ALICANTE. Quince años de presupuestos, gobiernos de distinto signo y una distancia que no termina de cerrarse. La provincia de Alicante ha concentrado durante el periodo comprendido entre 2011 y 2025 el 37,2% de la población de la Comunitat Valenciana, pero solo ha recibido el 28,9% de la inversión autonómica analizada por el Instituto de Estudios Económicos Provincia de Alicante (Ineca). La diferencia, de 8,3%, se traduce en una deuda inversora acumulada de 490 millones de euros. La cifra es el eje más incómodo del informe elaborado por Ineca sobre el proyecto de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026. Las nuevas cuentas ofrecen una fotografía más favorable para Alicante en la parte de la inversión que sí aparece repartida por provincias. Sin embargo, el Instituto pide no confundir una mejora en el documento inicial con una corrección efectiva de un desequilibrio mantenido durante tres lustros.
Los datos históricos sitúan la inversión acumulada en Alicante en 938 euros por habitante, frente a los 1.191 euros de la media autonómica. La provincia se ha quedado, por tanto, en el 78,8% del promedio valenciano. No se trata de un desfase producido en un único ejercicio ni de una anomalía atribuible a una coyuntura concreta. La serie se extiende desde 2011 hasta 2025 y recoge etapas políticas diferentes, lo que lleva a Ineca a definir el problema como persistente y estructural. La comparación desmonta, pues, una posible lectura optimista de los Presupuestos de 2026. El proyecto asigna a Alicante el 38,4% de la inversión territorializada, un porcentaje que incluso supera ligeramente el peso demográfico provincial empleado en el informe. Visto de manera aislada, el reparto podría interpretarse como el inicio de una corrección.
El problema es que ese 38,4% se calcula únicamente sobre el dinero que la Generalitat ha decidido localizar. Más de la mitad de la inversión continúa sin provincia. En concreto, el 52,3%, equivalente a 757,9 millones de euros, figura como gasto sin territorio específico. Alicante aparece bien situada en la parte visible del presupuesto, pero permanece a la espera de saber cómo se distribuirá la parte mayoritaria. Ese es el riesgo que Ineca coloca en el centro del debate. Después de quince años en los que la inversión real ha quedado por debajo del peso poblacional de la provincia, una asignación inicial favorable no basta para considerar corregida la desigualdad. La cuestión ya no es solo cuánto aparece escrito para Alicante, sino cuánto acaba licitándose, comprometiéndose y ejecutándose.
Un equilibrio aparente que depende de 758 millones sin localizar
El proyecto presupuestario recoge 265,6 millones de euros para la provincia de Alicante dentro del capítulo de inversiones reales territorializadas. El volumen representa el citado 38,4% del reparto provincial. Valencia concentra el 48,8% y Castellón el 12,9%.
Así, la cantidad asignada a Alicante es pequeña frente al conjunto de la bolsa pendiente de localización. Solo la inversión sin territorio de Sanidad alcanza los 251,5 millones, prácticamente lo mismo que todo el dinero que aparece vinculado inicialmente a la provincia alicantina. A esa cantidad se suman 162,2 millones sin asignar en Economía y Hacienda, 145,4 millones en Educación y 117,8 millones en Infraestructuras. Las cuatro consellerias concentran alrededor de 677 millones, cerca del 90% de toda la inversión que todavía no tiene provincia. Se trata, además, de departamentos que ejecutan actuaciones difícilmente separables de una ubicación física, como hospitales, centros educativos, carreteras, reformas de edificios o expropiaciones.
En este sentido, Francisco Llopis, responsable del estudio, cuestiona que ese tipo de proyectos se mantenga bajo la etiqueta de "sin territorio específico". Ineca admite que determinados programas informáticos, sistemas centralizados o activos intangibles pueden no tener una localización provincial clara. No considera justificable aplicar el mismo criterio a una obra civil. "Una carretera tiene un trazado. Un colegio ocupa una parcela. Un hospital se construye o reforma en un municipio. Incluso una expropiación remite a un suelo concreto". Para el Instituto, la ausencia de territorialización no responde en esos casos a una imposibilidad técnica, sino a una falta de información accesible que impide analizar con antelación la equidad del presupuesto.
El presidente de Ineca, Alfredo Millá, ha calificado las cuentas como una nueva decepción para la provincia. Su interpretación parte de que Alicante no solo continúa sin conocer el destino de una parte sustancial del presupuesto, sino que llega a 2026 después de acumular casi 500 millones de déficit respecto al reparto que le habría correspondido por población. Millá reclama ir más allá de la simple proporcionalidad anual. Después de años de menor inversión, considera que alcanzar ahora el peso poblacional no sería suficiente para reparar la brecha. La provincia necesitaría una compensación progresiva, una suerte de discriminación positiva que permitiera recuperar el terreno perdido. "Esto no puede ser otro año más", sostuvo durante la presentación del informe.
