ALICANTE. Un bucle inversor que no divisa el final del túnel. El proyecto de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026 concede a la provincia de Alicante una posición "aparentemente" favorable en el reparto de las inversiones que sí aparecen localizadas. Sin embargo, el diablo está en los detalles y esa primera lectura se deshace en cuanto se amplía el foco y se concretan los proyectos. Más de la mitad de la inversión real continúa sin asignación provincial, la Generalitat no publica el detalle territorial de la ejecución y la provincia alicantina arrastra una brecha inversora de 490 millones de euros desde 2011.
En resumen, porque hay mucho más analizado, ese es el diagnóstico del Instituto de Estudios Económicos Provincia de Alicante, Ineca, durante la presentación de su análisis presupuestario. Su presidente, Alfredo Millá, el director general de Estudios y Proyectos, Santiago Carbó, y el responsable del informe, Francisco Llopis, coincid en que el problema de Alicante ya no puede medirse únicamente con las cantidades incluidas en el presupuesto inicial, si no en cuánto se compromete, cuánto se ejecuta y en qué territorio termina materializándose.
La deuda, segunda gran partida por encima de Educación, Cultura y Universidades
Si bien el proyecto autonómico alcanza los 33.305 millones de euros, un 3,1% más, y se presenta como el presupuesto de mayor volumen de la historia de la Comunitat, para Ineca, no obstante, ese crecimiento no equivale a una expansión de las políticas públicas o de la inversión productiva. Santiago Carbó lo define como un presupuesto orientado principalmente al saneamiento financiero. Los ingresos ordinarios aumentan un 9,9%, casi tres veces más que el conjunto de las cuentas, pero una parte sustancial de ese margen se dirige a reducir la dependencia de nueva deuda y a amortizar pasivos anteriores.Así, la Generalitat prevé emitir 9.075 millones de euros de nueva deuda, un 11,5% menos, mientras eleva en un 20,6% el gasto destinado a amortizaciones, hasta 7.215 millones. El endeudamiento neto bajaría así de 4.270 millones en 2025 a 1.859 millones en 2026. La mejora financiera es relevante, pero limita la capacidad de actuación inmediata. Mientras las operaciones financieras crecen un 20,1%, el gasto no financiero desciende un 0,8% y la inversión real del capítulo seis cae un 2,8%. La deuda, con 8.398 millones, se convierte, además, en la segunda gran partida del presupuesto autonómico, por encima del gasto agregado en Educación, Cultura y Universidades.
Una recaudación apoyada en el mercado inmobiliario
El incremento de los ingresos tampoco procede únicamente del crecimiento estable de la renta o el consumo. El IRPF y el IVA avanzan alrededor del 5,1%, mientras que los tributos ligados a la actividad inmobiliaria presentan aumentos mucho mayores. La recaudación por transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados crece un 24%, con 508 millones adicionales, y los impuestos sobre el capital aumentan un 47,4%, unos 234 millones más. Carbó pide interpretar estas cifras con prudencia. "El mercado inmobiliario se ha convertido en el principal motor fiscal del presupuesto, pero se trata de unos ingresos con un componente cíclico". No ofrecen, por tanto, la misma estabilidad que una mejora estructural de las bases tributarias. La Generalitat dispone de más recursos ordinarios y puede pedir menos dinero prestado, aunque esa fortaleza no se traslada de manera automática a nuevas carreteras, centros sanitarios, colegios o vivienda pública.
Para la provincia de Alicante, la principal incertidumbre aparece precisamente en esas inversiones físicamente localizables. El proyecto reserva a la provincia 265,6 millones de euros en el capítulo de inversiones reales. Esa cantidad representa el 38,4% del dinero que sí se distribuye entre provincias, un porcentaje ligeramente superior al peso demográfico alicantino utilizado en el análisis. El dato podría sugerir una corrección del desequilibrio. Pero solo el 47,7% de la inversión autonómica está territorializada. El otro 52,3%, equivalente a 757,9 millones de euros, figura bajo la etiqueta de "sin territorio específico". Es decir, el porcentaje favorable a Alicante se calcula sobre menos de la mitad del dinero disponible, no sobre el conjunto de la inversión.
En este sentido, Francisco Llopis recurre a una comparación especialmente gráfica. "Solo en Sanidad existen 251,5 millones sin provincia asignada, una cifra casi equivalente a los 265,6 millones que aparecen inicialmente vinculados a toda la provincia de Alicante". A esta bolsa se añaden 162,2 millones de Economía y Hacienda, 145,4 millones de Educación y 117,8 millones de Infraestructuras. Entre las cuatro áreas acumulan cerca de 677 millones, casi el 90% de toda la inversión sin localizar.Para Ineca, resulta difícil justificar que obras sanitarias, reformas de edificios, colegios, carreteras o expropiaciones carezcan de ubicación. El Instituto admite que determinadas compras centralizadas, programas informáticos o activos intangibles pueden no tener una provincia concreta. No considera razonable aplicar la misma clasificación a actuaciones que necesariamente deben ejecutarse sobre una parcela, un inmueble o una vía de comunicación.
