El debate del transfuguismo ha vuelto. Y en plena pandemia. Empezó con la moción de censura de Agres, en la que un edil elegido por las listas del PSOE acabó siendo alcalde con los votos del PP, y se ha acrecentado con el relevo anunciado en el Ayuntamiento de Teulada-Moraira, en el que dos ediles expulsados por el PSOE le darán este martes la Alcaldía al PP frente al inicial gobierno formado por Compromís, PSPV y Ciudadanos.
En los casos de las mociones de censura, siempre hay dos debates: el político y el legal o jurídico. Y siempre que hay ediles no adscritos de por medio, se entremezclan. A nivel político, los relevos con mociones suelen ser traumáticos, siempre esconden pugnas personales, más que políticas, y evidencian, a veces, el escaso control que tienen los partidos a la hora de validar la honestidad o integridad de los hombres y mujeres que configuran sus candidaturas electorales. El afán por tener representación en casi todos los municipios suele conllevar chascos de este tipo.
En el caso de Teulada-Moraira, hay y habrá debate político y jurídico. Digo que hay y habrá porque todo hace indicar -como pasara en Agres- que no todo quedará resuelto con la votación del martes; es posible que se derive en un recurso contencioso, bien por la votación propiamente (si el voto de los ediles no adscritos es válido o no), bien por el reparto de delegaciones que se distribuya a posteriori (con los beneficios políticos y económicos).
A nivel político, hay dos cuestiones: el transfuguismo será un debate de ida y vuelta. Por mucho que ahora Compromís y PSPV aleguen, y con razón, que dos tránsfugas socialistas den la Alcaldía al PP, los populares -y Ciudadanos- le rebatirán que la valencianista Rosa Vila es alcaldesa con dos votos tránsfugas, la de los dos concejales que se presentaron por la formación naranja, votaron a Vila y que posteriormente fueron expulsados, inaugurando la bancada de no adscritos. ¿Sería ahora capaz Compromís de sacrificar a estos dos tránsfugas para evitar el relevo en la Alcaldía? Buena pregunta. Pero lo que está claro, es que en el debate político, Compromís se va a llevar muchos reproches,
Ahora bien, hay un debate jurídico. Los dos ediles de Ciudadanos dieron su voto a la todavía alcaldesa como regidores de un grupo político y, por tanto, su voto no tenía dudas jurídicas. Fue un voto válido y legal. La duda es si legítimo. Posteriormente, comenzó el recorrido de la expulsión, y fue un proceso que se consumó dos meses después, el 12 de agosto de 2019; es decir, con un trámite administrativo de alegaciones y resolución.
El tripartito de Teulada formado por Compromís, PSPV y Cs era conocedor de que esa expulsión a los dos ex regidores se podía producir en cualquier momento y estableció un sistema de retribuciones (con salvavidas) para que los ediles cobraran por asistencia a plenos, comisiones y juntas de gobierno moderadamente bien reconocidas: 128 euros, los plenos y comisiones; 593 euros, las juntas de gobierno, en la que estaban los dos ex naranjas y los ahora firma firmantes de la moción, los dos ex socialistas.
