MADRID  (EFE). Los países del Consejo de Europa instan a España a que los procedimientos judiciales puedan llevarse a cabo en las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas donde están reconocidas si una parte lo pide para procesos criminales, civiles o administrativos.

En una recomendación adoptada este martes, el Comité de Ministros, que representa a los países miembros de la organización, respalda todas las observaciones y peticiones de los expertos en el informe sobre la Carta de Lenguas Regionales y Minoritarias en España que publicaron el pasado 24 de septiembre, pero establece seis prioridades a partir de ese documento.

Entre ellas figura el hecho de que los tribunales garanticen que, si una de las partes lo reclama, se puedan llevar a cabo los procedimientos en la lengua cooficial, es decir en catalán o aranés en Cataluña, en catalán en Baleares, en euskera en el País Vasco y Navarra, en gallego en Galicia y en valenciano en la Comunitat Valenciana.

Los ministros consideran que en esas mismas comunidades sus respectivas lenguas cooficiales deberían estar garantizadas en la educación "en todos los niveles apropiados".

Los ciudadanos, además, deberían poder dirigirse e interactuar en esas lenguas con las delegaciones de la Administración central.

En su informe de septiembre, los expertos del Consejo de Europa hacían notar que la mayoría de las instancias judiciales "no atienden las peticiones para recibir documentación" y que no está garantizado que los tribunales las utilicen en sus procedimientos.

Aunque reconocían que no hay datos recopilados a nivel estatal, indicaban que "es bien sabido" que "casi nunca se utilizan" ni en las audiencias, ni en los dictámenes, ni en los documentos o en la correspondencia con las partes.

Sobre la Administración del Estado en esas comunidades autónomas, afirmaban que "sigue siendo muy baja" la proporción de la plantilla que tiene conocimiento como para trabajar con la lengua cooficial y además "muchos textos administrativos y formularios continúan estando disponibles sólo en castellano".

El Comité de Ministros también destaca entre sus seis recomendaciones prioritarias dos referidas a lenguas minoritarias que no tienen el mismo carácter cooficial, pero que están reconocidas en otras comunidades o ciudades autónomas.

Así, reclaman una acción "inmediata y decidida" para proteger y salvaguardar el aragonés y el catalán en Aragón, el leonés en Castilla y León, el valenciano en Murcia, el dariya y el amazigh en Ceuta y Melilla, así como sus respectivas culturas.

En paralelo, solicitan que se garantice la enseñanza y el estudio "en todos los niveles apropiados" del amazigh y el dariya en Ceuta y Melilla, el leonés en Castilla y León y la fala en Extremadura.

En el texto adoptado, el Comité de Ministros no incluyó entre sus recomendaciones prioritarias uno de los puntos más controvertidos del informe de los expertos, en el que estos estimaban que las sentencias judiciales que imponen un mínimo de clases en castellano infringen los compromisos que España ha asumido para proteger las lenguas regionales o minoritarias.