ALICANTE. La resolución del pufo urbanístico heredado de Torre Placia continúa generando dificultades en el Ayuntamiento de Alicante. Tanto que el traslado previsto para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) dictada en 2004 queda supeditado, de nuevo, a la reformulación del proyecto original, adjudicado desde 2019.

Así se desprende, cuando menos, de la autorización condicionada concedida por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio y Bellas Artes, en el que se precisan determinados requisitos para que pueda efectuarse el desplazamiento del monumento protegido con la condición de Bien de Interés Cultural (BIC). En concreto, en esa autorización se considera que el desplazamiento de la torre debe garantizar los principios básicos de autenticidad, mínima intervención y rigor científico. Para ello, se requiere de la elaboración de estudios previos interdisciplinares que permitan evaluar el estado real del edificio.

Pero no solo eso. También se exige el uso de materiales, productos y técnicas compatibles con la naturaleza y la conservación de sus elemento; la puesta en valor de la parcela de origen de la que se pretende desplazar, prácticamente integrada en la urbanización Azalea Golf; así como un proyecto de adecuación del nuevo emplazamiento (una parcela de zona verde situada entre las avenidas Pintor Pérez Gil y Conrado Albadalejo, y la calle Juana Francés), así como su seguimiento arqueológico.