ALICANTE. La sentencia dictada por la Audiencia sobre la redacción del planeamiento urbanístico de Alicante, investigado en el marco del caso Brugal, continúa generando consecuencias. La última de ellas es el movimiento protagonizado por el promotor ilicitano Ramón Salvador, que acaba de registrar un escrito por el que solicita la devolución de la fianza depositada tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, en febrero de 2020.
En virtud de ese acuerdo, Salvador asumía que había pagado 116.000 euros a los titulares del despacho Salvetti Abogados a cambio de que se tramitase una alegación para que en el nuevo PGOU se mantuviesen como urbanizables unos terrenos de su propiedad en el Pla de Xirau, en el límite entre los términos municipales de Alicante y San Vicente del Raspeig. De este modo, aceptó una condena de tres meses de prisión como responsable de un delito de corrupción de autoridades o funcionarios públicos que debían quedar en suspenso durante un plazo de dos años, tras el pago de una multa de 14.500 euros más intereses legales.
Ahora, la petición sobre el reintegro de la fianza se produce un mes y medio después de que el tribunal acordase la absolución de siete de los nueve procesados, entre los que figuraba el propio Salvador. En realidad, la sentencia descartaba la existencia de una supuesta trama concertada para primar los intereses del también promotor Enrique Ortiz en la redacción del que debía convertirse en el nuevo PGOU de Alicante.
Así, el tribunal solo resolvía condenar al propio Ortiz y al exalcalde Luis Díaz Alperi (PP) como autores de sendos delitos de cohecho impropio que, para las magistradas, no estarían relacionados directamente con la tramitación del PGOU: el regalo de una chaqueta a la también exalcaldesa Sonia Castedo, en el caso de Ortiz; y el disfrute de un viaje a Creta en jet privado, en el caso de Díaz Alperi. Con todo, la sentencia no es firme. Primero, porque la Fiscalía Anticorrupción ha registrado un escrito por el que solicita la aclaración y complemento de la sentencia al considerar que el tribunal no se había pronunciado sobre varios aspectos señalados en su escrito de acusación. Además, se prevé que, tras la respuesta del tribunal, se confirme el registro de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por parte de la Fiscalía, como el que ya ha anunciado la defensa de Díaz Alperi.
