ALICANTE. Ya se conocen más detalles para la venta de Verne Tecnology y las cinco sociedades concursadas. Como ya adelantó Alicante Plaza, será el grupo vasco quien asume el control de la empresa a cambio de mantener la actividad y el empleo durante tres años después de la autorización por parte del juzgado de lo mercantil número cuatro de Alicante. Ahora, tras la firma, han trascendido más detalles, como que el grupo vasco hará un pago efectivo de 620.000 euros y la asunción de contingencias y pasivos por casi 2 millones de euros, lo que contribuye a limitar riesgos para la masa concursal. 

La magistrada Andrea Tapias Sánchez ha considerado que la venta directa, prevista en el artículo 224 bis del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), es la opción más adecuada frente a un escenario de colapso operativo. El informe de la administración concursal, RSM Spain, subraya que la falta de liquidez y la restricción inmediata de crédito comercial tras la declaración de concurso hacían inviable la continuidad sin una transmisión urgente.

La operación no solo evita la liquidación desordenada del grupo, sino que abre una oportunidad para mantener servicios críticos en telecomunicaciones, áreas en las que el Grupo Verne ha tenido una posición relevante. La entrada de Dominion, respaldada por Global Dominion Access, aporta músculo financiero y experiencia para relanzar la actividad. La continuidad de la unidad productiva bajo nueva titularidad permitirá mantener puestos de trabajo cualificado y garantizar la prestación de servicios tecnológicos esenciales en la región.

Perímetro y condiciones esenciales

El perímetro autorizado comprende activos estratégicos: propiedad industrial, know-how, certificaciones, equipos, stock, contratos con clientes y proveedores, arrendamientos y licencias administrativas. El auto judicial excluye cualquier reserva unilateral, fijando un marco claro para la transmisión.
Entre las condiciones esenciales destaca el compromiso de continuidad o reinicio de actividad durante un mínimo de tres años, requisito legal que refuerza la estabilidad del proyecto y la protección del tejido productivo.

Además, se establece la subrogación en los contratos laborales de los 138 trabajadores asumidos en la oferta para la parte española del grupo dedicada a las telecomunicaciones, mientras que los procedimientos de despido colectivo en curso afectarán únicamente al personal no subrogado en la rama