ELCHE. Mientras que la Plataforma por la reversión del Hospital del Vinalopó a la gestión pública vuelve a la calle este sábado para movilizarse contra la prórroga de cinco años a Ribera Salud, recuerdan que el Consell sigue sin hacer públicos los parámetros de la misma. Aunque el colectivo, sin apenas tiempo, intentó a la desesperada pedir a Vivalto Santé —accionista mayoritaria del grupo— la reversión del hospital, ha descartado finalmente la vía judicial. Si bien se planteó en su día al estimar que no se daban los condicionantes para la prórroga, e incluso llegaron a consultar a varios gabinetes jurídicos, finalmente se ha descartado esta vía por el coste de la misma. Sin embargo, siguen incidiendo en que a pesar de todo lo que se ha hablado en Les Corts, de las movilizaciones o de las miles de recogidas de firma contra la prórroga, e incluso del tirón de orejas del Síndic de Greuges, el Consell sigue sin hacer públicos los documentos de seguimiento para respaldar la prórroga, ni el documento que refrenda la concesión.
En marzo de este año, el conseller Marciano Gómez anunciaba que como estaba previsto, habría prórroga al cumplir las dos exigencias requeridas: cumplir indicadores de calidad y cerrar liquidaciones. Ahora bien, meses después, casi a final de año, la plataforma recuerda que solo tienen un borrador de propuesta de los criterios de la prórroga, e inciden en que Ribera no ha cumplido con las liquidaciones del primer contrato. "Si se supeditaba a que se cumplieran estas cuestiones, ni se cumple una ni la otra. Se ha otorgado la concesión una empresa que ni ha cumplido con el contrato que se acordó". Al menos, matizan, en lo que respecta a las liquidaciones, ya que del primer contrato, desde 2010, que implicaba 15 años, se habrían cerrado las liquidaciones hasta 2022, como explicó el propio conseller. Eso sí, "con el aval de la Abogacía de la Generalitat y la Intervención".
Sea como fuere, los grupos políticos de la oposición siguen preguntando pero no han obtenido aún estos informes que son de una concesión pública. De hecho, en una de las últimas visitas de Gómez a la ciudad el pasado año, mencionaba en alcaldía que los indicadores de actividad y calidad eran los marcados por el sistema Alumbra, un sistema que defendía que es público y que gestiona información para los departamentos de la Consellería de Sanitat. Sin embargo, su acceso es sobre todo para al menos responsables y cargos intermedios de los departamentos, no son de ese 'acceso público' más general al que aludía o daba a entender el conseller.
Las cuentas de las liquidaciones
Un mes antes del anuncio de la prórroga, según el diputado autonómico de Compromís, Carles Esteve, que han estado haciendo énfasis en toda la gestión de la prórroga, apuntaban a que además de los más de 50 millones de euros que Ribera debía a la Generalitat que habría abonado con esas liquidaciones reconocidas, según sus cálculos, si se incluían los años 2021 a 2023, "esa deuda asciende a 75 millones de euros, y eso que solo la construcción del hospital costó 85 millones". En cualquier caso, no son más que cálculos a día de hoy y puede que conjeturas, ya que la Generalitat sigue sin hacer públicos esos datos.
Por último, la plataforma también recuerda que han solicitado, así como los grupos, el documento donde están los compromisos del grupo como contraprestación a la prórroga en forma de inversión, y que sigue son conocerse. El conseller anunció con la decisión que entre el compromiso de nuevas infraestructuras estaba "la construcción de un nuevo centro de salud en Crevillent y la ampliación del Hospital del Vinalopó con entre 70 y 100 nuevas camas". Además, de un control "exhaustivo" de los indicadores de asistencia a nivel autonómico, así como un "incremento en el número de facultativos para acercar las ratios a las de la sanidad pública", tal y como siguen insistiendo en la plataforma, siendo además una de las cuestiones que más afecta por ejemplo en Crevillent.
