ELCHE. El Ayuntamiento de Elche ha aprobado este lunes, en el pleno ordinario de octubre, la modificación de la tasa de recogida y tratamiento de residuos urbanos que entrará en vigor en 2027, con un nuevo sistema de tarifas que diferencia las viviendas por zonas y características de los inmuebles. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de PP y Vox y la abstención del PSOE y Compromís, después de un debate en el que el gobierno municipal ha defendido que la mayoría de los ilicitanos pagará menos, mientras que la oposición ha cuestionado el reparto de la carga tributaria y ha advertido de incrementos para determinados barrios y urbanizaciones.
La modificación supone una nueva revisión de la ordenanza fiscal de basuras, que ha experimentado diferentes cambios durante la presente legislatura. El ejecutivo de Pablo Ruz sostiene que el nuevo modelo permitirá una distribución más justa del coste del servicio, mientras que los grupos de la oposición consideran que el gobierno local ha incumplido su compromiso de reducir la presión fiscal sobre los ciudadanos.
El vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha explicado que la principal novedad consiste en la implantación de cuatro zonas fiscales para las viviendas, además de categorías específicas para las viviendas unifamiliares aisladas y las situadas en diseminados. Según ha defendido, esta reorganización permitirá reducir el recibo de la mayoría de los contribuyentes y corregir las diferencias existentes entre inmuebles que hasta ahora tributaban conforme a un sistema de clasificación que el gobierno considera desactualizado.
"Con esta zonificación se reduce el recibo para la mayoría de los ilicitanos y se hace una distribución de la carga tributaria más justa", ha asegurado Soler, quien ha insistido en que la modificación cuenta con el dictamen favorable del Tribunal Económico Administrativo Municipal, emitido el pasado 13 de octubre.
El nuevo cuadro contempla recibos anuales de entre 111,14 y 152,66 euros para las viviendas, en función de la categoría asignada. No obstante, la revisión no supondrá una rebaja generalizada, puesto que determinados inmuebles experimentarán incrementos respecto a las tarifas actuales.
Subidas en urbanizaciones y determinados barrios
La concejala socialista Patricia Maciá ha cuestionado que la revisión pueda presentarse como una rebaja general de la tasa cuando, según los cálculos expuestos por su grupo, la recaudación municipal aumentará en 264.181 euros respecto a 2026. También ha señalado que las viviendas unifamiliares de urbanizaciones, muchas de ellas situadas en pedanías, tendrán que afrontar incrementos de 43,40 euros anuales.
Asimismo, ha advertido de que las viviendas que hasta ahora estaban incluidas en la cuarta categoría de Carrús Este y Carrús Oeste pagarán unos 13 euros más, mientras que en zonas como el entorno de El Corte Inglés, Travalón o el Toscar Nuevo el incremento alcanzará los 27 euros.
La edil ha criticado igualmente que la nueva zonificación equipare fiscalmente viviendas situadas en barrios con características inmobiliarias diferentes. Como ejemplo, ha citado que inmuebles del Pla, la avenida de la Libertad, el entorno de L'Aljub, Carrús, Porfirio Pascual, Altabix histórico o el Raval compartirán tarifa con otros situados en la calle Doctor Caro, la calle Velarde o la avenida de la Comunitat Valenciana.
"Convendrán conmigo que no es lo mismo vivir en la zona de L'Aljub o Altabix Viejo que en la avenida del País Valenciano, pero pagarán el mismo recibo de la basura", ha reprochado Maciá.
Por su parte, Soler ha defendido que los incrementos afectan a contribuyentes que, con el sistema anterior, estaban pagando menos de lo que les correspondería conforme a los nuevos criterios. El responsable municipal ha insistido en que la mayoría de las viviendas verá reducido su recibo en 2027 y ha atribuido las diferencias al abandono de la antigua clasificación de calles.
Bonificaciones y cambios para empresas
La modificación mantiene las bonificaciones existentes para pensionistas y jubilados que cumplan los requisitos, familias numerosas y personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, estas últimas previa valoración de los servicios municipales de Acción Social.
También continúan las reducciones vinculadas al reciclaje mediante la utilización de puntos limpios, que pueden alcanzar el 50% para determinados colectivos y hasta el 60% como límite conjunto de las reducciones compatibles.