El precedente de los 884 millones sin ejecutar en 2025
Asimismo, la preocupación no se limita a cómo se redacta el presupuesto. El análisis de la liquidación de 2025 muestra la distancia que puede existir entre el crédito anunciado y la inversión que finalmente avanza. Los capítulos seis y siete comenzaron aquel ejercicio con 2.962 millones de euros. Las modificaciones presupuestarias elevaron el crédito disponible a 4.183 millones, un 41,2% más. Sin embargo, únicamente se comprometieron 3.299 millones. Quedaron sin ejecutar 884 millones, el 21,1% del total disponible. En términos sencillos, uno de cada cinco euros preparado para inversión directa o transferencias de capital no llegó siquiera a comprometerse.
El mayor porcentaje relativo de inejecución se registró en Protección Civil, con un 60,9%, pero ese incumplimiento representó únicamente 13 millones. El grueso del problema se concentró en políticas con una incidencia directa en la vida cotidiana y en la capacidad económica del territorio. Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda dejaron sin ejecutar 293,2 millones. Medio Ambiente e Infraestructuras, otros 161,2 millones. Educación acumuló 133,9 millones. Las tres áreas reunieron el 66,5% de toda la inversión que permaneció en el presupuesto sin transformarse en actuaciones comprometidas.
La falta de desglose territorial impide determinar qué parte de esos 884 millones correspondía a la provincia de Alicante. Esa ausencia de información es, para los responsables de Ineca, tan relevante como la propia inejecución. La Generalitat publica datos por capítulos y departamentos, pero no permite reconstruir de manera sistemática qué crédito inicial tenía cada provincia, cómo se modificó durante el año y cuánto terminó ejecutándose en cada territorio.
"Queremos saber qué se ejecuta y dónde", resume Llopis. El responsable del Estudio cuestiona, pues, el valor predictivo del presupuesto inicial cuando las partidas cambian durante el ejercicio, se incorporan remanentes y, finalmente, una parte elevada queda sin comprometer. A su juicio, la cifra anunciada al comenzar el año ofrece una visión incompleta si después no puede seguirse el recorrido del dinero.
Quince años por debajo de su peso poblacional
La cautela de Ineca se apoya también en el comportamiento acumulado entre 2011 y 2025. Durante esos quince años, Alicante reunió el 37,2% de la población de la Comunitat, pero recibió el 28,9% de la inversión analizada. La brecha es de 8,3%. La inversión acumulada se situaba en 938 euros por habitante, frente a una media autonómica de 1.191 euros. Alicante alcanzó, por tanto, el 78,8% del promedio valenciano. Traducido a cifras absolutas, el Instituto estima una "deuda inversora" de 490 millones de euros respecto a lo que habría correspondido a la provincia con un reparto estrictamente proporcional a su población.
El diagnóstico no se atribuye a un único Consell. Llopis insisteen que el desequilibrio se ha mantenido bajo gobiernos de distinto signo y calificó 2024 y 2025 como dos de los peores ejercicios de la serie. Precisamente, por esa trayectoria, el 38,4% asignado a Alicante en la inversión territorializada de 2026 no basta para disipar las dudas.
Alfredo Millá expresa la decepción del Instituto ante unas cuentas que, pese a la mejora aparente, no compensan el agravio acumulado. "Seguimos de nuevo infrafinanciados", afirma el presidente de Ineca, que reclama incluso algún mecanismo de discriminación positiva para recuperar los años en los que Alicante ha recibido menos inversión de la que le correspondía. A su juicio, la provincia no necesita limitarse a alcanzar su peso poblacional en un ejercicio aislado, sino iniciar una corrección del déficit histórico.
Menos tiempo para convertir las partidas en obras: siete meses
Por si fuera poco, el calendario añade otro elemento de incertidumbre. Según explica Llopis, la aprobación de las cuentas previstas a finales de julio dejaría siete meses menos de margen respecto a un ejercicio presupuestario convencional para tramitar las actuaciones nuevas. Los gastos ordinarios y de personal pueden continuar bajo una prórroga y ajustarse posteriormente, pero las inversiones nominativas necesitan licitaciones, convocatorias, expedientes y plazos administrativos. El retraso puede dificultar especialmente la ejecución del capítulo seis. Ineca considera complicado que proyectos incluidos en las cuentas de 2026 completen todos los trámites necesarios antes del cierre efectivo del ejercicio. El riesgo es que el presupuesto vuelva a aumentar las expectativas sin que las actuaciones lleguen a contratarse, adjudicarse o construirse.
Ante este escenario, Ineca propone publicar el reparto provincial del gasto en todas sus etapas, desde el crédito inicial hasta la ejecución final. También plantea restringir la categoría "sin territorio específico" a gastos verdaderamente centralizados e incorporar al reparto indicadores de inversión per cápita y de déficit histórico.
