VALÈNCIA(EP) Madrid, Andalucía y Comunitat Valenciana son las comunidades autónomas que más menores migrantes tendrían que acoger tras el acuerdo entre el Gobierno y Junts que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería.
En este sentido, según cálculos provisionales confirmados a Europa Press por fuentes gubernamentales, las regiones que más menores tendrán que recibir serán la Comunidad de Madrid (806), Andalucía (795) y Comunitat Valenciana (478). Mientras que Cataluña (27), Melilla (34), Baleares (59) y País Vasco (88), serán las que menos niños y adolescentes acojan debido al "esfuerzo previo" que han realizado.
Estos datos son proyecciones con las que ha trabajado hasta ahora el Gobierno pero no son los definitivos, puesto que las comunidades autónomas tienen hasta el 31 de marzo para aportar el número de menores migrantes que tienen en acogida en la actualidad al objeto de calcular su capacidad de acogida.
Estas proyecciones responden a unos criterios que abordan la situación de cada territorio en términos económicos, poblacionales, de empleo y el esfuerzo realizado anteriormente en la acogida de menores migrantes.
Según estos cálculos provisionales, a Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana le siguen en el número de migrantes que tendrán que acoger Galicia, con 326; Castilla y León, con 309; Castilla-La Mancha, 291; Murcia, con 190; Aragón, con 186; Cantabria, con 170; Extremadura, con 169; Navarra, con 164; La Rioja, con 154; Asturias, con 151; Euskadi, con 87; Baleares, con 58; Melilla, con 34; y Cataluña, con 26.
En este sentido, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha avisado este miércoles en declaraciones a medios en el Congreso de que si las comunidades no aportan sus datos de acogida de estos niños, el Gobierno aplicará los criterios que tienen "con carácter anterior". "Nos fiaremos de los criterios que tenemos garantizados o que nos han facilitado a finales del 2023", ha precisado Rego, que va a remitir este mismo miércoles la comunicación reclamando la información a las comunidades autónomas.