En cuanto a las actividades económicas, el gobierno municipal sostiene que las tarifas también se reducirán con carácter general. Una de las novedades es que las empresas y autónomos que acrediten tener contratada una gestión privada autorizada de sus residuos pagarán una tarifa anual de 177,61 euros, equivalente a la prevista para locales cerrados sin actividad.
El PSOE ha valorado positivamente que la ordenanza sustituya la tarifa única aplicada a industrias y fábricas por un sistema de tramos en función de la superficie de los establecimientos. No obstante, Maciá ha recordado que su grupo ya había reclamado esta diferenciación durante el debate de la anterior modificación de la ordenanza.
La edil socialista también ha criticado que el gobierno municipal no haya incorporado bonificaciones específicas para familias monoparentales, hogares con personas con discapacidad o dependientes y víctimas de violencia de género. Soler ha respondido que todas las situaciones de vulnerabilidad pueden acogerse a las reducciones previstas, siempre que cuenten con la valoración favorable de los servicios sociales municipales.
La oposición cuestiona la política fiscal del gobierno
El debate ha derivado también en un enfrentamiento sobre la evolución de los impuestos municipales durante la legislatura. Desde Compromís se ha acusado al ejecutivo de PP y Vox de incumplir sus promesas electorales de rebajar la presión fiscal.
La formación ha contrapuesto la reducción del IBI, que ha cifrado en unos 17 euros de media por recibo, con las subidas experimentadas por el agua y la basura durante los últimos ejercicios. Según sus cálculos, los hogares ilicitanos soportan actualmente una mayor carga tributaria que en 2023.
"Los ilicitanos e ilicitanas pagan más en 2026 y lo harán todavía más en 2027 de lo que pagaban en 2023", ha sostenido la edil de Compromís, Esther Díez, que ha reprochado al alcalde, Pablo Ruz, la distancia entre sus compromisos electorales y las decisiones fiscales adoptadas por el gobierno municipal.
Por su parte, el PSOE ha recordado las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sobre la anterior regulación de la tasa de basuras, que, según ha expuesto Maciá, obligan a anular la primera ordenanza aprobada por el actual ejecutivo debido a deficiencias en el cálculo de las tarifas. La concejala ha precisado que todavía está pendiente conocer la firmeza de estas resoluciones.
Soler ha rechazado las críticas y ha defendido que las resoluciones judiciales avalan la decisión política adoptada por el gobierno municipal, aunque la oposición discrepa de esta interpretación.
El responsable de Estrategia Municipal también ha insistido en que el incremento de los costes del servicio de residuos responde a las exigencias de la legislación estatal derivada de las directivas europeas. En este sentido, ha responsabilizado al Gobierno central de la adaptación normativa y ha reivindicado la gestión realizada por el Ayuntamiento para distribuir el coste entre los contribuyentes.
Dudas sobre el nuevo callejero fiscal y el reciclaje
Durante el debate, el PSOE ha planteado además varias cuestiones técnicas relacionadas con la aplicación de la ordenanza. Entre ellas, ha advertido de que el nuevo mapa de zonas figura como anexo, pero no aparece expresamente mencionado en la propuesta de acuerdo sometida a aprobación.
Maciá también ha preguntado cómo se aplicarán las tarifas a futuras viviendas construidas en urbanizaciones y diseminados cuando sus números de policía no estén recogidos en la relación de inmuebles incorporada a la ordenanza.
La concejala ha trasladado asimismo quejas de ciudadanos que utilizan los puntos limpios para obtener bonificaciones y que, según ha señalado, han encontrado dificultades recientes para entregar determinados envases de plástico.
Soler ha evitado pronunciarse sobre esta última incidencia concreta, aunque ha defendido que el sistema actual permite reflejar el esfuerzo de reciclaje de los ciudadanos en el recibo, frente a lo que, según ha afirmado, ocurría anteriormente.
Con la votación de este lunes, el Ayuntamiento da su aprobación provisional a la nueva ordenanza fiscal, que deberá completar la tramitación correspondiente antes de su entrada en vigor, prevista para el 1 de enero de 2027. La revisión introduce así un nuevo reparto del coste del servicio de basuras que, pese a las rebajas defendidas por el gobierno municipal, seguirá generando diferencias en los recibos de los contribuyentes según la ubicación y las características de sus inmuebles.
