ELCHE. En el pasado pleno del lunes el concejal de Vox, Samuel Ruiz, ya sugirió que tenía del exalcalde Carlos González información 'sensible'. En consonancia, este jueves ha desvelado que el ahora concejal en la oposición, que tiene dedicación parcial al 75% compaginada con la abogacía, asesora a Ayuntamientos del entorno de gobierno socialista. Unos asesoramientos por los que cobra por su actividad de abogado, algo "inmoral" a juicio del edil de Vox, que indica que lo están mirando desde sus equipos jurídicos. A juicio del PSOE, se trata de una estrategia de "distracción" sobre la licencia exprés del alcalde Pablo Ruz, a quien realizaron también en el pleno varias preguntas que no fueron respondidas.

Un asunto aún más 'sangrante' para Ruiz porque el exalcalde percibe 34.164 euros anuales de las arcas municipales "sin haber ejercido en más de dos años y medio labor alguna como edil. En este tiempo no le hemos escuchado ni una sola palabra", recordando que no ha intervenido en plenos, no ha defendido ninguna moción ni ha dado una rueda de prensa. "Absolutamente nada", critica el concejal. 

Contratos menores en Algueña y San Miguel de Salinas

Sobre esta cuestión, la formación subraya que han sido varios contratos adjudicados "a dedo", es decir, contratos menores, en ayuntamientos socialistas, como el de Algueña, con un contrato de asistencia técnica integral por valor de 11.616 euros y otro contrato adicional por 1.694 euros para asistencia técnica y jurídica integral para la licitación de seguros del Ayuntamiento de Algueña. Ambos con duración de un año y firmados en 2025. Y también el del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas (donde hubo la suya y otra oferta), otro contrato por valor de 3.600 euros, también de asesoramiento anual, rubricado en noviembre de 2024.

"En Algueña van a pagar más por el tasazo del señor González que el del señor Sánchez", declara el concejal. Ruiz ha recordado que La Algueña cuenta con 1.342 habitantes, "lo que supone un coste de unos 100 euros por ciudadano del municipio". 

Por su parte, y con la misma estrategia que lleva el Partido Popular para desgastar y deslegitimar al PSOE, se dirige al secretario general local, Alejandro Soler: "¿Es ético cobrar varios sueldos públicos a dedo en ayuntamientos socialistas mientras se perciben más de 34.000 euros de los impuestos de los ilicitanos sin haber abierto la boca en dos años y medio?". El edil pregunta si es legítimo que su exalcalde mantenga varios sueldos públicos a costa de diferentes administraciones donde gobierna el PSOE.

"Quizá sea legal, eso lo determinarán los equipos jurídicos, pero lo que los ilicitanos quieren saber es si el PSOE es capaz de defender esta práctica como ética sin que se les caiga la cara de vergüenza", concluye Ruiz, que con ello también abre el debate sobre las dedicaciones parciales de la corporación.

Una distracción

Para el portavoz socialista, Héctor Díez, estas declaraciones no son más que una "maniobra de distracción" para que no se hable de la licencia de Pablo Ruz, "concedida en dos meses y diez días", incide. Díez ha subrayado que todavía no se han dado explicaciones "coherentes" sobre por qué la ciudadanía debe esperar una media de ocho meses para obtener este tipo de permisos urbanísticos, "mientras que Ruz ha disfrutado presuntamente de un trámite exprés, en tan solo dos meses y diez días".

Asimismo, Díez también considera que con esta intervención también pretende desviar el foco de concejales del PP y de Vox que también están al 75% —como el propio Ruiz— "y sí trabajan en sus negocios". Tal y como ha señalado, si bien los miembros de la oposición sí tienen acceso a información municipal, "los del equipo de gobierno, además cuentan con capacidad de decisión en la administración local sobre dichos datos". Con ello ha aprovechado para recordar que el responsable de Hacienda y Urbanismo, Francisco José Soler, ahora al 75% y compaginando con su asesoría, "es el encargado de los tributos municipales y las licencias urbanísticas; una función pública que compatibilizará con su profesión de asesor jurídico-fiscal".

Díez recuerda que González, como miembro de la oposición en el Ayuntamiento, no cuenta con responsabilidades ejecutivas, "y su capacidad de decisión es nula en el ámbito administrativo local". Y contesta a Ruiz que no sería el más indicado para esta denuncia porque está pendiente de juicio oral por un delito de revelación de secretos. El concejal socialista zanja en el comunicado declarando que no les van a aplacar en su fiscalización. "No nos van a callar ni a acobardar".