ELCHE. El Partido Popular ha dejado solo a sus socios de Vox con los que forman gobierno en su moción por instar al Gobierno a paralizar el proceso extraordinario de regulación de migrantes. No es la primera vez que ocurre, en cualquier caso, la anunciada propuesta, que contó con los votos en contra de PP, PSOE y Compromís, partía de un argumentario que en su mayoría fue ya advertido y desmontado por la fundación Elche Acoge cuando inició el proceso de regularización, señalando los bulos o prejuicios que ya sonaban y que fueron expuestos por Vox en el pleno de este lunes. Del "efecto llamada" al "colapso de los servicio públicos", estas fueron las cuestiones abordadas.

El discurso previsto de Vox

En primer lugar, la portavoz Aurora Rodil planteaba en la presentación que la moción "no va contra las personas inmigrantes, sino contra políticas irresponsables que producen un efecto llamada y merman las capacidades de los servicios públicos". Decisiones que atribuye al PSOE y a Bruselas y que "pagan los Ayuntamientos", lo cual, apuntaba, se traducía en "centros de salud saturados, servicios públicos colapsados", a lo que añadía que las ayudas de emergencia son insuficientes y que en los barrios hay más presión asistencial. Mientras, intentaba reforzar la idea de que la moción no iba contra los migrantes, como lo fue ella, "que vinimos a respetar los derechos y las leyes".

Así, Vox vuelve a señalar este proceso como uno que supondrá "listas de espera crecientes" y una presión en los servicios que impedirá que los utilicen "las personas con recursos limitados", agregando que la gente mayor espera ayudas de dependencia, lamentando que no se ha calculado "el impacto real en los municipios". Además, la portavoz y teniente de alcalde de la formación ultraconservadora cuestiona que las personas que se han apuntado a la regularización sean vulnerables. "En los papeles sí", dejando entrever que no así en la realidad. "Los recursos deben destinarse a quienes los sostienen y los necesitan". Y finalizaba añadiendo que "no puede servir una declaración responsable, ni que la solidaridad esté por encima de la seguridad de nuestros vecinos", reclamando más dinero a comunidades y Gobierno para hacer frente. 

Los datos que aportó Elche Acoge preventivamente

En este sentido, y en previsión de estos discursos, el pasado mes de abril, al poco del inicio del proceso, la fundación Elche Acoge, que realiza trabajos de integración de la comunidad migrante en la ciudad, ofrecía una rueda de prensa para abordar las cuestiones administrativas de este procedimiento. Y al respecto, la coordinadora Trini Urbán apuntaba en primer lugar que "no se trata de una simple declaración responsable, como se ha llegado a decir" —y en este caso, se sigue diciendo—, de lo cual es muestra el proceso de recogida de distinta documentación que hay que recoger. Entre ella, un certificado de estar libre de antecedentes penales en los últimos cinco años, lo cual además, apuntaba a que ya se sabía que hay países que no colaborarán o que será difícil que expidan estos documentos. Algunos de ellos son Cuba, Argelia, Nigeria, Mali o Guinea Conakry.

Otros argumentos vertidos fueron que este proceso facilitaba el "efecto llamada" de otros migrantes, o que saturaban los servicios públicos. Sin embargo, la coordinadora de la fundación explicaba que se trata de un mecanismo excepcional que solo durará un año y es para personas que ya están aquí de forma irregular, y previamente a 2026, por lo que nunca será válido para migrantes que puedan venir ahora o tras conocer esta decisión. El propio discurso de Vox, asimismo, incluía dos realidades que no son compatibles, si se pone en duda que hay vulnerabilidad, no se puede argumentar al mismo tiempo que colapsan los Servicios Sociales, que es a donde acude gente en esa situación.

Urbán añadía que además de que la situación técnica de estas personas no es "ilegal" sino "irregular a nivel administrativo", precisamente el que puedan tener ahora contratos legales a nivel laboral o inmobiliario, permitirá a este colectivo desahogar Servicios Sociales al no requerir de algún tipo de ayudas y "salir de ese circuito al que recuerda se ven obligados a acudir por esa situación irregular". Para Urbán la regularización "reducirá la presión asistencial de un sistema que los explota". Asimismo, el pasado año un acto de la patronal, mutuas e instituciones económicas subrayaba el pasado año que el 'absentismo' y las incapacidades en la provincia es más bajo entre los trabajadores migrantes, y uno de los motivos puede apuntar precisamente a que al no tener una cobertura legal ni red de apoyo no se pueden permitir faltar en su puesto de trabajo.

Por último, aunque en su argumentario Rodil también aseguró que esta regularización, la séptima de la democracia (tanto a izquierda como a derecha), "busca el voto cautivo", la realidad es que este proceso, solo para un año, no da derecho al voto. Mediante estos instrumentos, solo en casos muy concretos, exponía Urbán, "es muy difícil el derecho al voto, únicamente en el caso de elecciones locales, y si hay convenio en este sentido con el país de origen". Para el sufragio en las nacionales siempre será necesaria la nacionalidad, un proceso que puede tardar entre uno y diez años dependiendo de la situación de la persona y su procedencia. 

Más enfrentamiento en el debate con un PP de espectador

En cuanto al debate plenario, desde el PSOE el concejal Mariano Valera apuntaba que Vox "se dedica a fabricar miedo", y que lo suyo era "puro teatro", apoyándose en laas palabras de la concejal de Acción Social, Celia Lastra, por la contradicción en el seno del equipo de gobierno: "El Ayuntamiento ha reforzado la oficina Pangea para destinar lo que sea en cuanto a recursos para este trámite. Critican en público pero en privado ponen recursos". Según el edil, Lastra también ha reconocido que tras las largas colas de los primeros días, la tramitación ha ido después "con normalidad, con goteo de gente".

Valera también invocaba la religión como católico frente a Vox, "no se puede ir el domingo a misa y dar una orden de repatriación y señalar al migrante el lunes", y apelaba a Rodil a leer versículos del Evangelio sobre los refugiados —de quienes Rodil negó que vinieran "por guerra o pobreza, solo porque no hay control"—. La concejal de Vox le contestó que ellos siguen la doctrina social de la Iglesia, que son una derecha social, y que están en contra de un proceso de regulación "que no es ordenado". Además de reprochar a Valera, que siendo también creyente, defienda el aborto.

Por Compromís, Esther Díez calificó la moción de "racista", lo que le "avergüenza". Acusó a Vox de "enfrentar al último con el penúltimo para que los poderosos sigan beneficiándose", recordando su voto en contra del escudo social, de "enfrentarse al profesorado y decaer caer la sanidad pública".

En última instancia, el Partido Popular, que ya ha tenido varios sobresaltos recientes, especialmente con el del aborto que llegó a nivel nacional, y con el que hizo marcha atrás poco después en pleno, votó en contra de la moción, interviniendo solo al final para explicar el voto. Justificó que había que cumplir con la ley, a pesar de considerar que el proceso está mal planteado y que han tenido que reorganizar los servicios, "con los Ayuntamientos soportando todo el peso", lamentaba Pablo Ruz. "Pero no podemos votar a favor de esta moción".