BENIDORM. El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Benidorm ha denunciado este miércoles que la empresa concesionaria de la gestión integral de las playas llevan tres años esperando a que se le responda a la solicitud de una prórroga extra por las consecuencias de la pandemia en el contrato. En concreto, la concesionaria solicita 39 meses adicionales por la suspensión de la actividad por el estado de alarma en el que los ciudadanos no pudieron acceder a los arenales. Por su parte, desde el gobierno local aseguran que está todo en manos de los técnicos municipales.

Los socialistas recuerdan que el Consistorio firmó la concesión en 2017 para un plazo de cinco años, prorrogables por otros cinco más tras un acuerdo que se tiene que tomar año a año. RA Benidorm SL reclamó que se le ampliara el plazo por la suspensión del contrato y en "caso contrario el Ayuntamiento podría tener que hacer frente a una indemnización millonaria", dicen desde el PSOE local.

La concejal socialista encargada de fiscalizar el área de Playas, Laura Rubio, ha recordado que la mercantil lleva tres años insistiendo, en sus escritos dirigidos al consistorio, en su intención de acogerse al RDL 8/2020 para prorrogar el plazo concesional en un 15%, una compensación que lleva reclamando desde 2021 y que “sigue sin recibir contestación alguna por parte del gobierno local”. La edil ha mostrado su extrañeza por este “silencio” por parte del Gobierno de Toni Pérez. Asimismo, ha lamentado que el ejecutivo local tampoco responde a las preguntas que vienen formulando los socialistas sobre este tema desde el pasado mes de enero en comisiones informativas, “ni hace caso a los diferentes informes del departamento de Intervención municipal que hacen referencia a la necesidad de realizar una aclaración del estado del contrato de concesión originario de conformidad con la LCSP”.

Rubio también ha criticado que la edil de Playas, Mónica Gómez, "continúe sin dar explicaciones por el retraso de unos informes, que supuestamente se están elaborando desde diciembre de 2022, que determinarían cómo compensar a la concesionaria", y ha preguntado por las posibles consecuencias que va a tener para el Ayuntamiento este silencio administrativo. “No sabemos el motivo real por el que no se pronuncian, pero nos tememos que al final vamos a tener que indemnizar a la empresa y las arcas municipales se verán nuevamente afectadas por la dejación de funciones el gobierno de Toni Pérez”, ha remarcado.