MADRID (EP). El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación que busca eliminar los anuncios de pisos en alquiler en zonas declaradas tensionadas que infrinjan la normativa vigente de consumo.

Los anuncios perseguidos en grandes portales inmobiliarios serán los que ofrezcan pisos en alquiler a precios superiores a los fijados por ley para los grandes tenedores o los que no incluyan, en el caso de los particulares, cuál era el precio del último contrato de arrendamiento que se ofreció, según ha explicado este viernes el ministro de ramo, Pablo Bustinduy.

Si no se eliminan, habrá sanciones

Estos anuncios, según ha apuntado el ministro, podrían ser considerados infracciones de la normativa de consumo por "prácticas desleales por engañosas" y, por tanto, acarrear sanciones que podrían ser, incluso, de 4 a 6 veces el beneficio ilícito obtenido, según ha indicado Bustinduy en una rueda de prensa.

Aunque no ha dado detalles de la investigación, sí ha indicado que se extiende a los grandes portales inmobiliarios y que mantiene una comunicación con los grandes actores del mercado.

Ya antes de que entrara en vigor -el 27 de diciembre de 2025- la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, desde el Ministerio se pusieron en contacto de manera proactiva con inmobiliarias y grandes portales para informarles.

La Ley de Servicios de Atención a la Clientela obliga a los portales inmobiliarios a publicar en los anuncios de internet de viviendas situadas en zonas tensionadas información que permita al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar la renta ofertada conforme a esa normativa.

Entre ellos se encuentra el precio del último contrato de alquiler que se ofreció en la vivienda o el índice de renta aplicable para los grandes tenedores.

"Quien se lucre sorteando la ley lo va a pagar caro"

El ministro ha recalcado que, quien busque lucrarse sorteando la ley a costa de los consumidores y de los ciudadanos, "lo va a pagar caro"; y ha destacado que van a hacer todo lo que sea necesario para que ninguna empresa esté por encima de la ley.

"Vamos a hacer valer los derechos de los consumidores frente a cualquier tipo de fraude y, si probamos estas prácticas, actuaremos con toda contundencia", ha recalcado Bustinduy.

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno debe priorizar y proteger la defensa de los inquilinos y que su Ministerio lo va a seguir haciendo "con toda la determinación y confianza".

Por ello, ha señalado que van a garantizar la correcta aplicación de la Ley de Vivienda, erradicar el abuso y el fraude de grandes inmobiliarias y defender la prorroga de los contratos del alquiler, obligaciones que el Misterio busca ejercer "con toda convicción y contundencia" para proteger a lo que sufren esta crisis causada por intereses "espurios de acumulación y especulación".

El inicio de esta investigación se produce tras haber detectado prácticas que podrían infringir las nuevas reglas y en medio de un debate a nivel nacional sobre las políticas a seguir en materia de vivienda en el que han surgido discrepancias entre el PSOE y Sumar, que posee las competencias de consumo.