ELCHE. La renovación de la nueva contrata de limpieza de colegios y dependencias municipales de Elche, incluyendo algunas de las nuevas dotaciones, desde el pabellón inclusivo hasta Jayton, sigue paralizada. El pasado mes de abril una de las mercantiles que se presentó al concurso, Clece, recurrió al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) la adjudicación a la UTE formada por FCC y Obras P. Selva, actuales prestatarios del servicio, y cuya propuesta se formalizó por 10,2 millones de euros. El procedimiento sigue aún paralizado, lo que de forma colateral ha hecho que el Ayuntamiento tenga que seguir liquidando facturas a los actuales contratistas, esta vez, por valor de 450.000 euros, porque no se puede prescindir del servicio.
Se da la circunstancia de que de las cuatro compañías que se presentaron, Clece quedó la segunda en ambos lotes, tanto en el de colegios como en el de dependencias municipales. La compañía interpuso recurso especial en materia de contratación contra el acuerdo de adjudicación del procedimiento, lo cual paralizó de forma automática el expediente de forma cautelar. Además, según el tribunal, "se pone de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse del levantamiento de la suspensión son de difícil o imposible reparación, por lo que procede acordar el mantenimiento".
Tres meses de espera a la resolución y desequilibrio económico
La cuestión, según apunta el concejal Claudio Guilabert es que el servicio sigue en fase de resolución, y de ahí que el Ayuntamiento siga liquidando facturas en favor de la actual adjudicataria, que en este caso se da la circunstancia de que es la misma UTE, porque se ha de seguir prestando el servicio aunque esté ya caducado desde hace dos años. Colateralmente, son facturas que se emiten con omisión de fiscalización: los conocidos reparos.
Sendas compañías, además, siguen sufriendo, según apunta el edil, el desfase económico que venía arrastrando, ya que se les adjudicó el anterior servicio antes de la aprobación del nuevo convenio colectivo para las 140 trabajadoras, cuya entrada en vigor supuso que las empresas entraran en desequilibrio económico, lo cual se demostró ante Contratación, y que supone de facto que la administración entraba en enriquecimiento ilícito al tener a una adjudicataria que presta el servicio con déficit.
En retrospectiva, por ese déficit, se resolvió el contrato para volver a sacar a concurrencia pública, la cual ahora se encuentra bloqueada. Se dobló el precio de partida del contrato, contemplando la mejora salarial de la plantilla de limpiadoras, que aumentó un 12% con el nuevo convenio colectivo, motivo por el que la actual adjudicataria pidió esas compensaciones al Ayuntamiento.
La situación de las trabajadoras había venido siendo un quebradero de cabeza, primero para ellas porque tenían un convenio nuevo que estaba sin aplicación, y después para la adjudicataria, la UTE FCC y Obras y Servicios P. Selva, que se hicieron con el servicio tres meses antes de que se firmase el convenio, por lo que cuando empezaron a aplicarlo, entraron en 'desequilibrio económico' y pedían al Ayuntamiento compensaciones que les fueron rechazadas, aunque a posteriori sí se reconoció por parte municipal.
Ahora, con el nuevo acuerdo laboral y la inversión municipal incrementada para el contraro, a priori ya debería todo quedar despejado. Sin embargo, este recurso mantiene todavía paralizada esa renovación y de ahí que el Ejecutivo local tenga que seguir liquidando estas facturas fuera de contrato por el servicio.
