ALICANTE. Semáforo en verde para la fiscalización del contrato de limpieza viaria y recogida de la basura, pero señal de 'stop' en la comisión sobre el servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales. Por partes. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito en situación de minoría compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), acaba de desbloquear este lunes la comisión sobre el cumplimiento de la contrata de limpieza viaria y recogida de la basura, en manos de la alianza empresarial compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica (bajo la denominación de UTE Alicante) desde el año 2013. 

PP y Cs han convocado su primera sesión para el próximo lunes 24 de febrero, más de cinco meses después de que su constitución se aprobase en pleno, en respuesta a una iniciativa presentada por el grupo municipal de Compromís (que acabó contando con el respaldo unánime de la corporación). Eso sí, el orden del día de la sesión queda prácticamente vacío de contenido. Se incluyen tres únicos puntos: constitución, plan de trabajo de la comisión y ruegos y preguntas. 

De ahí que Compromís ya haya anticipado este lunes que presentará una propuesta de trabajo acompañada de petición de documentación y de una primera formulación de preguntas antes de que se celebre esa primera reunión con el propósito de que la sesión pueda comenzar a desarrollar su labor de análisis sin más demoras.     

"Solicitamos que esta convocatoria, que llega después de haberlo solicitado desde hace meses, y que fue aprobada en el pleno de septiembre a propuesta de Compromís per Alacant, tenga contenido y no se limite a su constitución", ha señalado este mismo lunes el portavoz municipal de la coalición, Natxo Bellido. "Después de la burla que ha significado el retraso de estos meses en convocarla, debe servir para alguna cosa más que para vernos las caras", ha añadido Bellido. 

En esta línea, Bellido ha confiado en que "en la reunión se nos informe de los problemas de controversia económica y judicial con la UTE", en referencia a la retención del pago de la certificación correspondiente al mes de diciembre acordada por el departamento de Intervención después de que la concesionaria haya interpuesto un contencioso por las diferencias de criterio existentes sobre quién debe asumir el coste de las auditorías económicas anuales sobre la prestación del servicio, establecidas en el pliego de condiciones.