El antecedente de 2024 y 2025, los peores resultados de ejecución real para la provincia
Y así, la preocupación de Ineca no se apoya únicamente en el reparto acumulado. Los dos últimos ejercicios de la serie, 2024 y 2025, aparecen en el informe como los peores resultados de ejecución real para Alicante. Llopis admite que el comportamiento de 2025 puede estar condicionado por el gasto extraordinario vinculado a la dana y por la concentración de actuaciones en otros territorios. Esa explicación, sin embargo, no resuelve todo el periodo anterior ni permite justificar automáticamente 2024, cuando buena parte del ejercicio ya se encontraba avanzada antes de la catástrofe.
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La perspectiva de quince años evita, además, convertir una inversión excepcional en una provincia en prueba de desigualdad. Ineca reconoce que puede haber ejercicios en los que una infraestructura de gran tamaño, una emergencia o una necesidad concreta obliguen a concentrar recursos en un territorio. El desequilibrio aparece cuando la diferencia no se corrige a medio y largo plazo. Ese es el mensaje que reflejan los gráficos del estudio y la distancia no responde a una caída puntual, sino a una pauta sostenida que coloca a la provincia en el 78,8% del promedio. La "deuda" de 490 millones no es una obligación contable reconocida por la Generalitat ni una cantidad consignada para su devolución. Es la estimación de lo que Alicante habría recibido de más si la inversión se hubiera distribuido en estricta proporción a su población desde 2011. Su valor reside en medir el coste acumulado de una desigualdad territorial que, año tras año, puede quedar diluida en el debate sobre cada nuevo presupuesto.
Presupuestar no significa ejecutar
El análisis histórico conecta con la otra gran reivindicación de Ineca. Incluso cuando el dinero figura en las cuentas, no existe garantía de que termine convertido en una obra, un equipamiento o un servicio. En 2025, los capítulos seis y siete comenzaron con un crédito inicial de 2.962 millones de euros. Las modificaciones realizadas durante el año aumentaron la cantidad disponible hasta 4.183 millones, un 41,2% más. Sin embargo, solo llegaron a comprometerse 3.299 millones.La diferencia fue de 884 millones, el 21,1% del crédito disponible. Uno de cada cinco euros destinados a inversión directa y transferencias de capital se quedó antes de la fase de compromiso.
El mayor impacto se concentró en políticas sociales y de transformación física del territorio. Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda dejaron sin comprometer 293,2 millones. Medio Ambiente e Infraestructuras acumularon 161,2 millones y Educación otros 133,9 millones. Esas tres áreas reunieron el 66,5% de toda la inversión no ejecutada. La Generalitat permite conocer qué departamentos dejaron dinero pendiente, pero no en qué provincias estaban previstos los proyectos. Esa carencia impide calcular qué parte de los 884 millones correspondía a Alicante y cuál fue el grado de cumplimiento territorial real.
Para Santiago Carbó, director general de Estudios y Proyectos de Ineca, ese es el verdadero cuello de botella. El debate público suele concentrarse en el presupuesto inicial, aunque el dato decisivo se encuentra al final del proceso. Una provincia puede figurar con una asignación aceptable y, aun así, perder peso si sus proyectos se retrasan, se modifican o no llegan a comprometerse. "Quizás el verdadero reto no es presupuestar más, sino ejecutar mejor", plantea Carbó. Su diagnóstico apunta a limitaciones técnicas y administrativas, además de las estrictamente financieras. El dinero puede estar disponible y tener una finalidad, pero no llegar al territorio si faltan proyectos maduros, expedientes, licitaciones o capacidad de gestión.
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Una desigualdad que también resta competitividad
La brecha inversora no queda aislada del resto de problemas económicos de Alicante. En su asamblea anual, Ineca ya había advertido de que la provincia crece, gana población y genera actividad, pero no converge en renta y productividad con los territorios mejor situados. Alfredo Millá resumió aquella contradicción con una frase, "Alicante avanza, pero no converge". La provincia supera los dos millones de habitantes, mantiene un tejido diversificado y presenta fortalezas industriales, turísticas, exportadoras y universitarias. Al mismo tiempo, arrastra déficits de infraestructuras que condicionan la capacidad de atraer inversión y talento.
Desde esa perspectiva, los 490 millones no representan solo una diferencia estadística. Son recursos que podrían haberse traducido en centros educativos, vivienda pública, comunicaciones, sanidad, equipamientos productivos o actuaciones capaces de acompañar el crecimiento demográfico. Ineca sostiene que los territorios donde no se invierte pierden competitividad. Una infraestructura que no llega eleva costes, ralentiza desplazamientos y puede influir en la decisión de una empresa o de un profesional. El déficit se acumula porque cada proyecto aplazado reduce la capacidad de aprovechar las oportunidades futuras.
