ALICANTE. La primera reunión de la comisión de seguimiento del pacto presupuestario alcanzado entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), y Vox concluyó, este miércoles, con un baño de realidad sobre la situación económica en la que se enfrenta el Ayuntamiento de Alicante tras la reactivación de la regla de gasto por parte del Gobierno Central. En realidad, se trataría de una situación que se extendería al conjunto de ayuntamientos y de autonomías, en la medida en que esa política de contención del gasto público -recuperada por la Unión Europea (UE) una vez superada la crisis sanitaria de la covid-19- ha bloqueado la disposición de remanentes de crédito (ahorros heredados de ejercicios precedentes) para el desarrollo de toda actuación que no sea la de amortizar deuda.

Por lo pronto, tampoco se ha habilitado la posibilidad de destinar esos fondos a las llamadas inversiones financieramente sostenibles que sí se venían amparando hasta que se produjo la irrupción de la pandemia, lo que ha abocado al equipo de gobierno a comenzar a planificar un goteo de próximas modificaciones de crédito sobre el presupuesto de 2024 para poder incorporar, al menos, las economías generadas en la licitación de determinados contratos (adjudicados por una cuantía inferior al importe previsto en la convocatoria del concurso), así como fondos disponibles por la falta de cobertura de plazas o por los importes de los dos préstamos bancarios contratados en 2022 y 2023 que no se han llegado a gastar para el fin previsto, según se puso de manifiesto en el transcurso del encuentro.

En principio, el objetivo de los populares es promover la primera de esas modificaciones de crédito este mismo mes de abril, lo que permitiría suplementar partidas con cerca de un millón a partir de las cantidades rescatadas en esos tres supuestos mencionados. A priori, se pretende poder elevar la propuesta a debate en una comisión de Hacienda prevista para el lunes 22, según se dio a conocer en la reunión. De lo contrario, se aplazaría hasta el pleno de mayo. Y a ese ajuste contable le seguirán otros que podrían promoverse en junio, y puede que también en julio, según fuentes consultadas.

Esa realidad económica es la que habría motivado que, de algún modo, se frenase la puesta en marcha de parte de las medidas reivindicadas por Vox el pasado mes de enero, cuando se alcanzó el acuerdo por el que el PP se garantizaba su respaldo para la aprobación del presupuesto de este año.