ORIHUELA. El tribunal del juicio del Caso Brugal decidió ayer, incluir la declaración de uno de sus testigos, a través del artículo 730 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, después de que el testigo no pudiera concluir el juicio oral. Esta persona posee una información relevante para todas las partes. Se trata del catedrático de la Universidad Politécnica de València (UPV) que realizó varios informes a petición del Ayuntamiento de Orihuela; entre ellos, la baremación de las contratas (que daba por ganadora a Urbaser en 2006) y los pliegos del siguiente concurso del servicio de gestión de basuras para la ciudad oriolana. Así, después de que el Ministerio Fiscal solicitara con antelación la aplicación de este artículo, y con el visto bueno de la Defensa, se dio lectura de la declaración anterior de este testigo para incluirla en el presente sumario. La declaración data de julio de 2013 en los juzgados de Orihuela.

Según la lectura de este testimonio, el declarante conocía al exalcalde José Manuel Medina, por el encargo de la primera baremación y, años antes le había encargado un informe para la protección del Palmeral de Orihuela. Conocía también a Mónica Lorente por ser alcaldesa de Orihuela y por firmar los dos contratos con la UPV y a Manuel Abadía por ser interlocutor durante la redacción de los pliegos Asimismo manifestó haber dirigido, durante algún tiempo la tesis del exconcejal David Costa y también fue profesor de Sánchez Larrosa. 

El catedrático económico por la UPV no había valorado plicas nunca antes de las de Orihuela en 2005. Sí lo había hecho, no obstante, según u declaración,el equipo del que se rodeó en la universidad. Supone que le eligieron a él para esa labor porque habían quedado contentos con el anterior informe sobre el Palmeral y "querían a alguien de más lejos de Alicante". 

El primer informe encargado y presentado fue el de baremación de las plicas presentadas al concurso de las basuras de 2005. Un documento de seis folios con anexos. En él presentó, además, propuesta de baremo y otra de cuantificación de contenidos. Durante todo el proceso había una cláusula de confidencialidad que le impedía a su equipo de trabajo tener contacto con el Ayuntamiento salvo con sus interlocutores. Toda la información remitida se tenía que hacer a través de registro y el equipo trabajaba, a juicio del testigo, de forma individual, no sabían qué puntuación aportaban los compañeros a cada trabajo. La confidencialidad, ahondó, debía ser mutua, así que lo que el declarante hablara con el secretario, no podía revelarse a nadie. Antonio Garbí era su interlocutor en el Ayuntamiento y a él le facilitó el índice de las plicas. Una vez aprobadas, pudo acceder a todas ellas e hizo la cuantificación. El secretario le facilitó la información necesaria que el testigo solicitó. 

El testigo asegura que estuvo hospitalizado y que por eso se retrasó su trabajo. Su hospitalización fue de octubre a principios de noviembre de 2006. El convenio de asesoramiento se firmó y concluyó en febrero de 2007. El testigo aseguró que no sabía por qué la adenda no se presentó hasta mayo de 2007, pero que no "cree que ni siquiera pasase por registro".