VALÈNCIA. El acceso a la financiación ha dejado de ser un problema de liquidez para convertirse, sobre todo, en un reto de acompañamiento. Las entidades financieras disponen de recursos, existen instrumentos públicos de apoyo y las sociedades de garantía recíproca (SGR) han consolidado su papel como facilitadoras del crédito. Sin embargo, miles de pequeñas empresas y autónomos valencianos siguen encontrando dificultades para convertir proyectos viables en inversiones reales. Esa fue una de las principales conclusiones del desayuno empresarial 'Financiación empresarial en la Comunitat Valenciana: colaborar para multiplicar el impacto', organizado por ValenciaPlaza, en el que representantes del sistema financiero, la administración, el tejido empresarial y el ámbito económico coincidieron en que el verdadero desafío consiste ahora en hacer llegar esas herramientas a quienes más las necesitan.
El director de Valencia Plaza, Javier Alfonso, abrió la conversación planteando una cuestión que vertebró buena parte del debate: cuál es la fotografía real del tejido empresarial valenciano y hasta dónde está llegando la financiación. El director adjunto del IVIE y consejero independiente de Afín SGR, Joaquín Maudos, comenzó recordando que la economía valenciana continúa sustentándose sobre pequeñas empresas. "El público objetivo de Afín SGR son las pymes porque son las que tienen más complicado el acceso a la financiación", señaló antes de recordar que representan el 99,9% del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana y generan cerca del 89% del empleo. Sin embargo, advirtió de que su productividad sigue siendo muy inferior a la de las grandes compañías debido, principalmente, a una menor inversión en activos intangibles, innovación e I+D.
Maudos subrayó además una paradoja que sobrevoló toda la jornada. Aunque la Comunitat Valenciana tiene un peso muy relevante dentro del conjunto nacional en número de pymes, ese protagonismo no se refleja todavía en el volumen de financiación canalizado a través de la sociedad de garantía recíproca valenciana. A su juicio, todavía existe un amplio margen de crecimiento para acercarse a la media española.
En la misma línea, el presidente de ATA Comunitat Valenciana, Alberto Ara, recordó que el 99% de las empresas valencianas son pequeñas y medianas empresas y destacó además el creciente peso del trabajo autónomo. "Somos la comunidad autónoma que más crece en número de autónomos, tanto porcentualmente como en cifras absolutas", afirmó. Sin embargo, alertó de que precisamente ese colectivo continúa encontrando especiales dificultades para acceder al crédito, tanto cuando inicia una actividad como cuando pretende hacer crecer un negocio ya consolidado.
Más instrumentos, pero también nuevas exigencias
Cuando el debate se centró en si hoy resulta más fácil obtener financiación que hace unos años, la respuesta fue prácticamente unánime: existen más herramientas, aunque no siempre llegan a todas las empresas en igualdad de condiciones.
El director de Centros de Empresas de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, Arturo Peña, defendió que el ecosistema financiero dispone actualmente de muchos más mecanismos que hace apenas unos años. Reconoció que el coste del dinero ha aumentado respecto a la etapa de tipos de interés prácticamente nulos, pero consideró que un proyecto solvente puede compensar ese mayor coste financiero.
En este sentido, explicó que las entidades financieras deben combinar financiación bancaria con garantías públicas, ayudas e instrumentos específicos para construir soluciones adaptadas a cada empresa. "Nos corresponde saber complementar todos esos mecanismos", resumió.
Una visión compartida por la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, quien consideró que el problema ya no reside tanto en la disponibilidad de financiación como en que ésta llegue realmente a las pequeñas empresas. A su juicio, los proyectos impulsados por pymes no tienen menos valor que los promovidos por compañías de mayor tamaño, pero parten con una desventaja evidente al disponer de menos garantías que ofrecer a las entidades financieras.
"Hay más acceso y más disponibilidad, pero el gran reto es que todo eso llegue a todas las pymes y autónomos", defendió Blasco, quien reclamó que las garantías se evalúen con criterios diferentes y reivindicó el papel que desempeñan las sociedades de garantía recíproca para equilibrar esa situación.
Desde la perspectiva del sector público, el director general del Institut Valencià de Finances (IVF), Enrique Montes, coincidió en que el sistema financiero atraviesa una etapa de elevada liquidez y que, en términos generales, las empresas presentan niveles de endeudamiento más moderados que hace una década. Sin embargo, matizó que esa visión cambia cuando el análisis se traslada a casos concretos.
Es precisamente entonces, explicó, cuando aparecen los problemas derivados de la falta de solvencia, historial crediticio o tamaño empresarial. "Ese fallo de mercado existe y es constatable", señaló, defendiendo que ahí resulta imprescindible la intervención de instrumentos públicos capaces de facilitar que la iniciativa privada llegue donde por sí sola encuentra mayores dificultades.
