ELCHE. El fenómeno del cambio de uso de los locales comerciales para destinarlos a vivienda ha ido en aumento en los últimos años, y vive actualmente su momento de auge. De las 56 licencias que se otorgaron en 2022,  en 2025 esa cifra ha pasado a más de 200, y teniendo en cuenta que una licencia puede implicar la creación de varias viviendas, como es el caso ya semana a semana en las Juntas de Gobierno. Pero no es la única tendencia. Aunque en menor medida, pero también destacable, otro fenómeno está siendo el de la conversión de estos locales a trasteros. Una situación que ha llegado al pleno de este mes, con los socialistas pidiendo regulación, blindaje de ejes comerciales y asegurar condiciones de salubridad en las viviendas. Lo que está estudiando el Ejecutivo local, según señalaba en la sesión, es una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para ordenar estos usos.

Así, desde Urbanismo, que confirmó hace unos meses que estaba trabajando en ese blindaje, acusa a los socialistas de "subirse al carro" y hacerlo tarde, acusándoles de no haber hecho nada en ocho años. Ahora, señala, los tiempos del urbanismo son lentos y con trámites complejos, pero están en la fase de redacción de un Documento de Inicio para la modificación del Plan General, que es la mejor fórmula que consideran los técnicos para dar ese encaje a usos tanto de comercio como de vivienda. Hace un año se planteaba una ordenanza. En todo caso, el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, esgrimía que "el cambio de uso no es un problema sino alivio un alivio a esa problemática de vivienda" y de la cual culpa al Gobierno central. 

Condiciones "de dignidad" y blindar ejes comerciales

Sobre la cuestión, el PSOE pide la revisión de la normativa de cambio, desplazando los usos de vivienda a calles secundarias de la ciudad para dejar las principales al comercio. "Estamos a favor de estos usos, pero no podemos permitir que Elche se convierta en un gran dormitorio", señalaba el portavoz Héctor Díez, quien ve en estas alternativas "una buena opción de transición a una nueva vivienda, para gente mayor con necesidad de accesibilidad o para pocos integrantes de familia". Pero cree que en algunos casos hay problemas de salubridad y confort al no cumplirse unos mínimos de ventilación o iluminación. De ahí la solicitud de revisión. "¿Se imaginan que toda la Avenida de Novelda, de la Libertad, Diagonal o Blasco Ibáñez tengan los bajos con vivienda y sin comercio? Necesitamos una ciudad viva y revisar estos usos". 

En la misma sintonía se presentaban desde Compromís, que ponían el acento en que algunas de estas viviendas se destinan al alquiler turístico. "Hace año ya lo planteamos una ordenanza de alojamientos turísticos para toas las partes implicadas pero ustedes se negaron. Aquí están en contra de ordenarlo y de regular las zonas tensionadas o aprobar ayudas ordinarias al alquiler. Además han bajado las ayudas al comercio local". La portavoz Esther Díez también ve que son cuestiones que "no dan respuesta a las necesidades de una familia por ejemplo de cuatro miembros". En cualquier caso, añadió otro factor a la ecuación, y es la de los trasteros que se están impulsando en grandes locales. Y también en ejes importantes. Lo que ve que también debería dejarse para vías secundarias. "Deben quedar fuera de ejes comerciales".

"Ataque a la propiedad privada"

Soler por su parte, aunque no avanzó nada más aparte de ese trabajo que ya estaría en marcha, sí resaltó que todas las licencias que se otorgan "cumplen con la normativa aplicable y estándares accesibles, es una irresponsabilidad hacer declaraciones referentes a viviendas ilegales sin datos que lo avalen. Si tienen constancia de esto, denúncienlo en Urbanismo. Estos nuevos usos dan también vida a calles y zonas que pueden estar vacías o locales sin uso desde hace muchos años". También desde Vox el edil Samuel Ruiz justificaba el voto en contra, junto al PP, de la moción socialista, planteando que la cuestión de fondo para la izquierda es que "están en contra de la propiedad privada", y ve estos usos como alternativas buscadas por los mismos propietarios ante la falta de soluciones del Gobierno central. "Los jóvenes son expulsados de sus ciudades y los propietarios perseguidos, ustedes ahora plantean más burocracia".

Desde el bipartito defendían que estos pisos tienen precios más asequibles, pero son muchas las casuísticas de estos locales. Muchos siguen con precios elevados que suponen una barrera de acceso para la misma gente que no puede adquirir una vivienda en un inmueble, como se puede comprobar en los precios de portales inmobiliarios, y también parte de esos locales con cambio de uso no son de propietarios, sino de compañías inmobiliarias que los tenían sin utilizar desde hace tiempo. En cualquier caso, es un debate que está sobre la mesa. Y con una regulación en trámite, según el bipartito.

Limpieza en los barrios

Otra de las polémicas interesantes por cuestiones que se han planteado de un modo u otro, también en redes y quejas de vecinos, es el de la falta de limpieza en los barrios. Compromís pedía en otra moción rechazada el conocer más información y transparencia a través de diferentes medidas e indicadores. Defendía Díez que "a costa de flores y farolas solo se limpia en el centro. Hay quejas en y suciedad en la Avenida de la Libertad, en zonas infantiles de Altabix, en ladera del Vinalopó, en Carrús Oeste también nos trasladan estos problemas, muerte de arbolado por orines de perros...". Y por eso pedían transparencia en datos de la gestión del servicio. "Se ha pedido al registro y se ha respondido con evasivas". 

Díez, que señala que se ha reunido con el comité de empresa, apuntaba a que parecía que había miedo a dar los datos, y preguntaba por qué no se implantaban medidores a través del vaciado de papeleras". Respondía el concejal Claudio Guilabert criticando que se señales a "los trabajadores, porque es donde van estas críticas, no se ataca a un concejal ni a una UTE, sino a la plantilla". Y aseguró que se han mejorado todos los indicadores de recogida de contenedores, y que ahora hay más en comparación con 2022, último año de gestión de PSOE y Compromís. "Tienen la directriz de limpiar todas las calles, hemos pasado de 503 a 515 trabajadores", y aseguraba que se han aumentado las toneladas de recogida en los contenedores de papel y cartón y de plástico. Pero también de la recogida de enseres, colchones y "ahora se limpian los huertos". 

Por último, los socialistas apuntaban a que con la experiencia de una contrata que ellos impulsaron, "hay pocas máquinas y los trabajadores tienen que asumir cada vez zonas más grandes de barrido". A lo que agregaba el problema con la expansión de plagas de palomas. El portavoz Héctor Díez cargaba contra Guilabert y advertía que es una decisión política y que no pueden escudarse en la plantilla. A lo que planteaba un modus operandi del PP y Vox a la hora de defenderse de estas críticas: "Toda crítica la reorientan siempre a los profesionales, si hablamos de seguridad, es que nos metemos con la policía, si lo hacemos con las colas de los centros de salud, con los médicos, ahora con los trabajadores de la limpieza, y si se cuestiona el presupuesto es que criticamos a los técnicos. ¿Entonces cuando ustedes criticaban, lo hacían también contra la plantilla?".

Una polémica más que en forma de moción se rechazó por el bipartito, pero que sigue generando quejas en redes sociales y de vecinos en barrios fuera del centro.