ELCHE. En la pasada legislatura, en uno de los proyectos de la conselleria de Vivienda por el excedente que tenía, dio a elegir al Ayuntamiento para financiar uno de dos proyectos planteados: reformar el Parque Andalucía o actuaciones de restauración en los muros de tapial del Palacio de Altamira. El anterior Ejecutivo optó por el parque, y quedó pendiente la actuación patrimonial. Con el actual equipo de gobierno, en octubre de 2023, se retomó y se adjudicó un contrato menor de servicio de asistencia técnica para redacción de estudio previo y documentos así como para colaborar en la redacción el proyecto básico y de ejecución de las obras de consolidación y restauración de los muros de tapia del Palacio y recinto del Mahe. Encargado a un arquitecto por 10.036,95 euros. Sin embargo, este mes de enero, se ha resuelto finalmente el contrato al considerar que el adjudicatario no ha cumplido con su parte.

Necesidades de intervención

Un proyecto iniciado a colación del estado de deterioro de las murallas del Palacio, como se ve a simple vista. Se buscaba la consolidación de los muros de tapial y mampostería, afectados por diversas patologías; así como la necesidad de un estudio de las patologías existentes
con técnicas de inspección más precisas que la mera inspección visual, a efectos de determinar las actuaciones a realizar, su urgencia y el orden de prioridad de las mismas. Hay problemas en los paramentos de tapia de hormigón de cal, en los muros de tapia de tierra calicostrada, mampostería... Tanto del lienzo a la vista en el Mahe como de la torre del Homenaje o la Casa del Gobernador. Sin embargo, se atrasará la actuación porque este primer paso para analizar la situación ha estado más de un año en un procedimiento administrativo para la resolución del contrato menor.

Más de un año de procedimiento para la resolución

Se establecieron dos fases para la ejecución de los trabajos: la primera de ellas, de redacción de estudios previos por parte del adjudicatario del contrato,en dos meses, y la segunda, de asesoramiento técnico a los técnicos municipales en la redacción del proyecto de la primera fase de las obras de intervención en la consolidación y restauración de las estructuras murarias históricas del Palacio de Altamira y recinto del museo, hasta el cumplimiento del plazo máximo de un año. La adjudicación se le notificó en noviembre de 2023. Aunque el plazo era para dos meses, pidió ampliar y se le concedió hasta el 14 marzo de 2024 para presentar la documentación de la primera parte, manteniendo los plazos de la segunda. Ese día presentó la documentación pendiente, pero un mes después, la arquitecta al cargo del contrato indicó que no cumplía lo establecido en el pliego.

Según consta en el expediente, la documentación no era lo que se pedía, "debería haber sido un estudio riguroso basado en técnicas precisas y especializadas; y es en todo caso incompleta en cuanto al contenido especificado para esta primera fase en el pliego de contratación". También que el tiempo de plazo se había estimado en un año, pero la primera prórroga solicitada por el adjudicatario ya supuso duplicar el tiempo destinado a la primera fase de los trabajos a realizar, "y la reducción a ocho meses el tiempo disponible para redactar de oficio el proyecto". Un trámite que siguió estirándose: en agosto se inicia procedimiento para declarar la resolución del referido contrato de servicio por incumplimiento parcial de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato. El arquitecto alegó, pero en septiembre se aprobó la resolución por la arquitecta. Sin embargo, al haber oposición del contratista, en noviembre se pide dictamen al Consell Jurídic Consultiu (CJC), con la consiguiente suspensión del plazo para ver su resoolución. Finalmente el pasado 27 de diciembre emite dictamen favorable a la resolución del contrato y el Consistorio lo aprueba a finales de enero.

Alegaciones rechazadas

Entre otros motivos, el arquitecto alegaba que no había podido acceder a toda la documentación que se le requería cuando pidió ampliar el plazo, que no había habido colaboración con los técnicos —aspecto de la segunda fase—, y que no creía necesario llevar a cabo ningún ensayo, como pedía el pliego, porque era suficiente la inspección visual y táctil, entre otros. Se rechazó porque la documentación entregada no era lo que se pedía, y en todo caso se calificaba como incompleta, lo que corrobora el CJC. También que no podía considerarse la documentación "un estudio riguroso basado en técnicas precisas y especializadas en cuanto al contenido especificado", ya que no se tomaron muestras ni ensayos. No se atendieron algunos de los aspectos solicitados, como resolver desprendimientos en el aseo de minusválidos o los desprendimientos en los paramentos de muralla en el interior del hueco del ascensor del ala oeste. Ahora el Ayuntamiento tiene que decidir qué medida asumir para con este Bien de Interés Cultural (BIC), si volver a intentar con un contrato menor o recurrir a otro método contractual.