ELCHE. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Elche y Crevillent continúa en sus reivindicaciones por la mejora de la vivienda en la ciudad, con prácticamente las mismas problemáticas que la denunciadas en anteriores ocasiones. Aunque desde Compromís se informaba del encuentro con el colectivo este miércoles, la plataforma hizo públicos sus posicionamientos previamente con algunas de sus propuestas. Y en este sentido, inciden una vez más en que Elche "reúne los requisitos para ser declaraza zona tensionada" y por tanto permitiría contener los precios del alquiler. Una cuestión, la de los arrendamientos, que ponen también en primera fila, ya que advierten que sigue siendo una barrera importante para un amplio sector de la población por las condiciones que se exigen. Al tiempo, advierten que el Ayuntamiento está yendo hacia atrás en materia de vivienda social disponible.

Una vivienda social cada vez más reducida

El colectivo considera que el incremento de las viviendas para alquiler social "es central para hacer frente a la situación de emergencia habitacional que vivimos", y por ello subraya que para una rápida adquisición hace falta recurrir a la compra por retracto, "de manera que las gangas sean para beneficio de todas y todos y no de quien tenga los medios para aprovecharse de ellas, así como desarrollar convenios de cesión con grandes tenedores". En este sentido, señalan que la construcción de vivienda pública, y por tanto los recursos públicos, deben destinarse para alquiler social y asequible y no para venta, "de manera que siempre sigan que sirviendo a su función social". Y de hecho, matizan que no es solo una problemática para jóvenes, sino para todos, "y distribuidas de manera que no formen guetos". 

La plataforma explica que en Elche, desde finales de los años 70, se han construido cientos de viviendas en suelo público y de promoción pública, pero hoy apenas hay vivienda de alquiler social. Una paradoja que señala se debe a que los gobiernos tanto de PP como de PSOE se destinaron a la edificación para vender. Con consecuencias que remarcan: "Todavía hoy sigue disminuyendo el número de viviendas en alquiler social porque se van firmando escrituras de venta de las de Los Palmerales conforme se acaban de pagar". Y en este contexto, hay que remarcar que las nuevas viviendas de San Antón tienen la prohibición de venta durante 30 años, después, de nuevo, pasarían a liberarse con opción de venta si los propietarios así lo deciden.

Al hilo de esta cuestión, la plataforma mantiene que la asignación de recursos debe ser para quien más lo necesita, "justo al contrario de las políticas de vivienda que se han mantenido durante décadas y de la que está haciendo gala este Ayuntamiento, que dentro de su plan solo prevé cuatro viviendas para alquiler social (las otras 72 para alquiler asequible vienen de la anterior legislatura)". Además, asegura que el PP "quiere que las viviendas con protección oficial se puedan descalificar, con lo que los recursos públicos acaban sirviendo al negocio privado".

Una situación en la que entienden que cabe la declaración de Elche como zona tensionada y que permitiría limitar los precios del alquiler. "PSOE y Compromís son conscientes de eso, por lo que presentaron una moción que fue desestimada", indican, agregando que el bipartito de PP y Vox prefiere "dejar que los alquileres suban libremente". Lo que la plataforma entiende que implica favorecer la especulación "con un bien de primera necesidad que es escaso, y a lo que llaman libertad de mercado". Tras la reunión con Compromís, indican que pronto se reunirán con los socialistas, y que han pedido una reunión al PP, sin respuesta, de quienes señalan que no les "sorprende" porque "dirigen sus políticas solo para una parte de la población".

Ayudas al alquiler

Asimismo, exigen medidas relevantes para el alquiler en la ciudad. "Hay que apoyar a un amplio sector de la población que no puede acceder al alquiler porque no reúne los requisitos que se exigen: contrato fijo, ingresos superiores al triple de la cuota… y se ven forzados a vivir en infravivienda". Ponen como ejemplo que en otras ciudades algunas de las medidas aplicadas son la captación de pisos de particulares por parte de la administración o asumir el seguro de impago. 

150 desahucios en 2024

Por último, recuerdan que el fenómeno de los desahucios dista de ser algo del pasado. En 2024 se produjeron más de 150. Piden renovar el denominado 'escudo social', aprobado primero por la pandemia y renovado después por la guerra de Ucrania. "Es imprescindible por la crisis de vivienda que ahora mismo es estructural. No hay alternativa para los hogares desahuciados". Advierten que es la situación de decenas de miles de personas en el país, y que un efecto similar a medio plazo puede tener la venta masiva de viviendas en manos de fondos tras el anuncio de la venta de 25.000 viviendas, "lo que puede suponer el desahucio de las que están alquiladas a un ritmo mucho más rápido del actual". 

También ponen en boga la mediación, prevista por la Ley de Vivienda para desahucios de hogares vulnerables por grandes tenedores, y que no se está realizando en Elche. "Ni la Generalitat ni el Ayuntamiento han puesto medios para ello. Una medida que debería evitar desahucios no se está aplicando". Advierten que derivar familias a ONGs temporalmente no es una alternativa."Ese alojamiento uede ser compartido con otros hogares, en un régimen que parece destinado a reeducarlos, pero no es una alternativa. Es simplemente ampliar el número de alojamientos para familias que había en Cáritas". Advierten que los desahuciados hoy no son familias que ni siquiera hayan dejado de pagar, sino que son unidades 'normales' que tras el final del contrato, no les quieren renovar.

El plan del Ayuntamiento, a la espera de los trámites administrativos

En cuanto a la parte municipal, aunque se ha renovado el convenio con la Sareb, con unas pocas viviendas de emergencia ya ocupadas en su mayoría, el Ejecutivo cuenta con dos proyectos para la construcción de vivienda para alquiler. Uno es el edificio de 76 viviendas para jóvenes, ya adjudicado, y el otro es el plan 'Casa Fácil', con hasta 231 viviendas protegidas por construir, ahora en concurso para la subasta de los terrenos.