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contactos políticos sobre el presupuesto municipal de 2024

El PP de Alicante fía sus inversiones a un préstamo de 45 millones y 'borra' los colegios de Edificant

  • El edil de Hacienda, Toni Gallego, y el vicealcalde, Manuel Villar, durante su encuentro con los concejales de Compromís, Rafa Mas y Sara Llobell.

ALICANTE. Los costes de personal, el alza de precios de los consumos energéticos y la prestación de los servicios públicos municipales que se acaba de renovar con contratas actualizadas (limpieza viaria y recogida de basura y transporte público en autobús, fundamentalmente) llevan al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), a recurrir a la contratación de un nuevo préstamo bancario para poder financiar inversiones. Sobre todo, después de haber apostado por mantener su política de fiscalidad blanda para no promover el aumento de tributos de recaudación municipal (IBI, IAE, IVTM e ICIO) o la actualización de tasas como el recibo de la basura, por ejemplo, como sí están haciendo otros ayuntamientos de la provincia. 

Ese nuevo préstamo será el tercero a concertar desde el pasado mandato, puesto que en junio de 2022 ya se concertó un primer crédito de 19,8 con Sabadell y Unicaja para financiar la ejecución de distintas actuaciones de renovación urbana (la reforma de la Plaza de San Blas, la peatonalización de la Avenida de la Constitución o la reforma de El Palmeral, entre otras), al que se sumó otro, suscrito el pasado septiembre con Eurocaja Rural, por otros 9,7 millones para cubrir de forma anticipada los proyectos de reurbanización cofinanciados por la Unión Europea. 

En todo caso, esta tercera operación de financiación será todavía por un importe superior, de 45 millones, según confirmaron fuentes del equipo de gobierno consultadas por Alicante Plaza al término de la ronda de encuentros políticos con los representantes de los grupos que ejercen funciones de oposición, que se completó este miércoles, con tres citas por separado con representantes de Compromís, Esquerra Unida Podem (EU) y PSOE (por ese orden). 

En concreto, ese nuevo préstamo debe servir para ejecutar actuaciones que requieran de plazos de ejecución prolongados, a desarrollar en varios años, con el fin de que no queden sujetos a la vigencia de un presupuesto anual. Se trata de un paquete de más de 50 proyectos que se extenderían en todos los barrios de la ciudad, según las mismas fuentes, entre las que figurarían algunas de las intervenciones ya anunciadas por el PP, como la primera fase del parque deportivo proyectado entre los PAU 4 y 5 de Playa de San Juan, el nuevo pabellón de Tómbola, o la segunda fase de la avenida de Niza, por ejemplo. 

De este modo, en el proyecto de presupuestos planteado por el PP solo se dará cabida en el capítulo de inversiones a actuaciones de corto recorrido que puedan ejecutarse en cuestión de meses y no requieran de grandes desembolsos, según las mismas fuentes. Sobre todo, porque solo los capítulos de personal y de gastos corrientes ya consumen 284 millones de los 361 a los que ascenderá el importe global del presupuesto, según precisaron fuentes de la oposición.

En cuanto a los ingresos, se prevé disponer de 102 millones en transferencias de otras administraciones, 18 en cesión de impuestos estatales, 128 en concepto de recaudación de impuestos municipales y 45 por tasas. De ahí que se haya optado por buscar una vía de financiación externa para cubrir el coste de proyectos que el PP considera necesarios para transformar y modernizar la ciudad, al considerar que se dispone de un amplio margen para el endeudamiento, después de que, en 2019, se acordase la cancelación anticipada de todos los créditos contratados con anterioridad. De hecho, ese fue uno de los argumentos esgrimidos por el edil de Hacienda, Toni Gallego, en los encuentros mantenidos con los grupos de la oposición, este miércoles, al apuntar que el nivel de deuda de Alicante se sitúa en el 10% mientras que la mayoría de ayuntamientos se encuentran entre el 40 y el 50%.

Sin colegios nuevos

En todo caso, entre los nuevos proyectos a desplegar con cargo al presupuesto ordinario no figurará financiación expresa para la construcción de los nuevos centros pendientes para el CEIP La Cañada y para el CEE El Somni, que sí quedaron incorporados en la propuesta presupuestaria de 2023 (que no llegó a debatirse en pleno por falta de apoyos para que pudiese quedar aprobada). Se trata de dos actuaciones que debían quedar financiadas con cargo al Plan Edificant (de tramitación municipal, pero con fondos transferidos por la Generalitat) a la espera de que los nuevos responsables de la Conselleria de Educación puedan confirmar su desarrollo en ese mismo programa. Por el momento, además, los proyectos constructivos de ambos centros están en fase de revisión para actualizar sus importes, como consecuencia del incremento de precios de los materiales registrado desde que se produjo su redacción. 

Sí se contemplan, no obstante, el resto de actuaciones previstas en los centros del CEIP Juan Bautista Llorca, en el CEIP La Florida y en el CEE Santo Ángel de la Guarda -ahora en fase de contratación de obra-, que también se incluyeron en el Plan Edificant, así como la reforma de las instalaciones del antiguo colegio Antonio Ramos Carratalá como nueva sede provisional de la escuela infantil municipal Siete Enanitos, además de la partida necesaria para el inicio de la construcción de su nuevo centro.

Sin apoyos garantizados

En todo caso, la propuesta presupuestaria promovida por el equipo de gobierno sigue sin contar con respaldos garantizados entre los grupos políticos que ejercen funciones de oposición. Las reuniones mantenidas este miércoles con concejales de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem concluyeron con el mismo resultado que el encuentro celebrado el martes con Vox, a pesar de que este último partido sí vio con buenos ojos el hecho de que no se incluyesen partidas específicas para las áreas de igualdad, cooperación internacional y políticas LGTBI (en realidad, porque han quedado agrupadas bajo el paraguas de una misma concejalía, la de Bienestar Social, según matizaron fuentes del equipo de gobierno).

En cualquier caso, si los representantes del partido que preside Santiago Abascal dejaron su posición de voto en el aire, a la espera de conocer las cifras definitivas, el posible reflejo de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y el balance de admisión de sus enmiendas, los tres grupos políticos que conforman el eje progresista fueron incluso un paso más allá y no escatimaron en críticas respecto a las previsiones que se les había trasladado.

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