ALICANTE. La disponibilidad de fondos no debería ser un problema para que las obras de la nueva estación de tranvía en Renfe puedan iniciarse a lo largo del próximo año. El presupuesto de la sociedad pública Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) para 2024, ahora en fase de tramitación, mantendrá la provisión de 35 millones que ya se contemplaron en las cuentas de 2023 bajo el mandato del Consell del Botànic como parte de las transferencias previstas en el convenio específico para la ejecución de infraestructuras concertado con el Gobierno central.
Cuando menos, así lo aseguró este viernes la consellera de Agua, Medio Ambiente e Infraestructuras, Salomé Pradas, a consulta de Alicante Plaza, tras el desarrollo del acto institucional de toma de posesión de Luis Rodríguez como nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante. Esa suma garantizará que pueda completarse el proceso de contratación puesto en marcha el pasado mes de abril, con la concurrencia de hasta diez constructoras o alianzas empresariales interesadas en asumir su ejecución, en un concurso que partía con un presupuesto de licitación de 132 millones (impuestos incluidos).
Eso sí, según confirmó Pradas, el acuerdo de adjudicación de ese contrato de ejecución sigue quedando demorado al cierre del convenio sobre la cesión de los terrenos en los que está prevista la construcción de la nueva parada soterrada -el espacio que ahora ocupa el aparcamiento de vehículos anexo a la estación de Renfe- con el fin de no poner a la Generalitat en riesgo de enfrentarse a una obra adjudicada no ejecutable por no disponer de espacio en el que desarrollarla.
En principio, la puesta a disposición de la Generalitat de ese suelo debería producirse entre los meses de febrero y marzo, en función de las estimaciones dadas a conocer este jueves, al término de la segunda reunión de trabajo entre representantes de Adif, de la Generalitat y del Ayuntamiento de Alicante en la que se concertó un principio de acuerdo para desbloquear esa entrega de forma gratuita (sin compensaciones económicas en metálico o en derechos de edificabilidad) y con vocación de permanencia (no limitada a un plazo de 75 años, como Adif había planteado inicialmente), después de que el Ayuntamiento de Alicante plantease una propuesta de reordenación de las infraestructuras adscritas a Adif que se verían afectadas durante la ejecución de las obras.
