ELCHE. La Junta de Gobierno ha aprobado este jueves el convenio de colaboración con la Generalitat tras la luz verde autonómica para cambiar la consignación presupuestaria y destinar 2,5 millones de euros para poder construir el nuevo edificio de 45 viviendas en el barrio de San Antón. El inmueble que se destinará, en parte, a vecinos desalojados del bloque 8, el cual se tendrá que derribar en una licitación presumiblemente aparte. No obstante, el alcalde Pablo Ruz vuelve a reprochar al Gobierno central que no haya modificado también sus cuentas para sufragar su parte tras agotar la partida del Plan de Vivienda.

El acuerdo permite activar la financiación, paso previo a la licitación de las obras de las que se encargará el medio estará a cargo de Pimesa. Si todo avanza según lo previsto, las obras podrían comenzar en los próximos meses, con un plazo de ejecución máximo de dos años. El nuevo edificio se construirá en la parcela número 5 del Plan de Reforma Interior Modificativo (PRIM) de San Antón con las 45 viviendas, un local comercial y dos plantas de sótano con 44 plazas de garaje.

Una inversión prevista de 5,8 millones de euros repartido entre la Generalitat Valenciana (42,97%), el Ayuntamiento (23,59%) y los propietarios (33,43%). El imueble en sí costará 5,3 millones de euros; la reurbanización y demolición del bloque 8 con 405.000 euros y la gestión técnica con 67.500 euros. En cuanto al derribo, es probable que se resuelva, según ha explicado el edil de Urbanismo, Francisco Soler, con una licitación aparte.

Ruz exige la inclusión del Estado

Ahora bien, dentro de este convenio, hasta hora en San Antón se ha venido financiando a tres bandas en lo que respecta a las administraciones, incluyendo al Estado. La pata que falta todavía por entrar. Como ha venido contando este diario, para este 2025 no había financiación para San Antón porque con esa competencia transferida a las comunidades que ya se hizo, la administración valenciana había destinado estos fondos de vivienda para otras iniciativas, sobre todo vinculadas con el alquiler, por lo que no quedaban para San Antón. Por eso no había línea presupuestaria en 2025 y se modificaron las cuentas para incluir primero medio millón inicial ante la urgencia de la situación, y hace unas semanas, como avanzó este diario, ya ha consignado las plurianualidades hasta 2028 con esos 2,5 millones de euros.

Ruz critica "las buenas caras" del Gobierno, en referencia a la visita al director general de Vivienda, Francisco Javier Martín. El regidor insiste en que "el único que ha cumplido es el Consell", y a pesar de que se ha agotado la partida del plan de vivienda 2022-2025, reprocha al Gobierno que podría haber modificado el presupuesto como ha hecho la Generalitat para consignar su parte para la construcción del edificio ante la situación de emergencia. "Algunos no hacen más que denunciar las carencias de la Generalitat (en referencia al PSOE), pero ¿dónde está el Estado?", inquiere el alcalde.

De hecho, avanza el regidor, van a enviar una misiva al director general preguntando si el Ministerio contempla alguna actuación para el barrio, "incorporándose de manera urgente", añadiendo que urge saber "si los vecino de este barrio van a contar con el apoyo del Ministerio". En la misma indican que les sorprende que tras la visita de abril aún no hayan movido ficha.

En cuanto a próximas fases para el próximo Plan de Vivienda que se apruebe, el alcalde confirma que aún no hay redacción de las propuestas siguientes de nuevos edificios porque está pendiente la elaboración del encaje urbanístico con las nuevas parcelas resultantes.

Por su parte, la teniente de alcalde de Vox, Aurora Rodil, asegura que están "huérfanos" y calificó de "hipócrita" la visita del alto cargo de Vivienda porque aún no se ha incluido su parte, aunque manifestó la voluntad de seguir colaborando con la renovación del barrio. "No están presentes en ningún proyecto de la ciudad", critica.

Se estudiará la posible recogida de enseres antes de la demolición

Por último, y sobre la situación del bloque 8, el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, explica que el convenio permitirá culminar los trámites relativos a los propietarios y avanzar en la demolición del bloque 8. También asegura que se tendrá en cuenta la petición vecinal de intentar recuperar enseres personales durante el proceso, siempre que exista viabilidad técnica.

A lo que el alcalde añade que la policía está yendo para evitar los hurtos que denuncian los vecinos, aún con sus particulares patrullas para evitar que amigos de lo ajeno intenten sustraer pertenencias personales. Y recuerda que después del desalojo los bomberos también entraron para intentar recuperar algunas de estas, y que se han sellado, que no tapiado algunas viviendas, a petición vecinal. No obstante, destaca que "lo importante de hoy es que ya tenemos todo listo con la financiación para el nuevo edificio". Serán entre 4 y 5 meses de licitación para contratar al constructor.