ALICANTE. Una nueva resolución emitida por la Sindicatura de Greuges, en respuesta a la queja presentada por representantes de la asociación de vecinos Laderas del Benacantil, insta al equipo de gobierno de Alicante, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), a adoptar medidas para evitar el exceso de ruido asociado a la concentración de locales de ocio y restauración en el Casco Antiguo. 

En concreto, el defensor del pueblo valenciano marca el camino a emprender para erradicar el conflicto que impide el descanso de los vecinos al señalar expresamente que se debe acelerar "la adopción de todas las medidas inspectoras, preventivas y sancionadoras, que sean necesarias para eliminar la contaminación acústica existente en la zona del Casco Antiguo, que está afectando a los derechos de los vecinos a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.1 de la Constitución), la protección de la salud (art. 43), a un medio ambiente adecuado (art. 45) y a una vivienda digna (art. 47)".

Pero no solo eso. En esa misma resolución, se conmina al bipartito a valorar "la posibilidad de declarar Zona Acústicamente Saturada la zona del Casco Antiguo" al estimar acreditada la existencia del conflicto "a la vista del número de establecimientos y de las mediciones de ruido realizadas" que habrían detallado los residentes del barrio al registrar su queja. Todo, al margen de incidir -en ese mismo trámite de presentación- sobre "la antigüedad de muchas licencias de establecimientos" con lo que no podrían exigirse "medidas de insonorización", según concreta la Sindicatura, en alusión a los argumentos expuestos por los vecinos al solicitar su amparo.

La resolución en la que la Sindicatura formula dichas recomendaciones para atajar el problema fue comunicada al Ayuntamiento el pasado 23 de marzo. Y en ella se incluía, además, otro requerimiento adicional que entonces tenía vigencia, pero que ahora habría quedado como mínimo parcialmente invalidado. En concreto, se conminaba al equipo de gobierno a actualizar la ordenanza municipal de protección acústica, en vigor desde 1991, a lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección Contra la Contaminación Acústica, y su desarrollo reglamentario. No obstante, se da la circunstancia de que ese trámite ya habría quedado superado, ya que el pleno de la corporación aprobó de forma inicial (todavía sujeta a alegaciones y aprobación definitiva) la modificación de esa normativa reguladora durante el desarrollo del pleno de abril, como informó este diario.