ELDA. La guerra entre Finetwork y Vodafone sigue avanzando en los juzgados y en las conversaciones entre ambas partes. Mientras la querella presentada por los socios originales de la operadora alicantina ya ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda, desde el entorno de la compañía reconocen que el escenario termina conduciendo a una negociación. "Estamos abocados a ir a un acuerdo", señala Fernando López, miembro del consejo de Finetwork y director de operaciones de Kai Capital, en declaraciones a este diario.

El procedimiento judicial fue admitido mediante auto dictado el pasado 22 de mayo y la querella se dirige contra Vodafone España, Vodafone Ono y el consejero delegado de la multinacional en España, José Miguel García Fernández, por presuntos delitos de administración desleal, insolvencia punible, estafa procesal y delitos societarios. La causa supone un nuevo episodio en el conflicto por el control de Wewi Mobile, matriz de Finetwork. Los socios originales de la operadora recuperaron recientemente la titularidad de la sociedad tras varias resoluciones judiciales, aunque Vodafone mantiene actualmente la propiedad de la marca Finetwork. Esa situación ha generado un escenario en el que la compañía alicantina controla la sociedad, pero no puede operar comercialmente con su denominación habitual.

La querella ha sido presentada por los socios originales, que forman el consejo restituido en la matriz de Finetwork. Constan José Manuel, Carlos Gutiérrez, Pedro Jesús Andreu Oller y Ginés Martínez, además de sociedades vinculadas a ellos y el resto de socios. 

Los detalles de la querella

El núcleo de la denuncia se centra en la etapa en la que Vodafone asumió el control de Wewi Mobile. Según sostienen los querellantes, durante ese periodo se adoptaron decisiones que beneficiaban a la multinacional y perjudicaban a la operadora alicantina. Desde esta parte aseguran que, tras analizar la documentación y las actuaciones desarrolladas en los últimos meses, detectaron "muchos indicios" y un "conflicto claro de intereses".

Entre los elementos que cuestionan figura la aprobación de unas cuentas que, según explican, reconocían "el 100%" de la deuda defendida por Vodafone. "Cualquier decisión que toma Vodafone va en contra de Wewi", sostiene. Los querellantes consideran, asimismo, que el proceso que derivó en la pérdida del control de la sociedad se apoyó en una valoración insuficiente de la compañía. Según la documentación  la que ha tenido acceso este medio, el 90% de la empresa quedó valorado en torno a 10 millones de euros, una cifra que los socios consideran alejada de la situación real de la operadora.

La querella incorpora también una batería de medidas cautelares de alcance económico y societario. La principal es la solicitud de una fianza de 300 millones de euros para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias derivadas del procedimiento. En caso de no depositarse esa cantidad, los querellantes solicitan el embargo de bienes de los acusados por el mismo importe, al amparo del artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Junto a ello, la acusación pide medidas específicas sobre la marca Finetwork. Entre ellas, reclama que se prohíba cualquier transmisión, cesión, sublicencia o gravamen sobre la marca mientras dure el procedimiento. También solicita impedir la explotación separada de la enseña y limitar el derecho de Wewi Mobile a utilizarla hasta que se esclarezcan los hechos investigados. La petición incluye además una anotación preventiva de la querella sobre la marca Finetwork y sobre otros activos y participaciones sociales. El objetivo es preservar la integridad patrimonial y probatoria durante el desarrollo del proceso judicial.

La acusación justifica estas medidas en la existencia de 'fumus boni iuris', es decir, apariencia de buen derecho, y 'periculum in mora', por el riesgo de que durante la tramitación judicial puedan producirse actuaciones que dificulten una eventual reparación económica posterior. Además, los querellantes atribuyen delitos societarioscomo la imposición de acuerdos considerados perjudiciales para los socios, la adopción de decisiones mediante mayorías presuntamente abusivas y la limitación de derechos societarios.

La batalla judicial se desarrolla mientras ambas partes mantienen contactos, aunque, aparentemente, sin vías de acuerdo. Vodafone habría sido notificada de la admisión a trámite de la querella el pasado 25 de mayo y esa misma tarde ya se habrían producido conversaciones. Por el momento, no existe un acuerdo cerrado, aunque desde el entorno de Finetwork consideran que la situación terminará empujando a una solución negociada.

"De momento no se ha producido", apuntan desde la matriz, que añade que Vodafone "sigue en su discurso de que la compañía no vale nada". Al mismo tiempo, los socios originales mantienen que la operadora generaba valor antes de la entrada de la multinacional en la gestión y sostienen que Vodafone se ha beneficiado durante este tiempo de la utilización de la red y de la cartera de clientes de Finetwork.

Pendientes del Registro Mercantil de Alicante

En medio de la tormenta, otra de las cuestiones pendientes continúa en el Registro Mercantil de Alicante. Los socios originales denuncian que todavía no se ha inscrito el nuevo consejo de administración pese a las resoluciones judiciales favorables obtenidas en las últimas semanas. "Ha pasado más de un mes y no entendemos por qué no se ha inscrito", señalan, y afirman que han solicitado explicaciones sin obtener respuesta hasta ahora. 

Mientras tanto, el grupo espera poder asumir plenamente el control operativo de la sociedad para solicitar información adicional sobre la gestión realizada durante la etapa de Vodafone y evaluar las decisiones adoptadas en ese periodo.

El conflicto entre Wewi Mobile y Vodafone se remonta al deterioro de la relación entre ambas compañías durante 2025. Finetwork operaba como operador móvil virtual utilizando la red de Vodafone para comercializar servicios de telefonía y fibra. Ese escenario desembocó posteriormente en el plan de reestructuración aprobado inicialmente en sede judicial y posteriormente anulado por la Audiencia Provincial de Alicante.

El incidente de nulidad había sido presentado por Vodafone después de que la Audiencia Provincial de Alicante anulara el plan de reestructuración validado inicialmente por el juzgado mercantil. Aquella resolución permitió en 2025 que la operadora asumiera el control de Wewi Mobile mediante la capitalización de parte de la deuda asociada al alquiler de red utilizado por Finetwork para prestar servicios de fibra y telefonía móvil.

La sentencia posterior de la Audiencia dejó sin efecto ese esquema y restituyó el consejo de administración previo al proceso de reestructuración, devolviendo la presidencia a Pascual Pérez y la vicepresidencia a Pedro Andreu, junto a otros miembros que ya formaban parte de la estructura societaria antes de la entrada de Vodafone. Ahora, estos socios buscan volver a tomar el control de forma efectiva y poder "enderezar" la situación de la compañía hasta el momento previo de la toma de control por parte de la multinacional.