ALICANTE.- La decisión de Solvia Servicios Inmobiliarios, anteriormente vinculada a Banco Sabadell y actualmente integrada en el grupo internacional Intrum, de eliminar el teletrabajo a partir del 1 de septiembre de 2026 ha abierto un conflicto laboral en su centro de trabajo de Alicante.
La medida afecta a 1.400 personas trabajadoras en España, de las cuales alrededor de 300 se encuentran en Alicante, uno de los principales centros operativos de la compañía. El sindicato UGT denuncia que la decisión supone "un retroceso en derechos de conciliación, con impacto directo en la organización personal y familiar de la plantilla".
Según explica el sindicato, la medida afecta de forma especialmente significativa a las mujeres, que representan aproximadamente el 65% del total, al dificultar la corresponsabilidad y agravar desigualdades existentes, pero no solo a este colectivo sino también al conjunto de las personas trabajadoras de Solvia, que son sometidas a cargas de trabajo insostenibles y un alto índice de impacto en la salud laboral por estrés y burn-out, presentándose el teletrabajo como una medida que retiene el talento de la plantilla.
Además, UGT recuerda que desde el año 2022 la plantilla venía desarrollando su actividad bajo un modelo híbrido de teletrabajo plenamente consolidado, cuya eliminación repentina rompe el equilibrio alcanzado en la organización del trabajo. “No estamos ante una cuestión organizativa menor, sino ante un recorte directo en derechos de conciliación. Si la empresa no negocia, la movilización irá a más”, indican los delegados de UGT.
Según el sindicato, la empresa ha adoptado esta decisión de "forma unilateral, sin presentar alternativas ni mostrar una voluntad real de negociación, lo que ha llevado a un incremento de la tensión laboral". UGT advierte además de las condiciones del propio centro de trabajo en Alicante, situado en una zona de difícil acceso y con escasas conexiones de transporte público, así como de un deterioro de las instalaciones que, según denuncian, no se corresponde con el retorno obligatorio a la presencialidad que pretende imponer la empresa.
Desde el sindicato señalan situaciones que evidencian la falta de mantenimiento adecuado de las instalaciones, lo que agrava el malestar de la plantilla ante una decisión que obliga a volver a un entorno que consideran inadecuado. Del mismo modo, en este contexto de crisis energética mundial, la medida se adopta desoyendo las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía de movilidad sostenible, que plantea el teletrabajo como medida para paliar el impacto económico en las personas trabajadoras. Como respuesta, se ha convocado una jornada de huelga el próximo 26 de marzo, que irá acompañada de una concentración a las puertas del centro de trabajo de Alicante, entre las 10:00 y las 14:00 horas.
Desde el sindicato se critica además que la compañía, de origen sueco, está alejándose de los estándares laborales europeos, al no avanzar ni en medidas de conciliación ni en mejoras salariales, lo que evidencia una desconexión con la realidad de su plantilla en España. El conflicto se enmarca en un proceso de movilización progresiva y escalonada, que podría intensificarse en las próximas semanas si la empresa mantiene su posición actual. UGT insiste en su disposición al diálogo, aunque reclama a la dirección que se siente a negociar de forma real y efectiva para evitar una escalada del conflicto a nivel nacional.
