ALICANTE. El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) vuelve a terciar en el enredo urbanístico generado en torno al monumento de Torre Placia -uno de los elementos defensivos que conforman el Bien de Interés Cultural (BIC) de las Torres de la Huerta- a través de un auto en el que apremia al Ministerio de Cultura a decidir sobre la autorización para su traslado cursada por el Ayuntamiento de Alicante. El requerimiento es, además, contundente a la hora de señalar lo que considera falta de coherencia en la actuación del ministerio que coordina Miguel Iceta en la medida en que trató de derivar la competencia sobre ese permiso a la Generalitat Valenciana cuando el reconocimiento del monumento como BIC "bajo protección del Estado" fue acordado por decreto en 1949 por la Administración central.

Pero no solo eso. El auto, dictado por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, califica además de "contradictorio y arbitrario" el correo electrónico remitido al Ayuntamiento por el jefe de negociado de Régimen Jurídico de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales, Direción de Bellas Artes, Ministerio de Cultura y Deporte, el pasado 28 de junio de 2022, en el que se indicaba que la competencia sobre el desplazamiento de la torre correspondía a la Generalitat, en la medida en que tanto el Ministerio de Cultura como el Consejo de Ministros habían asumido desde el año 2015 la tramitación del expediente sobre dicho BIC sin dudar de su capacidad para resolver sobre él. 

Es más, como informó este diario, lo cierto es que el traslado de Torre Placia ya fue avalado en primer término por el Consejo de Ministros en mayo de 2017, en respuesta a la fórmula alternativa planteada por el Ayuntamiento de Alicante para ejecutar la sentencia dictada por el alto tribunal autonómico en 2004, por la que se concluía que debía derribarse 11 de las 40 viviendas de la urbanización Azalea Golf que el mismo Ayuntamiento autorizó construir en el año 2000 sin considerar el entorno de protección del monumento.

El Ayuntamiento alegó frente a la ejecución de las demoliciones al objetar el coste económico y social que conllevaría, en la medida en que generaría el desarraigo de los moradores de las viviendas previamente autorizadas, y planteó la adquisición de Torre Placia (entonces en manos de un propietario privado) con la intención de desplazarla hasta otra ubicación próxima. El TSJ aceptó esa solución alternativa como fórmula de ejecución de sentencia, y el Consejo de Ministros la refrendó, lo que permitió que la Torre Placia pasase a manos públicas tras un desembolso de 1,7 millones.

Después, se licitaron los trabajos de su traslado y se constituyó un comité de expertos para decidir cuál sería el mejor sistema para que se formalizase esa reubicación. Así, el contrato acabó recayendo en la empresa Estudio Métodos de la Restauración por 1,4 millones, que planteaba su desmontaje y reconstrucción pieza a pieza.