SANTA POLA. Los dos grupos de la oposición de Santa Pola, PSPV y Més Santa Pola, se han pronunciado este viernes sobre el fallo de la Audiencia de Alicante que condena al ex alcalde popular Miguel Zaragoza a seis años y medio de prisión por el caso de la clínica Gran Alacant. Ambos culpan a la actual alcaldesa, Loreto Serrano, no de no haber defendido los intereses del ayuntamiento en este asunto. 

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Santa Pola ha emitido un comunicado en el que sostien que,  la sentencia, aunque esperada, ha supuesto una "sorpresa" por el tiempo transcurrido desde la celebración del juicio oral, que tuvo lugar hace casi un año. La causa se originó en 2016, cuando el entonces equipo de gobierno socialista liderado por la alcaldesa Yolanda Seva denunció diversas irregularidades ocurridas durante los doce años de mandato de Zaragoza. Parte de estas denuncias fueron admitidas por la Fiscalía, dando lugar a varios procedimientos judiciales.

El PSOE lamenta que “otro alcalde del Partido Popular de Santa Pola” haya sido condenado por corrupción, y recalca que los cargos públicos “deben velar por los intereses generales con honestidad y transparencia”.

Asimismo, los socialistas critican duramente a la actual alcaldesa, Loreto Serrano (PP), por retirar al Ayuntamiento como acusación particular en el proceso, lo que, a su juicio, ha dejado al municipio “indefenso” ante unos hechos de extrema gravedad.

“Ni estamos contentos con la condena ni con la actuación de quienes, pudiendo defender al Ayuntamiento, no lo hicieron”, subraya el texto, que exige explicaciones públicas a Serrano tanto en su calidad de alcaldesa como por su participación en anteriores equipos de gobierno junto a Miguel Zaragoza. El PSOE concluye su comunicado reafirmando que “la política debe ser un servicio público al interés general y no un instrumento al servicio de intereses personales”.

Estevez Ruiz, portavoz de Més Santa Pola, ha recordado que la primera decisión que adoptó Loreto Serrano como alcaldesa fue contratar a un abogado, con 15.000 euros del presupuesto municipal, para retirar la acussación particular del caso y que el ayuntamiento no defendiera sus intereses. "Menos mal que la Fiscalía Anticorrupción siguió con la denuncia; por lo tanto, Loreto Serrano y su equipo de gobieno son cómplices de la corrupción; si tuviera algo de dignidad, dimitiría", ha afirmado Ruiz.