ALICANTE. Llega la hora del catálogo de protecciones de Alicante, cerrado desde hace más de un mes, pero postergado por la irrupción de la crisis sanitaria. El equipo de Gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs, aprobará la próxima semana en Junta Local la nueva versión del documento con la intención de iniciar la fase de negociación política que permita su aprobación en pleno. Para que la propuesta prospere, los dos socios políticos al frente del Ayuntamiento necesitan mayoría absoluta (15 votos de 29 posibles) por lo que requieren del apoyo de alguno de los cuatro grupos que conforman la oposición: PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox.
Hasta ahora, ninguna de esas cuatro fuerzas ha avanzado su predisposición a respaldar esa nueva versión. Por el momento, el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), ha adelantado este viernes que su intención es convocar una comisión informativa la próxima semana para exponer al conjunto de grupos las novedades introducidas en su última fase de elaboración, cuando se ha tenido que adaptar a las actualizaciones normativas dictadas por la Generalitat.
Entre esas novedades, figura la incorporación de 90 fichas respecto a la propuesta elaborada en 2017, durante el mandato del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís). En aquel momento, fueron los votos de PP y Cs, junto a los dos ediles no adscritos, quienes rechazaron su aprobación. Según Santos Pérez, en aquel momento se consideró que la propuesta no podía prosperar puesto que sometía al ayuntamiento al riesgo de tener que asumir posibles indemnizaciones por un valor millonario "que el ayuntamiento no podía ser capaz de asumir" a modo de compensación por la prohibición de ampliar alturas (plantas superiores) en edificios sometidos a distintos grados de protección.
En concreto, el sistema previsto en la propuesta de 2017 aplazaba el reconocimiento de ese posible derecho de compensación al momento en el que se solicitase cada licencia concreta. Y, además, establecía la posibilidad de que esa compensación se canalizase mediante la transferencia de aprovechamientos urbanísticos (derechos de construcción) en otro ámbito.
Ahora, como viene informando Alicante Plaza, esa restricción desaparece como criterio general y se permite la posibilidad de construir alturas adicionales hasta los límites reconocidos en el PGOU para cada zona concreta del término municipal salvo para los edificios reconocidos como Bienes de Interés Cultural (BIC). En el caso de los edificios que estén considerados como Bienes de Relevancia Local (BRL), es la ficha concreta de cada uno de ellos la que detalla de manera pormenorizada si se permite o no esa elevación de alturas. Así, la memoria económica que acompaña al documento rebaja la cifra de posibles indemnizaciones a 9 millones, según ha concretado Santos Pérez. Además, las restricciones a la construcción de alturas adicionales también podrían acordarse en otros inmuebles no considerados BRL en los que pueda perderse su singularidad arquitectónica, según ha detallado el letrado municipal que ha asesorado en la elaboración del catálogo, Pablo Núñez de Cela.
En los supuestos en los que sí se autorice la construcción de plantas superiores, "se tendrá en cuenta si el edificio en cuestión dispone de un remate especial que deba ser preservado, de modo que se establecerá la obligación de retranqueo de esas alturas adicionales para no interferir en la perspectiva de ese remate". Igualmente, el edil de Urbanismo ha confirmado que los edificios del antiguo Cine Ideal y el del Teatro Principal quedan reconocidos como BRL. Es más, ha incidido en que el caso del Ideal queda bajo esa condición de manera automática tras ser incorporado en el inventario de cines que tuvieron uso durante la Guerra Civil. Con todo, esa consideración sigue sin impedir que pueda desarrollarse cualquier proyecto de transformación, como el que promueve el grupo Baraka, para su rehabilitación y conversión en hotel.
Además, como también viene informando este diario, la nueva propuesta modifica la regulación de los entornos de protección de las denominadas Torres de la Huerta, el conjunto de baluartes declarados BIC que se distribuyen en el sector de La Condomina, para no dejar fuera de ordenación edificaciones ya asentadas en ese perímetro, "una situación que podría ejemplificarse con el caso de Torre Mauro, en el que ya existen otros edificios a su alrededor", según ha subrayado el edil de Urbanismo. En esta línea, ha confirmado que la ordenación urbanística de ese ámbito concreto de las Torres de la Huerta queda diferido a la futura elaboración de un Plan Especial en el que se fije de manera concreta los parámetros de edificabilidad del sector y en qué puntos concretos podrá construirse.
