ELCHE. La Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche se ha convertido, por segundo año consecutivo, en punto de encuentro para juristas, analistas y expertos en seguridad con la celebración de la II Jornada sobre Inteligencia, Terrorismo y Criminalidad Organizada, un foro académico en el que se ha analizado cómo la tecnología y la globalización están transformando las formas de delincuencia y los mecanismos de prevención.

El encuentro, inaugurado por el vicerrector del CEU en Elche, Álvaro Antón Antón, ha estado coordinado por José Luis Gil Valero, co-delegado en España de la Asociación Europea de Analistas de Inteligencia Criminal (EACA), y por la profesora de Derecho Civil del CEU, María Dolores Cano Hurtado, y ha reunido a especialistas de distintos ámbitos del Derecho, la criminología y la inteligencia aplicada.

Inteligencia y crimen organizado: una amenaza en red

El analista José Luis Gil Valero ofreció una panorámica de los retos actuales de la inteligencia criminal y de la evolución del crimen organizado. A su juicio, las organizaciones delictivas han adoptado una estructura más flexible, aprovechando los recursos de la economía global y la digitalización.

“El crimen organizado actual ya no actúa solo con violencia. Opera como una red empresarial que aprovecha los vacíos legales, utiliza intermediarios legales y se infiltra en sectores económicos legítimos”, señaló Gil.

El experto alertó además de que España se ha convertido en un punto de tránsito clave dentro de las rutas delictivas europeas, por su localización geográfica y sus conexiones logísticas. Según explicó, “el país sirve de puente entre África, América Latina y Europa del Este, y eso lo convierte en un espacio de alto interés para grupos criminales que diversifican su actividad hacia el fraude financiero o la ciberdelincuencia”.

Gil insistió también en el valor de la inteligencia criminal como herramienta preventiva, apoyada cada vez más en sistemas de análisis de datos y algoritmos predictivos. Sin embargo, matizó que la tecnología debe estar al servicio del criterio humano: “La inteligencia artificial puede ayudar a detectar patrones, pero el análisis requiere contexto, experiencia y comprensión de los factores sociales y políticos que hay detrás del delito”.

El analista de la EACA defendió la cooperación entre las distintas agencias europeas para hacer frente a amenazas que ya no conocen fronteras y subrayó el papel de la universidad en la formación de nuevos perfiles profesionales en el ámbito de la inteligencia aplicada.

Los drones, una herramienta criminal al alza

Uno de los temas más comentados de la jornada fue la intervención de Alberto Velasco Polo, subdirector del Grupo GEES Spain, que centró su ponencia en el uso de drones por parte de organizaciones criminales. El especialista explicó que esta tecnología, de fácil acceso y con gran capacidad de autonomía, ha comenzado a emplearse en operaciones ilícitas de contrabando, vigilancia y transporte de drogas.

“Los drones se utilizan para mover pequeñas cargas, para vigilar movimientos policiales o incluso para grabar operaciones. Es una herramienta barata, eficaz y difícil de detectar”, advirtió Velasco, quien reclamó una revisión de la normativa vigente para garantizar una respuesta más ágil ante estos nuevos riesgos.

El experto puso como ejemplo el incidente registrado en el aeropuerto de Alicante-Elche, donde la incursión de un dron en el espacio aéreo obligó a suspender temporalmente los vuelos, evidenciando la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas. “Necesitamos protocolos claros y tecnología antidron en los cuerpos de seguridad locales. La regulación va varios pasos por detrás del problema”, añadió.

Velasco destacó, además, la importancia de que las fuerzas de seguridad reciban formación específica en la detección y neutralización de estos dispositivos, que también se han utilizado en otros países europeos para introducir objetos en centros penitenciarios o para el espionaje industrial.

Retos jurídicos y cooperación internacional

La magistrada Laura Cristina Morell Aldana, del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Castellón, intervino de forma telemática para analizar las dificultades procesales que plantea la delincuencia organizada, especialmente en materia de cooperación judicial y protección de testigos.

El catedrático de Derecho Penal del CEU, Carlos Pérez del Valle, examinó los cambios normativos que afectan a la lucha contra el terrorismo y la necesidad de adaptar las leyes a las nuevas formas de radicalización en entornos digitales.

Por su parte, un inspector de la Policía Nacional, perteneciente a una unidad que opera con reserva de identidad, explicó cómo el terrorismo y el crimen organizado comparten redes de financiación y estructuras logísticas.

Finalmente, Aurelio Delicado Vílchez, inspector retirado de la Policía Local de Elche, reflexionó sobre la aplicación de la inteligencia y la contrainteligencia en la seguridad urbana, insistiendo en la necesidad de reforzar la cooperación entre cuerpos locales y nacionales.