ELCHE. El pasado mes de abril la Dirección General de Urbanismo emitía el informe de impacto ambiental favorable al proyecto de urbanización del Plan parcial del sector E-49, que daría como resultado ese nuevo sector. En él se ubicaría la ampliación de Elche Parque Empresarial. Un paso dentro de la consulta pública del Programa de Actuación Integrada (PAI) presentado en diciembre y que ordena este nuevo sector. Como era conocido, Urbanismo se encontraba resolviendo alegaciones vecinales. En ellas, denuncian indemnizaciones "irrisorias", cuando no "erróneas", además de tener que asumir unos altos costes de urbanización o aseverar que no hay estudios actualizados de inundabilidad. Piden la nulidad del PAI del sector.

Cargas de urbanización, inundabilidad y zona de ampliación

En este sentido, sostienen que el PAI "presenta serias irregularidades". La primera de ellas la elección para la extensión del enclave en una zona con alto riesgo de inundación y que está separada del parque actual, lo que a su juicio "genera sobrecostes de urbanización millonarios". Además, denuncian también que el pago de las altas cargas de urbanización solo se permite en efectivo y no mediante la cesión de terrenos, lo que advierten que excluye a pequeños propietarios del desarrollo del sector, añadiendo que ello "afecta directamente a su viabilidad".

Además, añaden que las valoraciones e indemnizaciones son "insuficientes" y la ausencia de estudios actualizados sobre el riesgo de inundaciones. Un matiz en el que inciden, "actualizados", ya que el proyecto, elaborado en su día por la consultora Idom, sí consta que realizó análisis de inundabilidad, cotejados con la antigua conselleria de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Júcar en 2020. 

Sobre esta cuestión, una de las propietarias afectadas, J.B.S., señala que el sector debería haberse ubicado de forma contigua al parque empresarial existente, aprovechando sus infraestructuras. "En su lugar, se ha situado en un área inundable, los propietarios se ven obligados a asumir los mayores costes del plan solo para hacer viable su urbanización”, lamenta, e indica que en sus alegaciones presentadas se han incluido imágenes y referencias que documentan los daños provocados por riadas previas en esa misma zona.

Riesgo de inundación por el Patricova

A priori, el diseño planteado del futuro sector contempla un gran parque inundable con tanques de tormenta que asumiría las posibles riadas. No obstante, también cabe mencionar que en el trámite de evaluación ambiental simplificada, el aprobado el pasado mes de abril, en el informe de la Dirección General consta que entre las entidades o consellerias que no han respondido en este trámite está la CHJ (además del Servicio de Paisaje, Gestión de Riesgos en el Territorio y la Dirección General de Cultura y Patrimonio). El propio informe que dio el visto bueno ambiental el mes pasado explicita que gran parte del área está afectada por el Patricova (plan de inundabilidad autonómico) con peligrosidad geomorfológica de inundación.

“Indemnizaciones irrisorias”

Por otro lado, cargan contra las indemnizaciones previstas por el suelo, calificándolas de "irrisorias y erróneas". Según los informes técnicos aportados por los alegantes, estas valoraciones "no reflejan la realidad del mercado ni los costes reales", por tanto, la consistencia del plan subrayan que se ve "comprometida". Los vecinos afectados critican también que entre las cargas del sector se incluya la rehabilitación de la Casa de la Mina, "un edificio sin relación directa con la ampliación". Consideran que este gasto debería ser asumido por el Ayuntamiento y no por los propietarios del sector. Cabe recordar que se trata de un inmueble protegido por el catálogo. Asimismo, entre otras cuestiones, el PAI indica que el Ayuntamiento tendrá que expropiar diez fincas por más de 760.000 euros.

En definitiva, y por ello, los afectados han solicitado la nulidad del PAI del sector E-49 y que se anule su catalogación de 'suelo urbanizable', recuperando su clasificación original como 'no urbanizable'. También han pedido la intervención de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Generalitat Valenciana para revisar la viabilidad del proyecto. Esto último, algo que a priori se estaría realizando porque es la propia Generalitat la que el pasado mes de abril otorgó el informe ambiental favorable mediante la evaluación simplificada. 

"Respeto a las alegaciones"

Por su parte, el alcalde Pablo Ruz señalaba este martes que contaban de antemano con las alegaciones de los afectados. "Respeto máximo a ellas, pero luego por encima de las alegaciones siempre está la legalidad" y recuerda que también "está la potestad del Ayuntamiento para transformar un entorno. No hay más". El regidor defiende que toda la tramitación con la administración está solventada y que la CHJ dio su visto bueno con el informe favorable. 

"Entiendo e insisto, los propietarios puedan alegar como cualquier propietario,  y no estar conformes con las indemnizaciones, obviamente como en en cualquier expropiación, es lo normal". Pero incide en que lo previsible es seguir adelante con la ampliación, y no cree que esto vaya a retrasar la actuación. "Este año tiene que ser el de dejar por lo menos las obras adjudicadas", finaliza. Paralelamente, este miércoles tienen reunión de seguimiento de la ampliación. "Estamos teniendo reunión todos los meses".