La Seitt despide a 30 personas del peaje de la AP-7 en la circunvalación de Alicante

Empresas

La empresa pública que gestiona las autopistas, dependiente del Ministerio de Transportes, ha decidido finalmente aplicar el ERE y despedir a partir de hoy a todo el personal de este peje; CCOO denuncia que las condiciones de salida no compensan el perjuicio sufrido por la plantilla

  • Circunvalación en Alicante en la AP-7
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ALICANTE. La liberación del peaje de la AP-7 en la circunvalación de Alicante "por interés general", decidida por el Consejo de Ministros el pasado año, pone a 30 personas trabajadoras en la calle mediante un Expediente de Regulación de Empleo por causas productivas y organizativas. Un ERE, según CCOO, donde su negociación "se ha visto condicionada por el carácter de empresa pública de Seitt (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre) pues las condiciones de salida que podían acordarse dependen de la cantidad que autoriza el Ministerio de Hacienda". CCOO "lamenta el maltrato recibido por la plantilla, tanto por parte del Ministerio de Hacienda como del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Las condiciones de salida no se corresponden con las condiciones habituales que se suelen acordar en los Expedientes de Regulación de Empleo sin causas económicas".

La indemnización aplicable a las personas trabajadoras será la autorizada, esto es, la mínima legal (20 días de salario por año con el tope de 12 mensualidades) complementada con una cantidad (unos 7.500 euros de media). "Cifras que no compensan el perjuicio provocado por el consumo de desempleo que han sufrido las personas afectadas en los 16 meses que han durado los ERTE anteriores, cuando la empresa argumentaba que el levantamiento de barreras era provisional. De no llegarse al acuerdo, la empresa hubiera abonado únicamente el mínimo legal sin complemento", explican desde el sindicato de clase en un comunicado.

En este sentido, explican que "la empresa no ha admitido tampoco ni la posibilidad de recolocación en otras empresas públicas dependientes del Ministerio de Transporte, ni en otros centros si conllevaba aumento de categoría. Tampoco ha permitido la contratación de los servicios de una empresa de recolocación, ni compensaciones por cambio de residencia ante los traslados voluntarios que ofrecía en otras comunidades autónomas".

Por otro lado, añade el mismo comunicado, "las personas afectadas se van a la calle sin haberse solucionado la discriminación salarial por cuestión de género. Los salarios de las personas afectadas siguen afectados por la brecha salarial detectada en el diagnóstico del plan de igualdad, que sigue pendiente de negociación, con discriminación salarial por cuestión de género en las categorías de peaje afectadas por el despido colectivo".

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