ALICANTE. "Cuando miramos a la realidad, siempre es compleja. Y la que provocó la Dana también es compleja". Por eso, para realizar un buen análisis económico sobre el impacto económico que ha dejado la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia, hay que "elegir bien las gafas con las que se mira" y la pertinencia de la metodologia que se usa para analizarla. Son las bases del Informe 'Alcance económico de la Dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia' de IvieLab que se ha desgranado en el salón de grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante en una conferencia para poner sobre la mesa sus conclusiones. El evento ha estado organizado por el Foro de Debate Económico Germán Bernácer y la Fundación Rei Jaume I.
En ella ha participado el catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València y director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) Francisco Pérez, quien también es premio Rei Jaume I de Economía 2024 y recoge su distinción en una ceremonia este 14 de febrero en València. Además, han participado la decana en funciones de la facultad, María del Carmen Tolosa Bailén, el presidente del Foro de Debate Económico Germán Bernácer José Martín de la Leona Herrero y la catedrática de Fundamentos del Análisis Económico de la UA y premio Rei Jaume I de Economía en 2017, Carmen Herrero.
Además, el economista asegura que hay que poner el foco en los activos destruidos para poder evaluar el impacto económico tras la Dana.
¿Entran en conflicto los planes económicos previos a la Dana con la reconstrucción en el presupuesto del Consell?
Según Francisco Pérez, la respuesta a si entrarán en conflicto objetivos que estaban pensados para otras partes de un territorio con la respuesta a la emergencia por la Dana es que "por un lado sí y por otro, no". El lado por el que no, según Pérez, es que "una parte de las respuestas, el esfuerzo especial que se debe producir para la zona de la Dana se hará desde fuera, no desde la Comunitat Valenciana". Y explica que, la parte sustencial de los recursos llegan desde otras partes como el Gobierno Central o el Consorcio de Compensación de Seguros. Otro motivo que aduce es que lo que la Generalitat Valenciana realiza desde la administración autonómica "en buena medida, lo va a hacer con un añadido a su endeudamiento".
En este caso, asegura el economista este tipo de acciones "se entienden porque sería una actuación one-off", es decir, por una sola vez y su autorización sería más flexible. Otro motivo es que la Generalitat ha pedido financiación Extra FLA al Gobierno central, que "ya ha dicho que lo va a conceder". No obstante, Pérez no pone la mano en el fuego para confirmar que esas acciones por la Dana no vayan a "perjudicar las prioridades de otros sitios. No se puede estar seguro", afirma, ni desde el punto de vista financiero ni de gestión.
Además, sobre la cuestión de cómo compatibilizar medidas de bajadas de impuestos como las que ha implantado -o planteado- el gobierno autonómico de Carlos Mazón hasta el momento, con la necesidad de invertir en infraestructuras y reconstrucción tras la Dana, y, en general, para los planes para la Comunitat Valenciana, Pérez mantiene que " si tomas una decisión de bajar impuestos que se traduce en una caída de recaudación, eso limita tu capacidad de gastar". Eso sí, apunta a que "muchas veces, la determinación de cuál es el efecto de una subida o una bajada de impuestos es complicada, porque además de esas decisiones, pasan simultáneamente otras cosas".
Y ejemplifica asegurando que una bajada de impuestos al tiempo que crece la economía de forma muy significativa, no tendría por qué suponer que la economía se resienta. Y pone en un marco aparte para analizar las que podrían ser "medidas fiscales que tengan que ver directamente con la catástrofe", como, por ejemplo, "exenciones de impuestos a contribuyentes afectados por la Dana". En cualquier caso, afirma que es un tema "para mirar despacio que, en ocasiones, puede tener sentido".