El papel de las SGR como puente entre administración pública, banca y empresa
Uno de los consensos más claros del desayuno fue la creciente relevancia de las sociedades de garantía recíproca como pieza intermedia entre empresas y entidades financieras. El director general de Afín SGR, José María Badía, insistió en que el problema actual no es la ausencia de liquidez bancaria, sino las condiciones con las que muchas empresas consiguen acceder a ella.
Según explicó, numerosos proyectos económicamente viables no disponen todavía del historial financiero suficiente para convencer por sí solos a una entidad financiera. En otros casos, las operaciones se estructuran con plazos demasiado cortos para inversiones cuyo retorno requiere varios años o exigen garantías personales que terminan dificultando la decisión empresarial.
Frente a ello, explicó que la función de una SGR consiste precisamente en reducir el riesgo de las operaciones tanto para el banco como para el empresario. Esa labor permite disminuir las garantías exigidas, ampliar plazos de amortización e incluso rebajar el coste financiero de muchas operaciones.
Peña coincidió en esa visión y reconoció que las entidades bancarias deben operar dentro de un marco regulatorio muy exigente y responder también ante sus accionistas. Por ello, defendió la necesidad de mantener una colaboración permanente con las sociedades de garantía para encontrar soluciones cuando una operación presenta dificultades de encaje desde el punto de vista del riesgo. "Cuando detectamos este tipo de operaciones buscamos ese respaldo en forma de garantías", explicó.
La conversación derivó entonces hacia uno de los principales obstáculos que detectan todos los participantes: el desconocimiento que todavía existe entre las pequeñas empresas acerca de este tipo de instrumentos. Blasco lamentó que muchas pymes ni siquiera sepan que existen estas alternativas y reclamó un esfuerzo conjunto entre administraciones públicas, organizaciones empresariales y entidades financieras para difundirlas. "Hacer esa labor es muy importante y ayudar a que la empresa pierda el miedo", afirmó.
Badía fue incluso más allá al asegurar que España sigue siendo uno de los países europeos donde menos se conoce el funcionamiento de las sociedades de garantía recíproca. Además, denunció que frecuentemente se las identifica erróneamente con organismos que conceden subvenciones o con herramientas destinadas exclusivamente a empresas en dificultades, cuando en realidad se trata de entidades financieras supervisadas por el Banco de España.
Lejos de limitarse a avalar operaciones, explicó que aportan valor ajustando conjuntamente con la banca el precio, los plazos, las coberturas y las garantías de cada proyecto, permitiendo incluso financiar inversiones a muy largo plazo que difícilmente podrían abordarse únicamente con financiación bancaria tradicional.
El debate permitió profundizar también en la colaboración entre el sector público y el privado, un aspecto que todos los participantes identificaron como imprescindible para ampliar el alcance de la financiación empresarial.
En este sentido, Enrique Montes recordó que Afín SGR es una entidad privada que cuenta con un importante respaldo público a través del Institut Valencià de Finances, principal socio minoritario de la sociedad. A su juicio, ese modelo de colaboración está demostrando su eficacia, especialmente tras la recuperación experimentada por la SGR durante los últimos años.
El director general del IVF destacó que la colaboración entre ambas entidades está permitiendo multiplicar el efecto de los recursos públicos. "Los instrumentos financieros consiguen que el dinero público llegue acompañado de inversión privada", explicó, defendiendo que esa combinación garantiza un uso más eficiente de los fondos disponibles y mejora la selección de los proyectos financiados.
Badía coincidió en esa idea y recordó que, precisamente por tratarse de instrumentos financieros y no de subvenciones, cada operación exige un análisis previo que permite dirigir los recursos hacia proyectos con capacidad real de generar actividad económica.
El presidente de ATA CV puso el foco en otro de los retos pendientes: hacer llegar estas herramientas a los autónomos. "Hay que llegar por capilaridad", defendió Ara, convencido de que todavía existe un importante trabajo divulgativo por realizar.
Como ejemplo, citó el último barómetro elaborado por la organización, según el cual alrededor del 20% de los autónomos considera que ya no puede asumir más endeudamiento, mientras que una amplia mayoría de quienes necesitan financiación continúa encontrando dificultades para acceder a ella. Muchos, explicó, terminan recurriendo a ahorros propios o a préstamos familiares antes que acudir al sistema financiero.
Maudos añadió que todavía queda un largo recorrido para que la Comunitat Valenciana alcance el peso que le correspondería dentro del sistema nacional de garantías recíprocas. Ese crecimiento, apuntó, permitiría multiplicar el impacto económico de los recursos públicos destinados al apoyo empresarial.
