ELCHE. La unión vecinal ha dado un paso firme en Peña de las Águilas y Llano de San José de Elche con la constitución de la Asociación de Afectados de ambas pedanías (A.A.P.A.), nacida con el objetivo de exigir mejoras urgentes en infraestructuras y servicios básicos que, denuncian, han sido sistemáticamente ignorados pese a las obligaciones fiscales que asumen como suelo urbano desde hace más de 25 años.

La convocatoria para la creación de esta nueva entidad fue un éxito rotundo, congregando a numerosos vecinos que compartieron inquietudes comunes y reclamaron soluciones a problemas persistentes como la falta de red de alcantarillado, asfaltado deficiente, iluminación pública insuficiente, escasa presencia policial, carencias en el transporte público, accesos inseguros, falta de señalización y ausencia de aceras y carriles bici. A estas demandas se suma la necesidad de adaptar el tráfico a las características residenciales de la zona y fomentar la seguridad vial y la sociabilidad del vecindario.

Reivindicación justa tras años de contribuciones sin retorno

Desde 1998, las parcelas de ambas pedanías fueron reclasificadas como suelo urbano, lo que supuso un incremento del IBI de entre 6 y 10 veces respecto al rústico anterior. A pesar de ello, denuncian los vecinos, los servicios esenciales no han acompañado esta recalificación, generando una situación de agravio comparativo respecto al resto de zonas urbanas de Elche.

El colectivo vecinal subraya que la recaudación anual por este concepto asciende a entre 2 y 3 millones de euros, una cuantía que consideran debería revertirse en mayor medida en las propias pedanías, sin restar la importancia de colaborar al sostenimiento de la ciudad en su conjunto.

La asociación reconoce avances realizados en años anteriores, como el centro social, tramos de alcantarillado y algunas mejoras de aceras y pasos de peatones, gracias a la labor previa de la Asociación de Vecinos de la Peña. Sin embargo, considera que estos esfuerzos han sido insuficientes y discontinuos, y ahora reclaman una planificación seria, comprometida y sostenida.

El alcantarillado, una deuda histórica

Uno de los principales reclamos gira en torno al alcantarillado. La asociación recuerda que en 2010 el Estado destinó 11 millones de euros para dotar de red de saneamiento a la Peña de las Águilas, con competencia transferida a la Confederación Hidrográfica del Segura. El objetivo era sustituir las fosas sépticas de más de 700 viviendas unifamiliares, que suponen un grave riesgo de contaminación y sanciones medioambientales. Sin embargo, la ejecución del proyecto ha estado estancada durante más de una década.

Incluso una sentencia judicial habría obligado al Ayuntamiento de Elche a ejecutar las obras del alcantarillado en la zona, lo que refuerza, según la Asociación, la urgencia e importancia de cumplir con este derecho básico.

Críticas a la gestión municipal

La reciente respuesta del alcalde Pablo Ruz ha generado malestar entre los vecinos. Ruz negó tajantemente que no se estuviera invirtiendo en las pedanías y mencionó actuaciones como la limpieza del barranco de Los Arcos y la instalación de farolas solares. Para la asocaciación., estas acciones resultan claramente insuficientes y no justifican el uso de los fondos recaudados por el IBI urbano. Además, recuerdan que la limpieza de barrancos es una competencia estatal o de las confederaciones hidrográficas, por lo que no debería considerarse como una inversión municipal específica en las pedanías.

La asociación también reprocha al alcalde el cambio de actitud respecto a sus años en la oposición, cuando denunció activamente el abandono de Peña de las Águilas y Llano de San José, exigiendo mejoras como mayor presencia policial, transporte público y mantenimiento general. En 2018, Ruz llegó a calificar la situación como “inadmisible” y prometió priorizar las necesidades de estas zonas.

Una propuesta de entendimiento y compromiso

El colectivo vecinal no busca confrontación política ni entrar en una dinámica de reproches, sino soluciones. Sus representantes insisten en que es posible alcanzar acuerdos entre la ciudadanía y la administración municipal para activar las inversiones necesarias, tanto a corto como a largo plazo, coordinando los recursos de las distintas administraciones involucradas: Ayuntamiento, Generalitat, Estado y Confederación Hidrográfica.

Los vecinos de estas pedanías confían en que el respaldo social con el que nace la Asociación refuerce su capacidad de negociación y obligue a los responsables públicos a atender las demandas de una comunidad que, tras más de dos décadas de espera, solo pide justicia fiscal y dignidad en los servicios.