VALÈNCIA. Las salas de cine de la Comunitat Valenciana y otras comunidades autónomas se encuentran en un callejón sin salida con las ayudas estatales a la exhibición por una decisión tomada hace más de un año que ha sufrido un giro de guion. En el caso de la Comunitat, hay en juego 1,08 millones de euros dentro de una partida estatal de 8,5 millones destinada a apoyar a las salas cinematográficas y la creación de audiencias. Pero todo ha saltado por los aires en una maraña burocrática. En estos casos, la única manera de entenderlo es la crónológica.
Para entender el conflicto hay que retroceder a mayo de 2025. El Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura, en el que participan el Ministerio y las comunidades y ciudades autónomas, aprobó entonces los criterios de distribución territorial de estos 8,5 millones de euros destinados, entre otras actuaciones, a las ayudas para salas de cine. El ICAA transferiría el dinero a las comunidades autónomas para que fueran estas las encargadas de gestionarlos.
Las comunidades comenzaron a preparar sus respectivas convocatorias y, en el caso valenciano, el Institut Valencià de Cultura (IVC) sostiene que actuó “siguiendo las instrucciones que había fijado el propio ICAA, de acuerdo con el criterio de su Intervención”, según explica el ente autonómico.
¿A qué se refiere exactamente? A la petición de varias administraciones, que veían muy difícil hacer frente a los plazos de nueva convocatoria pidieron poder convocar las ayudas en 2025 y resolverlas y pagarlas en 2026,.
Convocar ahora, ¿pagar después?
Así pasó. La Comunitat Valenciana publicó la convocatoria correspondiente a 2025, pero el procedimiento no quedó ni resuelto ni pagado dentro de ese ejercicio, algo que permitía las reglas aprobadas —es más, a día de hoy, en septiembre, las salas aún no han recibido el dinero.
El problema es que, ya en 2026 con todas las ayudas convocadas, la Intervención Delegada en el Ministerio de Cultura (que es un órgano de la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda y no de Cultura) ha formulado reparos relacionados con el artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria.
Concretamente, da marcha atrás en la posibilidad de que se alargue la ejecución. Es decir, se debería haber convocado, resuelto y pagado antes del 31 de diciembre de 2025. Las comunidades que no lo hicieron conforme a este criterio, fijado ‘a posteriori’ han recibido ahora la solicitud de devolución de los fondos.
El IVC cree que “esta decisión supone poner en peligro las ayudas de 2026”. El Ministerio, por su parte, a preguntas de este diario, defiende que ha recurrido ese cambio de criterio, pero que la Intervención General ha dado la razón a este giro de guion, por lo que han agotado sus vías administrativas de poder revertir la situación, si bien ha sido su intención. Las comunidades autónomas “además de la Federación de Cines de España (FECE) y la Asociación de Exhibidores Independientes de España (PROMIO), fueron informados de la situación a principios del pasado mes de agosto”, explican desde el Gobierno de España.
- Afueras de un cine de Madrid. -
- Foto: Ricardo Rubio / Europa Press
La consecuencia práctica es que hasta seis comunidades autónomas afectadas no pueden disponer ahora de esos fondos de 2025 para abrir una nueva convocatoria con cargo a 2026. Entre ellas está la Comunitat Valenciana, que tenía asignados 1,08 millones de euros.
Escalado al territorio nacional, aunque ni las asociaciones de salas de cine estatales ni la autonómica (AVECINE) han hecho un pronunciamiento oficial, fuentes del sector aseguran que el dinero perdido podría superar más de un tercio de lo presupuestado en un primer momento.
Las ayudas se mantienen, ¿pero cómo?
El Ministerio de Cultura, en su respuesta oficial, recuerda que en ningún caso se ha recortado la partida estatal de ayudas a las salas de cine, y asegura que “ha mantenido esta partida de ayudas a salas de cine en 2026, por valor de 8,5 millones de euros, y la mantendrá en las próximas convocatorias”.
En todo caso, el cambio de criterio no solo puede provocar la devolución del importe de 2025, o la oleada de procesos judiciales para determinar quién le tiene que devolver el dinero a quién. El giro de guion ha pillado de sorpresa a las comunidades autónomas para este mismo año. En septiembre, por ejemplo, el IVC no ha iniciado ni siquiera la tramitación de las ayudas de 2026. Si tienen que resolverlas y pagarlas, otra vez, antes del 31 de diciembre, el calendario se hace prácticamente imposible.
En este sentido, el IVC asegura que tanto las comunidades autónomas afectadas como las asociaciones de salas de cine están trabajando conjuntamente "para recurrir la decisión del ICAA y que se revise el criterio aplicado".
Otra 'desdicha' para las salas valencianas
En clave valenciana, el episodio se suma a otros problemas acumulados en los últimos años en la llegada y ejecución de fondos públicos destinados a la exhibición. Antonio Martí, presidente de AVECINE, situó en una entrevista reciente para Culturplaza, el actual conflicto dentro de una “serie de catastróficas desdichas” que, a su juicio, está dificultando la respuesta institucional a la situación de las salas.
Y como mejor ejemplo, las ayudas estatales extraordinarias destinadas a los cines afectados por la dana, que habilitó en un primer momento 300.000 euros para estas empresas, pero que, según Martí, apenas llegó una inversión real de 62.000 euros. Por otra parte, el IVC también ha dejado de convocar sus ayudas propias a salas de cine en los últimos dos años.
Las salas de cine son el único sector cultural que está muy lejos de recuperar las cifras prepandemia, y tomando ese escenario como referencia, siguen estando un 30% por debajo de los números de taquilla de 2019.
