ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), asume la existencia de un problema en la gestión de sus pagos; un agujero que está dispuesto a taponar ahora tras acumular varias resoluciones judiciales o de reclamaciones de cantidad presentadas por las empresas afectadas en las que se conmina al ayuntamiento a abonar la prestación de determinados servicios, o la ejecución de determinadas obras, que no se accedió a pagar en los términos pretendidos y que ahora se deben saldar con intereses de demora.
Así se puso de manifiesto en el desarrollo de la reunión semanal de la Junta Local, en la que se aprobó liberar el pago de hasta cinco reclamaciones distintas por un importe global de más de 744.000 euros (744.879,79). Esa suma deriva de una casuística variada. Figura, por ejemplo, el abono de 2.160,88 en intereses de demora derivados de la realización de las obras de rehabilitación de la Finca de Benisaudet, ejecutada por la empresa Eneas Servicios Integrales. Una intervención que se dio por terminada y recepcionada en diciembre de 2021 tras un desembolso total de 624.069,61 euros. También se incluyen otros 118.565,94 euros en intereses a abonar a la UTE Ordenación del Tráfico de Vehículos, en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en su favor respecto al contencioso por la reclamación de dicha cantidad que interpuso en 2022, en relación a la prestación del servicio del que la UTE toma su nombre.
Es lo mismo que sucede -la aprobación de pago pendiente por sentencia judicial- respecto a otros 69.155,4 adeudados a la UTE MIA, concesionaria del servicio de transporte público en autobús, por el retraso en el pago de facturas por la prestación de ese servicio correspondientes al año 2024. Y justo la misma situación que concurre respecto a otra reclamación presentada por Subus (también integrada en Vectalia Corporación, como las empresas que forman UTE MIA) en la que el TSJCV también reconoce por sentencia el derecho de la compañía a que se le abone otros 307.334,12 euros por intereses en el pago de facturas pendientes.
También se da ese mismo supuesto respecto al servicio de gestión del sistema de estacionamiento controlado -la conocida como ORA o zona azul- por el que otra sentencia dictada por un juzgado de lo Contencioso de Alicante conmina al Ayuntamiento a abonar a la concesionaria (una UTE compuesta por Pavapark y Vectalia) otros 247.663,45 euros por el mismo motivo: pago de facturas pendientes y sus intereses.
De ahí que el edil de Contratación, además de vicealcalde y portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, reconociese la existencia de preocupación por la existencia de ese tipo de reclamaciones y apuntase que ya se han iniciado gestiones para evitar que vuelvan a producirse situaciones similares. En este sentido, señaló que el "ayuntamiento dispone de liquidez, por lo que no debería producirse ese tipo de demoras" en el abono de facturas reconocidas.
Y, respecto a las que derivan se la interposición de contenciosos, con los consiguientes tiempos de resolución que conllevan, apuntó que se trataría de evitar que las reclamaciones acaben judicializándose para reducir los posibles importes a abonar. Así, señaló que se había trasladado instrucciones a los distintos servicios municipales con el fin de que se corrija esa práctica y que "se pague cuando hay que pagar; no entendemos por qué no se paga cuando se debe pagar", concluyó.
