ELCHE. El Ayuntamiento ha aprobado la licitación para construir el nuevo inmueble de San Antón, de 45 viviendas, que costará 4,6 millones de euros y que se destinará a los vecinos desalojados del bloque 8 tras su colapso hace año y medio. Sin embargo, el concurso público no solo implica la edificación, sino que lleva aparejada la demolición del mencionado bloque 8 y la urbanización del entorno, por ello el coste se elevará a los 5,8 millones de euros. Se espera que si todo va bien las obras puedan empezar en el primer trimestre de 2027.
En este sentido, el plazo de obras para la construcción de este quinto edificio es de dos años. Aunque el proyecto ya estaba redactado, el Consell tuvo que aprobar la calificación como vivienda protegida (VPP) el 10 de septiembre, y ahora ha llegado el visado. La Generalitat ha tenido que certificar como vivienda protegida este inmueble, como el resto de los anteriores, porque la actual legislación exige que las VPP tengan reservado el 40% de los pisos para gente joven.
Sin embargo, el caso de San Antón es diferente, al tratarse de un proceso del Área de Renovación y Regeneración Urbana (Arrur), además de la casuística concreta del barrio, que supone el realojo de los vecinos que fueron desalojados de urgencia. Una modificación que se tendrá que aplicar a las próximas fases, ya que todas son para que se instalen allí los propietarios de los viejos edificios.
El edificio dispondrá de 27 viviendas de dos dormitorios y 18 de tres dormitorios, además de 44 plazas de garaje y un local comercial.
Financiación autonómica, municipal y de los vecinos
En cuanto a la financiación, la administración valenciana, como ya se comprometió, asumirá 2,5 millones de euros del coste, los vecinos 1,9 millones de euros pagando la diferencia entre los viejos y los nuevos hogares, como siempre; y el Ayuntamiento 1,3 millones de euros. Asimismo, se da la situación de que es el primero de los bloques construidos en el barrio en los que no ha entrado el Ministerio de Vivienda. El alcalde Pablo Ruz ha lamentado que aquí "el Estado no existe", y que es una "lástima" que el Gobierno central no haya financiado parte de este inmueble, ahorrando así parte de la carga que tienen que asumir el resto de administraciones.
- Antonio Martínez, Francisco Soler, Pablo Ruz y Celia Lastra - AP
En este caso, como se ha venido contando, el Plan Estatal de Vivienda ya tenía agotados los fondos (transferidos a las comunidades, y en el caso valenciano, estaba ya asignado y repartido) cuando llegó el problema del colapso y posterior procedimiento que culmina ahora con la licitación del edificio. Con todo, Ruz considera que el Estado podría haber acudido a algún tipo de modificación presupuestaria para aportar fondos a este bloque, como en el resto de fases previas. La Generalitat corre con el mayor coste, con varias plurianualidades ya contempladas en su presupuesto para este quinto inmueble.
Bloque 8: entrada en el nuevo edificio y derribo en verano
Para garantizar el realojo de las familias se prevé disponer de 74 viviendas: 20 en el edificio 4, 9 viviendas municipales en los edificios 2 y 3 y las 45 nuevas viviendas que se construirán en el edificio 5.
A este respecto, tras la adjudicación del proyecto de redacción para el derribo, este avanza en paralelo. Se espera licitar en octubre las obras de demolición, mientras se trabaja con la redactora de la actuación para analizar caso por caso de cara a la recogida de enseres que llevan todo este tiempo esperando los vecinos desalojados. El derribo se espera para algún momento del verano de 2027, ya que quedaría por licitar las obras.
- Edificio que se construirá - AP
Dos ocupaciones impiden el derribo de los bloques 12 y 13
Y en lo que respecta a la demolición pendiente de los otros dos bloques, el 12 y el 13, que ya son propiedad de Pimesa pero aún no puede disponer de ellos, dos ocupaciones, una en cada edificio, tienen paralizado el derribo, pues los dos casos están agotando y apurando los plazos. Una es una ocupación ilegal, que esperará hasta que se empiece el derribo, según han trasladado a Pimesa, y la otra es un caso con derecho a nuevo edificio, con el mismo asignado, pero no quiere salir todavía, por lo que el medio municipal recurrirá a formalizar un acto de expropiación para que pueda derribar el edificio. Ruz ha lamentado que por estos dos casos esté paralizada la actuación.
A la esper que el Consell se adhiera al nuevo Plan Estatal de Vivienda
Sobre el futuro del barrio y las fases 2 y 3, el regidor ha recordado que en mayo el Ministerio manifestó su voluntad de seguir con la renovación de San Antón a través del Plan Estatal de Vivienda. El Ayuntamiento manifestó esa voluntad a la conselleria de Vivienda, para que esta se adhiera al plan nacional. De ahí tiene que salir el próximo convenio tripartito para que las tres instituciones, junto a los vecinos, acuerden el modelo para el impulso y financiación de las próximas fases, y que puedan dar con la construcción de los 600 pisos que faltan aproximadamente. A día de hoy se han construido 328 pisos.
Según ha explicado el alcalde, es ahora la Generalitat quien tiene que abordar la cuestión de la financiación y la adhesión al Plan Estatal. La pelota está en su tejado y una vez aclare estos parámetros, se podrá adherir al Plan Estatal para que se rubrique el acuerdo a tres bandas.
