ALICANTE. Salvo cambio improbable, el transporte público en autobús pasará a engrosar la larga lista de servicios pagados por el Ayuntamiento de Alicante sin el respaldo legal de un contrato en vigor, en la que ya han figurado la contrata de limpieza de colegios, el mantenimiento del cementerio, el montaje de infraestructuras para fiestas y actos culturales y, ahora, el mantenimiento de zonas verdes. El equipo de Gobierno, del PP, admitió este lunes por primera vez -tras las explicaciones facilitadas por los técnicos en la comisión de vigilancia de la contratación- que la concesión actual en manos de Masatusa (grupo Vectalia) se extinguirá el próximo mes de junio de 2019 sin que se haya resuelto el futuro de la prestación, bien a través de la convocatoria de un nuevo concurso, o bien de su asunción directa por parte del Ayuntamiento, una vez superadas las limitaciones que imponía el llamado Plan de Ajuste (ya cancelado).

En función de los plazos que se dieron a conocer en el transcurso de la comisión, a pregunta de los representantes de Ciudadanos (Cs), se prevé contar con el proyecto de prestación (un estudio sobre las características y necesidades del sistema, actualizado a las condiciones de la ciudad) en marzo de 2019. En estos momentos, su redacción se ha preadjudicado a una UTE formada por cinco consultoras que deben entregar su trabajo en un plazo de cuatro meses. En el transcurso de la comisión, no quedó claro si en ese estudio previo se debía valorar ya las posibilidades existentes para decidir sobre el modelo de prestación: público, semi-público o externalizado, tras una nueva licitación. Sólo el edil de Hacienda, Carlos Castillo, se apresuró a señalar que se estaba evaluando todo en paralelo, aunque, según fuentes de la oposición, no fue ese el contenido de las explicaciones de los técnicos. 

En cualquier caso, sí se precisó, que una vez resuelta esa cuestión, en el probable supuesto de se optase por volver a dejarlo en manos de una empresa, se tendría que redactar el pliego de condiciones, lo que podría retrasar su adjudicación incluso hasta el año 2020. En ese escenario, el ayuntamiento quedaría expuesto a mantener la prestación del servicio mediante la aprobación de reconocimientos extrajudiciales de crédito (la operativa administrativa que se activa para pagos no contemplados en presupuesto) y ya sin las garantías de cobertura legal que procura un contrato en vigor.