ELDA. Nuevo giro de los acontecimientos. La Audiencia Provincial de Alicante ha dejado sin efecto el plan con el que Vodafone pretendía hacerse con el control de Finetwork, al considerar que el proceso de reestructuración no siguió el cauce legal adecuado. Según ha adelantado El Economista, el tribunal ha estimado parcialmente las reclamaciones de los socios originales de la operadora, anulando la ampliación de capital que ya había sido inscrita y cuestionando la validez del plan homologado previamente por el juzgado mercantil.

La resolución introduce incertidumbre sobre el futuro de la compañía, que atravesaba dificultades financieras, y obliga a replantear el proceso de reestructuración. La Audiencia considera que faltaban elementos clave, como una valoración suficiente de la empresa en funcionamiento, lo que invalida el procedimiento utilizado. Por su parte, Vodafone ha mostrado su desacuerdo con la decisión judicial y ha anunciado que recurrirá, incluso ante el Tribunal Constitucional si es necesario, defendiendo que actuó conforme a la ley. Así, el caso reabre el debate sobre los límites de los planes de reestructuración impulsados por acreedores para tomar el control de empresas en dificultades.

Y es que, la decisión de la Audiencia Provincial de Alicante de anular el plan con el que Vodafone tomó el control de Finetwork llega en un momento clave, marcado por movimientos internos dentro de la operadora alicantina. En ese momento, el proceso parecía consolidado. Vodafone había pasado a controlar casi el 100% del capital mediante un canje de deuda por acciones y una ampliación millonaria, tras meses de tensiones financieras derivadas de impagos en sus acuerdos mayoristas. La reorganización incluyó cambios en la cúpula, con la designación de un administrador único y la incorporación de directivos del grupo para pilotar la integración.

Además, la resolución irrumpe semanas después de que se conociera la salida al mercado de la sede de Finetwork en Elda, como publicó este medio, un activo valorado en cerca de dos millones de euros. El inmueble, ubicado en el polígono Lacy, se comercializa como oportunidad de inversión y combina uso de oficinas y logística, en una operación que coincidía con la fase de integración de la operadora en la estructura de Vodafone. Eso sí, el edificio no era propiedad de Finetwork, que ocupa el edificio bajo arrendamiento. En este caso, el posible cambio de "casero" no tiene vinculación alguna con las decisiones empresariales que tome la marca, ni su venta representaría una inyección de dinero, por pertenecer a manos distintas.

Ahora, el fallo judicial abre un escenario incierto. La anulación del plan cuestiona todo el proceso ejecutado hasta la fecha y obliga a replantear el futuro de la operadora, en un contexto en el que ya se habían adoptado decisiones estratégicas relevantes.