ELCHE. La fundación Elche Acoge ya está tramitando 700 expedientes de regularización de migrantes en situación administrativa irregular tras el Real Decreto aprobado por el Gobierno y que entra en vigor este mismo jueves. En tan solo tres mañanas donde en dos horas se ha abierto la ventanilla para esta situación, la veterana entidad ya ha cubierto el cupo de trabajo que puede abordar, y para la cual ha reforzado su área jurídica para poder asumir la demanda. Un ejemplo de la realidad que viven municipios como Elche, ahora con un decreto que prevé regularizar en todo el país a medio millón de personas; la séptima del Estado en etapa democrática.

A pesar de que son 700 los casos que Elche Acoge ya está trabajando y que podrían acabar en la ansiada regularización de su situación durante un año, la coordinadora Trini Urbán apunta que seguirán en cualquier caso ofreciendo esa primera consulta a las personas interesadas, aunque no podrán por ahora tramitar más casos. Unas cifras que muestran la necesidad de los migrantes en esta situación y que viven día a día en cierta forma, en la clandestinidad, como apunta Urbán. La entidad cuenta con dos abogados y se ha incorporado uno más, si bien también el resto de profesionales de la fundación, con carácter multidisciplinar, se han volcado también en este procedimiento.

"Estamos hablando de traductores o mediadores, entre otros, sin dejar de realizar nuestras tareas diarias de asesoramiento en otros ámbitos del día a día", señala Urbán. Un procedimiento que incide, es algo que realizan por convicción y de forma gratuita. Es la única entidad no solo en la ciudad, sino en la comarca, acreditada por el Ministerio para tramitar directamente estas regularizaciones.

Los requisitos para la regularización

En cuanto a los requisitos que establece el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la regularización solo será posible para aquellas personas que estén en España desde antes del 1 de enero de 2026, que demuestren cinco meses de presencia continuada en el país y que presenten el pasaporte completo, un certificado de estar libres de antecedentes penales en los últimos cinco años, bien de su país de origen, bien de los países en los que hayan estado.

Además, deberán presentar el padrón histórico, que podría demostrarse a través de facturas, recibos, visitas al médico, etc., así como un informe de vulnerabilidad para casos concretos (excluyéndose este requisito por ejemplo para asilados). Un volumen importante de requisitos que por otra parte tiene fecha de caducidad: habrán de presentarse hasta el 30 de junio de este año, lo que como explica Urbán, "es muy poco tiempo para tramitar". 

Una contrarreloj que expira el 30 de junio, y con previsibles trabas burocráticas de otros países

Como explica el abogado experto en extranjería de Elche Acoge, Zurab Oganesyan, este miércoles es publicó en el BOE el decreto y desde este jueves ya se puede tramitar online o pedir cita. "Si se cumplen los requisitos, el Gobierno otorgará un permiso provisional al inicio del trámite del expediente, y una vez se resuelva oficialmente la regularización, esta se retrotrae a la fecha de inicio del expediente, contando desde entonces un año de permiso". El abogado añade que aunque Elche Acoge no pueda por ahora tramitar más casos, pero sí seguir informando, el trámite y entrega de documentación se puede hacer online, pero también en las oficinas de Correos, de la Seguridad Social y oficinas de Extranjería, en horario de tarde, de 16 a 19 horas. "Pero allí no se hace el trámite, tan solo se registra y entrega la documentación".

La concesión la regularización, siempre limitada al año, ofrece las garantías para que las personas extranjeras en esta situación puedan tener un contrato legal de cualquier tipo, como laboral o de arrendamiento de vivienda, así como el acceso a la sanidad universal. Y solo en casos muy concretos, aunque como reconoce Urbán, "es muy difícil", derecho al voto únicamente en el caso de elecciones locales, si hay convenio en este sentido con el país de origen. 

En este sentido, Oganesyan incide en que el trámite que hay que realizar no es pequeño, y son conscientes de que para algunas personas será difícil lograr toda la documentación. Ya no solo por las dificultades de no conocer los trámites o el idioma, sino porque hay países no firmantes del convenio de La Haya que hacen más difícil poder acreditar información como los antecedentes penales y similares, lo que avoca a los interesados a recurrir al consulado o ministerios de origen. Y son sabedores de que hay países que no facilitarán esta información. Y ello, además, teniendo en cuenta la contrarreloj del 30 de junio de 2026, por lo que dan por hecho que habrá gente que no llegue a reunirlos a tiempo.

Combatir los bulos y tirón de orejas a la administración

Por otra parte, la coordinadora de Elche Acoge subraya que este decreto es un mecanismo "excepcional únicamente durante un año para personas que ya están aquí de forma irregular, y previamente a 2026, por lo que nunca puede generar un efecto llamada". Urbán explica que es una de las cuestiones a tener en cuenta ante la proliferación de bulos y desinformación que está surgiendo de forma interesada y que puede permear en la sociedad. "No estamos hablando de una simple declaración responsable, como se ha llegado a decir, ni supone el derecho al voto (solo en las locales y en casos muy concretos)". 

La profesional recuerda que la situación de estas personas no es "ilegal", sino una irregularidad a nivel administrativo. "Esta regularización les permitirá salir de la clandestinidad", añade, recordando que es además una herramienta para evitar la explotación laboral, ya que este permiso podrá facilitar la firma de contratos laborales, "algo importante teniendo en cuenta la falta de mano de obra actual en diversos sectores". Y recuerda que es gente que huye de países en conflicto o de la pobreza, en búsqueda de un futuro mejor. 

En este sentido, Durán ha criticado las declaraciones del president Juanfran Pére Llorca, asegurando que recurrirá el Real Decreto. "Es muy triste, porque además perpetuará esta situación. Regularizar la situación de esta gente permitirá desahogar Servicios Sociales y que salgan de ese circuito", al que recuerda se ven obligados a acudir por esa situación irregular. "Es falso que saturen los Servicios Sociales, porque ya viven aquí, pero esta regularización desde luego reducirá la presión asistencial de un sistema que los explota". La posición de Elche Acoge es que es positivo el favorecer estos derechos, y recuerdan que los derechos también llevan asociados deberes. 

Ayuntamiento no preparado para el proceso

Precisamente, sobre la administración, señala que están en conversaciones con el resto de administraciones, especialmente con las locales, y apunta que el Consistorio no está preparado para la situación. Explica, por ejemplo, que "en el caso de aquellas personas que necesitan un informe de vulnerabilidad, el tiempo medio del Ayuntamiento para su entrega excede el plazo final para tramitar la regularización". Un tirón de orejas por el cual, arguye, están hablando con las administraciones para que se pueda agilizar este procedimiento. La entidad, por ahora, no puede tramitar este informe de vulnerabilidad, pero sí hacer el "acompañamiento" a aquellas extranjeros cuya regularización están tramitando.

Por último, cabe recordar que una vez expire este año de regularización, el siguiente paso para renovar el permiso sería acogerse a la Ley de Extranjería, "que ya les suele tener en un limbo legal de dos años", indica Trini Urbán. A partir de ahí, los permisos, según cada caso y condiciones, se puede ir renovando para 2, 3 o 5 años.

Las anteriores regularizaciones

En cuanto a las anteriores regularizaciones realizadas por el Estado, en la etapa de Felipe González como presidente se realizaron tres, con un total de 173.000 regularizaciones; en 2000 y 2001 con José María Aznar, 403.000; y la última fue en 2005, con José Luis Rodríguez Zapatero, con 576.000. Esta del Gobierno actual se estima en potenciales 500.000.