Financiar la inversión, no solo el circulante
Otro de los grandes ejes de la conversación giró alrededor del tipo de inversiones que necesita la economía valenciana y de si los instrumentos financieros actuales están preparados para acompañarlas.
Eva Blasco defendió que las mayores dificultades aparecen cuando una pyme quiere acometer un proyecto de crecimiento. Mientras las necesidades de circulante encuentran habitualmente respuesta en el mercado financiero, las inversiones vinculadas a la transformación empresarial suelen enfrentarse a mayores obstáculos por la falta de historial o garantías suficientes.
En este contexto, insistió en que las organizaciones empresariales deben reforzar su labor divulgativa para explicar que una operación financiera no debe analizarse únicamente por el tipo de interés. "No es solo una cuestión de precio; también importan los plazos, las coberturas o las garantías. Hay que mirar la solución en su conjunto", resumió.
Desde CaixaBank, Arturo Peña explicó que toda operación de financiación descansa sobre tres pilares: la viabilidad futura del proyecto, el destino de los recursos y las garantías disponibles. En ese esquema, la participación de una SGR puede resultar decisiva para reforzar la operación y adaptarla a las necesidades reales de la empresa mediante mayores plazos o periodos de carencia.
Badía añadió que el análisis realizado por una SGR no siempre coincide exactamente con el efectuado por una entidad financiera, aunque ambas partes trabajan conjuntamente hasta construir una estructura viable para cada operación.
La conversación derivó entonces hacia la utilización de los recursos públicos. Frente a la idea de recurrir exclusivamente a ayudas directas, los participantes defendieron mayoritariamente el valor de los instrumentos financieros como mecanismo para generar un efecto multiplicador.
Para ilustrarlo, Badía recordó la experiencia vivida durante la pandemia con el sector del taxi. En lugar de conceder pequeñas ayudas directas, explicó, resultó mucho más útil facilitar financiación suficiente para que los profesionales pudieran mantener su actividad hasta superar la crisis.
Eva Blasco matizó, no obstante, que ambas herramientas cumplen funciones diferentes. Las ayudas directas —o las indemnizaciones en situaciones excepcionales como la dana— resultan imprescindibles para garantizar la supervivencia inmediata de muchas empresas, mientras que los instrumentos financieros deben orientarse al crecimiento y la inversión.
Montes coincidió en que los programas financiados con fondos europeos ya incorporan esa filosofía de coinversión público-privada, aunque reconoció que, tras la dana, la demanda de financiación fue finalmente inferior a la inicialmente prevista.
Innovación, digitalización y productividad
Preguntados sobre dónde debería invertir hoy una empresa valenciana que quiera crecer, el consenso volvió a ser amplio.
Para Joaquín Maudos, el principal reto de la economía valenciana continúa siendo la productividad. A su juicio, las inversiones prioritarias deberían dirigirse hacia la innovación y la digitalización, precisamente porque son los factores que permiten aumentar el valor añadido de las empresas.
El economista lanzó además un mensaje dirigido al sector financiero: reclamó una mayor sensibilidad hacia las inversiones en activos intangibles, tradicionalmente más difíciles de financiar por la ausencia de garantías materiales, pese a constituir uno de los principales motores de productividad.
Badía recordó que tan importante como decidir dónde invertir es definir correctamente la estructura financiera que sostendrá esa inversión. "El tipo de financiación debe acompañar aquello que queremos promover", resumió.
Peña aseguró que las entidades financieras están incorporando progresivamente criterios específicos para analizar este tipo de proyectos y defendió que la colaboración con las sociedades de garantía resulta especialmente útil precisamente en operaciones ligadas a la innovación y la digitalización.
No obstante, reconoció también las limitaciones regulatorias con las que trabajan los bancos, especialmente en operaciones de muy largo plazo o con escaso respaldo patrimonial.
Enrique Montes compartió ese diagnóstico y defendió la necesidad de seguir diseñando instrumentos específicos para empresas jóvenes y proyectos innovadores que todavía encuentran dificultades para acceder al crédito tradicional.
Ara recordó además que una parte importante de los fondos europeos destinados a digitalización ni siquiera llegó a ejecutarse por la dificultad que muchas pequeñas empresas encontraron para acceder a ellos. En su opinión, ello demuestra nuevamente la importancia de reforzar la colaboración entre administraciones públicas, entidades financieras y organizaciones empresariales.
Prudencia más que miedo
La posibilidad de un exceso de endeudamiento empresarial también ocupó buena parte del debate. Ara recordó que uno de cada cinco autónomos asegura que ya no puede asumir más deuda y denunció que la incertidumbre política, la inseguridad jurídica y la creciente carga burocrática están condicionando muchas decisiones empresariales.
