Aunque cueste creerlo, cumplimos este mes de enero dos años de pandemia, con el cansancio de haber (casi) perdido la cuenta de la ola en la que estamos. Más lentamente de lo deseable, comienzan a llegar indicadores sobre la economía española algo más esperanzadores. Estos últimos días también se han hecho públicas estadísticas sobre deuda y déficit público por parte de la Comisión Europea y actualización de las previsiones del Fondo Monetario Internacional sobre la economía mundial. Lo que tienen en común las fuentes internacionales, incluyendo también recientes declaraciones de Philips Lane, economista jefe del Banco Central Europeo, es la preocupación por la evolución de los datos sobre deuda y déficit. ¿Cómo y cuándo se van a volver a aplicar las reglas fiscales?

El debate sobre cómo coordinar la política fiscal en la Unión Monetaria Europea (UME) es tan viejo como el propio tratado de Maastricht, del que se cumplen ahora 30 años. Los países de la zona euro cedieron una importante porción de su soberanía económica al entrar en la UME: la política monetaria (en manos del BCE) y el tipo de cambio, que pasaba a ser una moneda no emitida por el propio país. La política fiscal, sin embargo, se mantenía bajo el control de las autoridades de cada nación, pero nuevamente, con límites, debido a que los déficits públicos sólo pueden financiarse con deuda pública que, a su vez, se emite en euros. A pesar de que los mercados financieros distinguen entre unos emisores y otros de deuda (eso es lo que refleja la prima de riesgo), la crisis financiera mostró claramente los riesgos de contagio en economías grandes como Italia y España, transmitido por un país tan pequeño como Grecia.

La cuestión, desde el punto de vista económico, es garantizar que las finanzas públicas sean sostenibles. Esto significa que, teniendo en cuenta la evolución de los tipos de interés, el crecimiento del PIB y el nivel de gasto e ingresos públicos sea posible, a largo plazo, cumplir con las obligaciones contraídas. Es decir, poder hacer frente al pago de los intereses de la deuda, realizar amortizaciones y continuar endeudándose, si fuera necesario. La crisis griega de deuda (que comenzó a finales de 2009) se produjo cuando el gobierno de Yorgos Papandreu, recién ganadas las elecciones, corrigió las cifras de deuda y déficit del país, que eran mucho mayores de lo que mostraban las estadísticas oficiales. A raíz de esto, las agencias de calificación subieron su valoración de riesgo y le fue imposible colocar su deuda pública en los mercados internacionales.

Si bien el griego fue un caso extremo, la realidad es que fuertes desequilibrios en las finanzas públicas aumentan la vulnerabilidad de los países que las sufren. Son varios los motivos por los que esto ocurre. Entre ellos, por un lado, se reduce el margen de maniobra para usar la política fiscal ante una recesión; además, si aumentan los pagos por intereses y no se desea que el déficit siga creciendo, otras partidas deben reducirse, lo que suele traducirse en menor inversión pública. El primero de los problemas es de corto plazo, pero el segundo afecta a la capacidad de crecimiento futuro. En el Gráfico 1 puede verse la evolución reciente de la inversión pública en los países europeos: España no sólo tiene una ratio baja, sino que ésta ha bajado durante el período 2009-2019.