ELCHE. El pasado mes de diciembre, finalizando el año, el equipo de gobierno formalizó la anunciada compraventa del inmueble de Nuevos Riegos El Progreso. Una compra por 777.146,7 euros (642.270 euros, más IVA), más una indemnización de 141.668 euros como acuerdo transaccional de responsabilidad, ya que la propiedad había demandado al Consistorio. En total, unos 920.000 euros. A este respecto, la propiedad exigía al Ayuntamiento un total de 103.969,29 euros en concepto de reparación de los gastos de toda la gestión del proyecto inmobiliario (licencias, derribo, servicios técnicos, etc.), señalando que esto eran en todo caso gastos provisionales, pudiendo ampliarlos, y un valor de lucro cesante de 306.672,87 euros. Es decir, el dinero que habían dejado de percibir si no se hubiera paralizado el derribo y hubieran tenido el nuevo inmueble operativo, como estaba previsto, en 2020. En total, una suma que ascendía a 410.642,16 euros, según ha podido conocer este diario.

Un lucro cesante de más de 300.000 euros, rechazado por el Ayuntamiento y el CJC

Ya en el pasado 2022, como contó Plaza, los propietarios ya exigían daños y perjuicios y se abrían a una venta o permuta del solar y construcción. En la comparecencia por la compra del edificio, el edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, no desveló cuánto pedía la propiedad, pero sí que con el acuerdo de indemnización de los 141.668 euros se evitaba una demanda "muy superior". Es decir, esos más de 400.000 euros, si bien el Ayuntamiento pagó por este concepto la cuarta parte. Más los 777.000 euros de la compra. A este respecto, la arquitecta municipal emitió un informe teniendo en cuenta los gastos de licencias, notarías, abogados y demás, cifrando en 108.194,86 euros los gastos de gestión indemnizables. Eso sí, dejando el lucro cesante correspondiente en solo 33.472,94 euros (correspondiente al beneficio mensual de 712,19 euros mensuales desde 47 meses desde junio de 2020).

Los propietarios, así como una mercantil a la que habían transmitido su participación en el inmueble, declararon su conformidad con el informe municipal en cuanto a la indemnización por la gestión, pero no por el lucro cesante, por lo que el Ayuntamiento elevó en noviembre al Consell Jurídic Consultiu (CJC) la duda sobre el procedimiento para dirimir la situación. Los propietarios seguían exigiendo su parte del lucro cesante, pero podían aceptar el informe de tasación y la propuesta indemnizatoria "si finalmente, tal y como se ha anunciado por el equipo de gobierno se formalizara la compra del inmueble en las condiciones acordadas". Lo que a la postre sucedió. El CJC daba su beneplácito a la indemnización de 141.668 euros a reconocer a partes iguales entre los tres propietarios y la mercantil, obviando su exigencia de lucro cesante, a tenor de la relación de hitos de todo el procedimiento, desde la concesión de la licencia, la paralización in extremis del derribo o la sentencia condenatoria.

Compraventa que aplacó una demanda mayor

Como finalmente hubo conformidad parcial gracias al condicionante de terminación del procedimiento por la compra del edficio, la demanda de más de 300.000 euros de lucro cesante no fue a más. Las negociaciones llegaron a buen puerto, después de que en mayo de 2024 los dueños del inmueble solicitaran el impulso de la tramitación del expediente de responsabilidad patrimonial, y que llevó hasta septiembre con el informe de la arquitecta aminorando las cuantías que se pedían. En cuanto al inmueble, ya de propiedad municipal, a priori podría destinarse a oficinas municipales, en especial ahora que el Ayuntamiento quiere desprenderse de arrendamientos por oficinas de sus departamentos. Además, el Consistorio ya cuenta con una propuesta de diseño de uno de los arquitectos municipales. 

Coste de construcción de 1,3 millones

Por último, y como curiosidad, el informe municipal sobre el lucro cesante que correspondería al que ha tenido acceso este diario, planteaba que el coste de construcción del edificio habría estado en torno a los 1,3 millones de euros. Y recuerda el CJC por su parte, en base al vía crucis urbanístico y judicial de tantos años, que "tal y como se expone en la referida propuesta, debe considerarse el deber de indemnizar por parte de la Administración local, pues como se dictamina en las sentencias dictadas, concedió unas licencias prescindiendo de los trámites necesarios a tal efecto, ya que no hubo comunicación de los títulos a la Conselleria ni realizado las necesarias retrospecciones arqueológicas cuando se constataron restos arqueológicos en la zona, por otro lado, incluida en el Núcleo Histórico Tradicional del PGOU en vigor, en el momento de la concesión de las licencias".