Blasco prefirió hablar de prudencia antes que de miedo. Recordó que las empresas valencianas han encadenado en pocos años la pandemia, el encarecimiento de materias primas tras la guerra de Ucrania, las tensiones geopolíticas y, más recientemente, los efectos de la dana. "Los proyectos siguen saliendo adelante, pero la microempresa arrastra todavía una importante carga financiera procedente de todas esas crisis", explicó.
Badía señaló que el tejido empresarial valenciano ha reforzado notablemente su resiliencia durante los últimos años y defendió que el verdadero potencial de las políticas de apoyo empresarial se alcanza cuando administración pública, entidades financieras y sociedades de garantía colaboran de forma coordinada en una misma operación.
Como ejemplo, recordó una línea específica dirigida al crecimiento industrial que permitió bonificar tanto el coste del aval como una parte del coste de la financiación, lo que se tradujo en un importante incremento del volumen de operaciones. Asimismo, destacó la capacidad de Afín SGR para articular respuestas ante situaciones extraordinarias, como la COVID-19 o la Dana.
Badía subrayó además el elevado efecto multiplicador de estos instrumentos: por cada euro público gestionado a través de Afín SGR pueden movilizarse entre 10 y 18 euros de financiación bonificada, en función del alcance de la ayuda que se quiera trasladar a las empresas. Esto es posible porque los recursos públicos no se destinan directamente a financiar la totalidad de la operación, sino a bonificar sus costes y facilitar su acceso al crédito.
A su juicio, este modelo permite a la Administración desarrollar políticas de promoción económica con un impacto muy superior al desembolso presupuestario realizado y constituye uno de los ejemplos más eficaces de colaboración público-privada: la Administración aporta los recursos destinados a la bonificación, la SGR analiza, gestiona y garantiza las operaciones, y las entidades financieras captan los proyectos y conceden la financiación.
Financiar el modelo económico del futuro
En el tramo final del desayuno, los participantes reflexionaron sobre el modelo económico que debe construir la Comunitat Valenciana durante la próxima década.
Maudos recordó que la mayor parte del PIB valenciano sigue concentrándose en sectores cuya productividad permanece por debajo de la media nacional y señaló ámbitos como las telecomunicaciones, la industria farmacéutica, los productos informáticos, la maquinaria o la I+D como actividades especialmente estratégicas para elevar esa productividad.
Eva Blasco defendió que la Comunitat Valenciana no debe renunciar a sectores tradicionales como el turismo, la cerámica, el textil o la agroalimentación, sino hacerlos cada vez más competitivos mientras impulsa nuevas actividades ligadas a los semiconductores, la fotónica o las tecnologías avanzadas.
Enrique Montes coincidió en que la economía valenciana debe aprovechar sus ventajas competitivas históricas sin dejar de impulsar nuevos sectores de alto valor añadido. "No vamos a convertir la Comunitat Valenciana en Escandinavia porque somos lo que somos", señaló gráficamente, defendiendo una estrategia basada en mejorar la productividad de los sectores existentes al tiempo que se desarrollan nuevas actividades.
Peña apostó igualmente por fortalecer el ecosistema emprendedor valenciano y aprovechar el liderazgo de numerosas empresas tecnológicas ya consolidadas para convertirlas en referentes capaces de arrastrar al resto del tejido productivo.
Ara insistió en que apostar por los sectores emergentes no significa abandonar los tradicionales y recordó que la economía valenciana sigue enfrentándose además a un importante déficit de mano de obra.
Como broche final, los participantes coincidieron en que la expresión "multiplicar el impacto" resume precisamente esa capacidad de colaboración entre administraciones públicas, entidades financieras, sociedades de garantía y organizaciones empresariales para conseguir que cada euro movilizado genere un retorno mucho mayor sobre la economía real.
Porque, como resumió Maudos, el objetivo no es únicamente movilizar recursos públicos, sino conseguir que cada euro invertido produzca más crecimiento para la Comunitat Valenciana. Una idea que Badía completó recordando que ese efecto multiplicador solo alcanza todo su potencial cuando también consigue activar inversión privada; Blasco lo vinculó a la necesidad de seguir dando a conocer estos instrumentos financieros; Ara reclamó que lleguen con mayor capilaridad a autónomos y microempresas; Peña recordó que "instrumentos tenemos" y que ahora la responsabilidad es compartida; y Montes concluyó reivindicando una colaboración público-privada en la que cada actor ocupe el espacio que le corresponde para construir un sistema de financiación más eficaz y capaz de acompañar el crecimiento del tejido empresarial valenciano.
