MADRID (EP). El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha contratado al abogado penalista Marino Turiel Gómez, del despacho Turiel Abogados, para que lleve su defensa en el marco del 'caso Koldo'.
En un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, Ábalos ha informado de que ha encargado esta labor a Turiel, con quien trabaja desde hace varios años y que gestiona también otros asuntos de la causa, como su recurso al Suplicatorio ante el Tribunal Constitucional o la querella contra la auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
"Un abogado es el rostro más próximo y humano en causas como las que me afectan, pero también es el más expuesto. Por eso quiero expresar mi más sincero agradecimiento porque hayan asumido mi representación", ha escrito el exministro.
El anuncio llega cinco días después de que su anterior equipo legal, Chabaneix Abogados, renunciaran a continuar con su defensa por "discrepancias contractuales". Fuentes jurídicas indicaron entonces a Europa Press que dichas diferencias "imposibilitan la continuidad de la relación profesional". No obstante, Ábalos ha agradecido a este despacho "el gran trabajo desplegado en tan corto espacio de tiempo".
Tras la renuncia de su anterior equipo legal, el magistrado del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS) emplazó al exministro de Transportes a designar un nuevo abogado.
Ábalos ya cambió de defensa el pasado mes de octubre, cuando contrató a Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional (AN) que llevó casos como 'Faisán' o el 11-M. Anteriormente, el encargado de esta labor fue el letrado José Aníbal Álvarez, con quien rompió la relación contractual por "diferencias irreconducibles".
Fue en noviembre cuando el magistrado instructor, Leopoldo Puente, acordó enviar a Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas: hasta 30 años de cárcel.
El exministro presentó un recurso contra la decisión del magistrado instructor de enviarle a prisión provisional y el Supremo ha convocado para el próximo 15 de enero una vista para analizarlo.
