ELCHE. El expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado en Castilian, empresa del Grupo Konecta con sede en Elche Parque Empresarial, encara una nueva fase tras varias semanas sin acuerdo entre dirección y la representación sindical, y con un proceso ya en el ámbito judicial. La vista en la Audiencia Nacional está prevista para el próximo 12 de mayo, mientras las posiciones entre sindicatos y parte de la plantilla continúan divergentes.
El origen del conflicto se sitúa en el cierre del periodo de consultas sin pacto. Tras un mes de negociaciones, la empresa ejecutó el despido colectivo con más de un centenar de afectados. Las condiciones establecidas incluían una indemnización de 30 días por año trabajado, con un máximo de 17 mensualidades, para quienes optaran voluntariamente por la extinción de su contrato, y de 20 días por año, con un tope de 12 mensualidades, para los despidos forzosos. Desde el comité de empresa se señaló entonces que la falta de acuerdo respondía a la ausencia de medidas para evitar los despidos, como recolocaciones dentro del grupo o una ampliación de la voluntariedad. También se advertía de que la reducción de plantilla podría derivar en el cierre progresivo del centro de Elche.
Dos meses después de la ejecución del ERE, el conflicto ha evolucionado hacia un escenario distinto. El procedimiento ha sido impugnado por los sindicatos ante la Audiencia Nacional, que ha instado a las partes a intentar un acuerdo en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) en varias ocasiones. Sin embargo, hasta ahora no se ha alcanzado un entendimiento.
En este contexto, una parte de los trabajadores afectados ha trasladado su posición. Según el relato de algunos de estos trabajadores, de las 102 personas incluidas en el expediente, 79 se acogieron voluntariamente a las condiciones ofrecidas por la empresa y 23 fueron despedidas de forma forzosa. A día de hoy, indican que "la mayoría ha reorganizado su situación laboral o personal tras la salida de la empresa". Así, estos trabajadores sostienen que una eventual declaración de nulidad del ERE podría "obligarles a reincorporarse y a devolver las indemnizaciones percibidas", lo que supondría, según explican, "modificar decisiones adoptadas en los últimos meses". También señalan que parte de la plantilla ha accedido a nuevos empleos, ha iniciado estudios o se encuentra en otras localizaciones.
Durante las últimas semanas, empresa y sindicatos han mantenido contactos para explorar una posible solución antes del juicio. En una de estas reuniones, celebrada a mediados abril, se habría planteado una propuesta que, según los trabajadores voluntarios, contemplaba mantener las condiciones de salida de quienes se acogieron voluntariamente, mejorar las indemnizaciones de una parte de los trabajadores despedidos de forma forzosa y permitir la reincorporación de quienes lo solicitaran mediante reubicación en otras campañas.
Sin embargo, esta propuesta no prosperó. Desde este colectivo se indica que no fue aceptada por todos los sindicatos, lo que ha mantenido el proceso abierto hasta la vía judicial.
Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene que el ERE presenta defectos desde su inicio y defiende su nulidad. Según ha trasladado esta organización, todos los sindicatos han impugnado el procedimiento en ese sentido. CGT señala que existen deficiencias en las causas alegadas y en el desarrollo del proceso, lo que justificaría la declaración de nulidad.
Al mismo tiempo, reconoce que la situación generada tras la ejecución del ERE plantea cuestiones en el ámbito social, ya que parte de la plantilla ha reorganizado su situación. En este contexto, indica que se han producido reuniones para analizar posibles soluciones antes de la fecha del juicio, sin que por el momento se haya concretado un acuerdo.
Desde CCOO, por su parte, se apunta a que el conflicto se encuentra condicionado por los intentos fallidos de mediación y por la posición de las distintas partes. También se señala que la empresa ha planteado la posibilidad de que los trabajadores vuelvan a la empresa en caso de nulidad, lo que implicaría la devolución de las indemnizaciones percibidas, un escenario que se considera de difícil aplicación en la práctica.
En paralelo, la situación del centro de trabajo de Elche continúa siendo objeto de atención. Según distintas fuentes, parte de la actividad se ha reducido tras el ERE y algunas campañas se han trasladado a otras sedes. Explican que trabajadores que no fueron afectados por el expediente estarían prestando servicio de apoyo a proyectos ubicados fuera del centro ilicitano.
Con este contexto, el procedimiento judicial se presenta como el siguiente paso en la resolución del conflicto. La Audiencia Nacional deberá determinar si el ERE se ajusta a derecho o si, por el contrario, procede su nulidad u otra calificación. Hasta entonces, las partes mantienen posiciones diferenciadas. Por un lado, sindicatos sostienen la impugnación del expediente por considerar que no se han acreditado las causas y que el procedimiento presenta irregularidades. Por otro, una parte de la plantilla plantea la necesidad de tener en cuenta la situación actual de los trabajadores afectados tras la ejecución de los despidos. El resultado del proceso, o un eventual acuerdo previo, marcará el futuro tanto de los trabajadores afectados como del propio centro de trabajo de Castilian en Elche.
