ELCHE. La moción de Vox sobre industria para el próximo pleno, con la que ha chocado frontamente con los sindicatos CCOO y UGT, que han respondido advirtiendo que esconde la desregulación laboral y deslegitimar el sindicalismo, sigue trayendo cola. Ahora el PSOE ha anunciado que pedirá en la Junta de Portavoces la retirada de la moción por tener un carácter "anticonstitucional", al considerar que ataca frontalmente al sindicalismo, recogido en el Artículo 7 de la Constitución Española. Precisamente, invocando también el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) impulsado por el bipartito este mandato, solicitan la retirada del punto al considerar que contraviene las normas plenarias.

En este sentido, recuerdan que el ROM impide presentar mociones que vayan contra la Constitución, así como que supongan injurias contra las instituciones, en este caso los sindicatos. Así lo explicaba este jueves el portavoz Héctor Díez, que apunta a que invocan el artículo 25.4 del ROM para esta retirada. Díez considera que esta situación viene de lejos y que es motivada "con la permisividad del alcalde, con mociones que se utilizan como armas arrojadizas y que se presentan para atacar los más débiles, a los migrantes, o para injuriar a las ONG llamándolas mafiosas", decía el portavoz, en referencia a pasadas mociones de Vox. "Llueve sobre mojado", enfatiza el concejal.

Díez utiliza el contexto para cargar contra el regidor y advierte que ha de elegir: "O se posiciona con las necesidades reales de la ciudadanía o sigue escorado a la extrema derecha". 

Cambio de cromos en las mociones del PSOE

Por su parte, los socialistas han retirado la moción que presentaron de la teórica vivienda pública potencial de Casa 47 en el nuevo sector E-41, y que como adelantó este diario en exclusiva, ya no es suelo público porque lo adquirieron HGF y Oliva al ver los problemas que ponía la Sareb al avanzar con el desarrollo urbanístico. La han sustituido por la que anunciaron pidiendo mejoras en Los Palmerales y que actúe el Consell ante la degradación de los inmuebles y una política de alquiler que está "estrangulando" a los inquilinos, advirtiendo de impagos y desahucios "que después suponen el encarecimiento de esos alquileres al triple".

Esquerra Unida se suma a las críticas

Esquerra Unida también considera la moción como "un ataque de Vox al sindicalismo" y tilda su moción de "ofensiva contra la democracia y los derechos laborales". Desde la organización de izquierdas advierten que el texto es "un panfleto reaccionario" que busca dinamitar la cohesión social, atacar los derechos laborales y desmantelar los servicios públicos ilicitanos. Sobre las declaraciones realizadas a colación de la moción, que presumiblemente presentará precisamente el edil de Empleo, Samuel Ruiz, desde la formación apuntan que "estas afirmaciones demuestran una profunda fobia a la democracia y a los derechos conquistados por los trabajadores".

Al respecto, el coordinador local Héctor García, argumenta que "es intolerable que Vox utilice el Ayuntamiento de Elche para insultar a los sindicatos de clase y a todas las personas afiliadas que defienden a diario nuestros derechos en los tajos y oficinas. El sindicalismo es un pilar democrático irrenunciable. Quienes añoran un régimen dictatorial donde el patrón imponía su ley sin oposición, son los mismos que hoy criminalizan la huelga y la movilización social, que son las herramientas fundamentales de la clase obrera para defenderse de la explotación".

... Mientras, Vox lanza una campaña contra Mercosur

Por su parte, el 28 de marzo Vox impulsará una movilización contra el acuerdo de Mercosur con la presencia de Ricardo Chamorro, diputado nacional y portavoz de Agricultura. Pondrán mesas en Alicante, Elche, Orihuela, Torrevieja y Elda. Señalan que informarán a los ciudadanos sobre las consecuencias "devastadoras" del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. A su juicio, el acuerdo sacrifica al sector primario de la Vega Baja, el Vinalopó y las Marinas "para favorecer intereses de grandes corporaciones europeas". Y que permitirá la entrada masiva de productos de países como Brasil o Argentina, "que no cumplen con las estrictas exigencias fitosanitarias y laborales impuestas a los agricultores de Alicante".