mensaje claro: o se acepta la totalidad de los puntos registrados o no habrá ninguna posibilidad de entendimiento. 

Además, la confluencia que lidera Manolo Copé como portavoz municipal solo estaría dispuesta a decantarse por una abstención (no por un voto favorable) en el supuesto de que el PP acabase aceptando todas y cada una de sus peticiones irrenunciables (ya consensuadas por las direcciones de las tres patas de la coalición: Esquerra Unida, Podemos y ERPV), ya que se sostiene que la propuesta de revisión de la tasa no es la que promovería la formación en el caso de ser partido de gobierno. 

¿Qué medidas se incluyen entre las condiciones reclamadas por Esquerra Unida Podem? Algunas ya se habían anticipado durante el desarrollo de la negociación, como la aplicación de criterios que favorezcan una mayor progresividad fiscal en función de la renta, o como la incorporación de determinadas inversiones en los presupuestos municipales de 2025. Entre ellas, la dotación de 8 millones para la promoción de vivienda pública a través del Patronato, otro 1,5 millones para mejoras de centros educativos (que se incrementarían en la misma cantidad en 2026), otros 1,5 millones más para el presupuesto de Cultura, o la provisión de fondos para construir aparcamientos disuasorios con el fin de favorecer el uso del transporte público. 

Pero, además, se incluyen otras medidas de contenido político que, de algún modo, vendrían a contrarrestar algunas de las iniciativas que el PP habría concertado con el grupo municipal de Vox tanto en este mandato como en el precedente. En esa relación de peticiones figura, por ejemplo, la retirada de los artículos de la ordenanza de convivencia cívica anulados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que la confluencia considera más lesivos (los que propician la imposición de multas sobre la mendicidad y el ejercicio de la prostitución en la calle) o el rechazo a la creación de la oficina de apoyo a la maternidad y de asesoramiento frente a la okupación de viviendas pactada con Vox en el acuerdo presupuestario firmado el pasado enero. No obstante, ahora el listado se concreta con otras peticiones que afectan a la regulación de la fiscalidad municipal y otras de contenido político.

De este modo, la coalición solicita en primer lugar "la exención de la tasa a las personas y las unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social". En segundo término, demanda la "reducción de la tasa al añadir los ingresos derivados la responsabilidad ampliada del productor, la venta de materiales y energía, las devoluciones del impuesto al vertido y cualquier otra bonificación aplicada al buen funcionamiento de nuestros residuos". Como tercera exigencia, pide que se establezca "la reducción de la tasa a aquellas viviendas de menor valor catastral, con una tasa más progresiva y equitativa". En cuarto lugar, solicita "exigir al comercio un pago más equitativo en función de los metros y su uso (no alimentario, alimentario y/o mixto)". Y en quinto término, que se aplique "un incremento de la tasa a viviendas y bloques turísticos".

Esquerra Unida Podem señala que, en el trámite de presentación de enmiendas, presentaron hasta 19 propuestas "que pretendían mejorar una medida con la que no estábamos de acuerdo" y que, después, habrían quedado desestimadas en el informe de resolución elaborado por los técnicos, que todavía no se habría votado en comisión informativa, ante la intención del PP de alcanzar acuerdos con alguno de los grupos que ejercen funciones de oposición. No obstante, la confluencia considera que la contrapropuesta presentada por el PP en las conversaciones entabladas desde entonces "ha resultado ser profundamente decepcionante, pues no abordaba los puntos clave que planteamos".

En esta línea, consideran que "tan sólo proponen una modificación en los tramos de la tasa de recogida de basuras, manteniendo una filosofía puramente recaudatoria, con un aumento desmedido de los impuestos que recaen sobre los ciudadanos, sin consideración por los sectores más vulnerables". "La tasa sigue sin diferenciar entre grandes empresas y familias de barrios desfavorecidos, lo que genera una carga injusta y desproporcionada sobre quienes menos tienen. Tampoco prevé bonificaciones más allá del uso del quinto contenedor y en un porcentaje que, como máximo, llegaría al 20%, cuando otras ciudades contemplan bonificaciones con hasta un 50% para las familias que certifiquen situación de vulnerabilidad, para las familias numerosas y para los pensionistas", detalla la coalición, a través de un comunicado.

Medidas políticas

Al margen de ello, Esquerra Unida Podem alude al resto de condiciones no relacionadas estrictamente con la regulación de la tasa. "Además de las mencionadas enmiendas, en este momento del diálogo, hemos propuesto al PP una serie de medidas en materia de transporte, de vivienda, de servicios sociales, sobre el mantenimiento de los centros educativos y de los centros culturales, así como en materia de cooperación internacional que afectarían al presupuesto de 2025 y que se acordarían por escrito. También exigimos que el acuerdo contemple la retirada de las ayudas públicas a actividades que implican maltrato animal y la imprescindible derogación de la ordenanza de convivencia cívica", detalla.