ELCHE. El equipo de gobierno de Elche, integrado por PP y Vox, ha salido este martes al paso de las informaciones sobre la modificación de la tasa de basuras prevista para 2027 para defender que la mayoría de los ilicitanos pagará menos por este tributo el próximo año. Así lo ha asegurado el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, quien ha insistido en que el nuevo sistema de cálculo, basado en una zonificación según los valores de referencia catastrales, permitirá distribuir de manera más equitativa el coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos.
"La realidad es que la tasa de basura para la mayor parte de los ilicitanos baja para 2027", ha afirmado Soler durante una rueda de prensa en la que ha querido aclarar el alcance de la modificación de la ordenanza fiscal. El edil ha sostenido que la comparación entre los recibos actuales y los previstos para el próximo ejercicio resulta complicada, puesto que el Ayuntamiento ha sustituido los criterios utilizados hasta ahora para determinar las cuotas.
En este sentido, ha explicado que el anterior sistema se sustentaba en una categorización de calles que se venía utilizando desde hace años para distintos tributos municipales. Según ha señalado, esta clasificación provocaba diferencias entre inmuebles que no siempre respondían a sus características reales. Por ello, el Ayuntamiento ha trabajado conjuntamente con Suma Gestión Tributaria en una nueva metodología que toma como referencia los valores establecidos por la Dirección General del Catastro.
"Entendemos que esa zonificación es más justa y reduce el recibo a la mayoría de los ilicitanos", ha defendido Soler, quien ha añadido que estos valores no son fijados por el propio Ayuntamiento, sino que proceden de organismos estatales y son utilizados también por las administraciones tributarias.
Algunos vecinos pagarán más por la nueva clasificación
Pese a insistir en que la mayoría de los contribuyentes verá reducido su recibo, el concejal ha reconocido que determinadas viviendas experimentarán un incremento de la cuota como consecuencia de su nueva clasificación. Soler ha puesto como ejemplo algunas zonas de reciente urbanización, como el Travalón, cuyos inmuebles estaban incluidos en categorías de calles que, a juicio del gobierno municipal, no se correspondían con su valor.
En contraposición, ha mencionado el barrio de Carrús, donde determinadas viviendas podían estar soportando una carga tributaria superior a la que les correspondería con los nuevos criterios.
"Estas personas que estaban pagando de menos, pues ahora con la actualización van a pagar más, pero no es que les suba el recibo, es que se les adecua a la realidad de su vivienda", ha argumentado.
El edil ha defendido que estas situaciones afectarán a una minoría de contribuyentes y que el resultado general será una reducción de las cuotas. No obstante, no ha concretado qué porcentaje de viviendas pagará menos ni ha ofrecido una comparativa detallada entre los importes actuales y los previstos para 2027 que permita cuantificar el alcance de esa rebaja.
Soler ha señalado también que la modificación debe responder a una operación de "suma cero", de manera que las reducciones aplicadas a unos contribuyentes se compensen con mayores cuotas para otros. A su juicio, el objetivo es avanzar hacia un modelo "más justo y redistributivo", en el que los inmuebles de mayor valor soporten una contribución superior.
Seis tarifas para las viviendas y nuevas cuotas para los negocios
La propuesta de modificación de la ordenanza, cuyos detalles adelantó este lunes Alicante Plaza, establece seis categorías para las viviendas, con cuatro zonas diferenciadas según los valores de referencia catastrales, además de las viviendas unifamiliares aisladas y las situadas en diseminados.
Las cuotas anuales previstas oscilan entre los 111,14 euros para las viviendas en diseminados y los 152,66 euros para las unifamiliares aisladas. En el caso de los edificios residenciales, las tarifas serán de 121,17 euros en la zona 1; 135,12 euros en la zona 2; 150,59 euros en la zona 3 y 124,75 euros en la zona 4.
Durante su intervención, Soler ha detallado que la primera zona incluye barrios como Cementerio, Palmerales y San Antón, mientras que la segunda engloba áreas como Carrús, El Pla, Torrellano, La Marina, El Altet y Valverde. La tercera comprende el entorno del centro y la zona de El Corte Inglés, mientras que la cuarta incorpora ámbitos como Arenales del Sol y determinadas zonas del litoral.
Para las actividades económicas, el nuevo sistema establece cuotas diferenciadas en función de la naturaleza del negocio, su superficie y, en determinados casos, su capacidad de generación de residuos.
Se mantienen las bonificaciones por reciclaje y vulnerabilidad
Otro de los aspectos en los que ha incidido el responsable municipal es el mantenimiento de las reducciones fiscales existentes. Así, las familias numerosas conservarán una bonificación del 50%, al igual que los jubilados y pensionistas que cumplan los requisitos establecidos y las personas en situación de riesgo de exclusión social debidamente acreditada.
Respecto a los pensionistas, Soler ha precisado que las prestaciones económicas que no tengan legalmente la consideración de pensión no permiten acceder automáticamente a esta reducción. Asimismo, ha recordado que las situaciones de vulnerabilidad deben estar acreditadas mediante los correspondientes informes de los servicios sociales.
En cuanto al reciclaje, se mantendrá la reducción del 30% por el uso mensual de los puntos limpios y del 20% por el reciclaje trimestral, así como las bonificaciones adicionales vinculadas a la entrega de residuos peligrosos.
También continuarán las reducciones del 25% para pequeñas actividades económicas y del 40% por medidas contra el desperdicio alimentario, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la ordenanza.
El edil ha destacado, además, la tarifa específica de 177,61 euros anuales para los establecimientos que acrediten una gestión privada de sus residuos comerciales, una cantidad idéntica a la prevista para los locales sin actividad. Soler ha justificado este cobro en que los inmuebles mantienen el derecho a recibir el servicio municipal de recogida, con independencia de que hagan uso efectivo de él.
El gobierno defiende su modelo tras las sentencias del TSJ
La modificación de la ordenanza llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana cuestionara, mediante dos sentencias, la justificación técnico-económica utilizada para establecer las cuotas de la tasa aprobada a finales de 2024 y aplicada desde enero de 2025.
Los pronunciamientos judiciales señalaron deficiencias en la motivación de los criterios empleados para distribuir el coste del servicio entre los contribuyentes. El Ayuntamiento ha recurrido ambas resoluciones ante el Tribunal Supremo y mantiene su defensa de la legalidad de la ordenanza vigente.
En su comparecencia, Soler ha insistido en que el anterior sistema de categorización de calles era anterior a la llegada del actual gobierno municipal y ha defendido que la modificación aprobada en su momento se ajustaba a derecho.
El concejal ha explicado que el nuevo modelo introduce criterios diferentes para calcular las cuotas y ha rechazado que ello implique necesariamente que los anteriores fueran ilegales. A su juicio, la colaboración con Suma y la utilización de valores de referencia catastrales permiten afinar la distribución del coste entre los distintos inmuebles.
Finalmente, Soler ha vuelto a responsabilizar al Gobierno central de la obligación de repercutir el coste del servicio de residuos sobre los contribuyentes. "Este gobierno municipal no tenía pretensión de cobrar el 100% de la basura", ha afirmado, antes de recordar que la normativa estatal obliga a establecer una tasa que cubra el coste del servicio.
"Ya que tenemos que hacerlo, lo hemos hecho de la forma menos gravosa y que sea más justa tributariamente para todos", ha concluido el concejal, que ha defendido la propuesta para 2027 como una mejora del sistema de reparto de la carga fiscal.