"Hay que poner el foco en los activos destruidos"
Según Pérez, en el análisis del Ivie, son importantes varios aspectos básicos para valorar el impacto económico de la Dana. Y son el impacto en activos públicos y privados; su efecto en los flujos económicos y el tiempo de recuperación y la heterogeneidad de impactos por municipios y, dentro de ellos, en áreas determinadas y en ramas de actividad. El plan, en concreto, analiza la pérdida de activos privados y públicos (viviendas, superficies edificaciones e instalaciones comerciales, o industriales y agrícolas, maquinaria, equipamiento e infraestructuras de todo tipo de recursos materiales), es decir la riqueza de las zonas afectadas por las inundaciones. Además de estudiar el stock de capital destruido se revisan el impacto de la Dana sobre el empleo y el PIB, así como el limitado esfuerzo inversor en infraestructuras hidráulicas, la elevada concentración de actividad económica en las zonas inundadas o los riesgos crecientes de eventos climatológicos extremos.
Además, los autores del estudio formulan algunas recomendaciones para gestionar la reconstrucción. Según las estimaciones de Cámara Valencia y AVA-Asaja, solo los daños en los activos de las empresas ya superarían los 13.000 millones de euros. Si añadimos a esa cifra unos reducidos porcentajes de daños en el stock de viviendas -las situadas en bajos- y teniendo en cuenta la importante destrucción de infraestructuras (unos 2.900 millones de euros según estimaciones del Ministerio de Transportes y la Generalitat Valenciana), pueden haberse perdido en conjunto, al menos, el 20% de los activos totales. En ese escenario, la magnitud de las pérdidas superaría fácilmente los 17.000 millones de euros, una cifra muy superior a las estimadas en términos de reducción del PIB de 2024.
El informe destaca, además, un "contraste entre la intensa ocupación de la zona y su carácter inundable, por un lado, y el limitado esfuerzo inversor en infraestructuras hidráulicas durante los últimos quince años, por otro". "De unas cifras anuales de inversión en infraestructuras hidráulicas en la provincia de Valencia situadas en el entorno de los 200 millones de euros, se pasa a menos de 50 millones al año a partir de 2011, lo que supone una caída del 75% que se prolonga hasta los años más recientes" explican desde el informe. Aseguran que eso ha provocado que se "aplacen nuevos proyectos y ni siquiera se cubre la depreciación del capital acumulado previamente". En este caso, el informe destaca que una "insuficiente política de inversiones" crea efectos "más graves por las características del territorio, particularmente vulnerable a las inundaciones y entre los más amenazados por los crecientes riesgos derivados del cambio climático y los eventos climatológicos extremos".
Recomendaciones para afrontar la reconstrucción tras la Dana
En cualquier caso, también han puesto de relieve recomendaciones para la reconstrucción tras la Dana, que pasan por que "la estimación de las pérdidas de activos debe ser la referencia fundamental para cuantificar la necesidad de ayudas directas para la reconstrucción". Reclaman, además que las ayudas tengan "potencia, agilidad y duración para responder a la magnitud del desastre". Además, es "necesario construir un sistema de indicadores que permita monitorizar la recuperación con el fin de impulsarla, advirtiendo del riesgo que supondría el estancamiento de las zonas más dañadas".
Por otra parte, Pérez ha ansalzado "el potencial que tienen las nuevas herramientas de análisis, como las de georreferenciación, para realizar un diagnóstico más completo, detallado y riguroso y sería conveniente "anunciar un plan de acción para prevenir y amortiguar los daños de futuros eventos climatológicos extremos", "revisar en el futuro el ranking de prioridades de distribución del gasto público" y "aumentar el esfuerzo inversor en infraestructuras hidráulicas, y un adecuado diseño y localización de todo tipo de infraestructuras".
También reclama aprovechar la estrategia de recuperación para modernizar y mejorar el tejido productivo valenciano y complementar las inversiones tangibles en prevención con otras en activos intangibles, que permitan contar con una "potente organización de respuesta a las emergencias, dotaciones adecuadas de personal especializado y formado, entrenamiento de la ciudadanía para reaccionar adecuadamente frente a las catástrofes".
